Andalucía exige al Gobierno la emergencia migratoria ante el «colapso» de menores
Este miércoles ha habido un pleno extraordinario del Foro Andaluz para la Integración de Personas de Origen Migrante
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. | Europa Press
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha exigido al Gobierno que declare la emergencia migratoria y que vincule a la Unión Europea ante la situación que afronta Canarias y Andalucía, que «se agravará» durante el mes de agosto. Ha advertido del «colapso sin respuesta» de los recursos dedicados a la atención para menores migrantes.
Así se ha expresado Loles López, quien ha presidido este miércoles en Sevilla un pleno extraordinario del Foro Andaluz para la Integración de Personas de Origen Migrante, un órgano de participación social, con funciones asesoras y de información en materia de coordinación de políticas migratorias.
500 menores migrantes no acompañados
En el marco de este foro, la consejera ha expuesto la coyuntura generada en Andalucía, donde han sido trasladados por el Gobierno casi 500 menores migrantes no acompañados desde Canarias «bajo la apariencia de adultos» desde el pasado mes de octubre de 2023.
En este punto, López ha asegurado que en reiteradas ocasiones ha informado al Ejecutivo de lo que estaba ocurriendo con los menores, por lo que ha señalado que el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, «faltó a la verdad» al decir que no eran conocedores de estos traslados. De hecho, la titular de Inclusión Social ha remitido una nueva carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para incidir en esta «complicada» situación que «afecta tanto a los menores como a los jóvenes migrantes extutelados», recoge en una nota la Consejería.
López ha reprochado al Gobierno que siga «sin planificación, ni financiación, ni información» ante el fenómeno migratorio y ha recordado que los recursos de atención para menores migrantes se encuentran colapsados. Por ello, ha hecho hincapié de nuevo en que «no puede mirar a otro lado» porque estas personas «requieren una respuesta específica y un acompañamiento para su inclusión social».
Según la Junta, la comunidad se encarga de la atención de estos menores y jóvenes hasta los 25 años «sin recibir financiación alguna del Gobierno que, además, no reconoce siquiera estos traslados camuflados como adultos». En los próximos meses, estos menores irán cumpliendo los 18 años, provocando también el «colapso» de los recursos para los extutelados mayores de edad, ha criticado. «El Ministerio quiere que los dejemos en la puerta de la calle», ha recriminado la consejera, que ha subrayado que Andalucía es una tierra solidaria y comprometida con una migración humana y ordenada.
«No hay financiación, no hay información, no hay coordinación, no hay política migratoria y no aplican la política exterior, ni aplican el trabajo en el país de origen. No declaran la emergencia migratoria y no vinculan a la Unión Europea», ha reprochado López, quien ha apelado a una mayor sensibilidad por parte del Gobierno ante un problema de primer nivel como éste.
Además, en el marco de este foro, en su sesión ordinaria posterior, se ha abordado la Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025 y los resultados de los trabajos previos del primer Plan Estratégico para la Erradicación de Asentamientos Informales y la Inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía conformados por población migrante (Plan Easen).
A este respecto, la consejera ha llamado al Gobierno a implicarse en este plan para poder solucionar esta problemática. Así, ha contrastado «el paso hacia delante» de la Junta en esta materia con la «inacción» del Ejecutivo, al que ha reiterado la importancia de que se comprometa con el Plan Easen porque «sin él no va a ser posible» erradicar los asentamientos.
En palabras del Gobierno andaluz, este plan busca elaborar un modelo de intervención integral que permita erradicar los asentamientos, garantizando los derechos y obligaciones de las personas residentes con la implicación de todas las administraciones.
Este estudio previo cuenta con 79 propuestas en todos los ámbitos de intervención que han sido el resultado de más de ocho meses de trabajo, más de 50 instituciones convocadas y consultadas, más de mil horas de consultoría técnica y más de 125 propuestas específicas de intervención.
