Ángel de la Fuente (Fedea): «El cupo catalán afectará a la sanidad de algunas comunidades»

Ángel de la Fuente (Gijón, 1962), director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), analiza en la siguiente entrevista la viabilidad del hipotético sistema de concierto y cupo para Cataluña, pactado por ERC y socialistas, así como su impacto en las cuentas nacionales y en el resto de comunidades autónomas.

PREGUNTA.- Basándonos en la propuesta que ha hecho pública ERC, que es lo que tenemos por escrito…

RESPUESTA.- Pero el Gobierno no lo ha desmentido…

«Está claro que Cataluña busca contribuir menos con el cambio de financiación»

P.- Por eso, digamos que lo que conocemos por ERC sienta las bases de una financiación «singular» para Cataluña. ¿Esa especie de «cupo catalán» es sostenible para las cuentas españolas?

RESPUESTA.- Habrá que ver. Sostenible es casi todo. El país no se va a hundir en el mar, pero no parece que sea una buena idea. No sabemos qué ocurrirá, porque hay un cambio de modelo. El Estado dejará de ingresar los impuestos que ahora genera en Cataluña, pero recibirá un cupo por sus servicios y una cuota de solidaridad. La pérdida neta de recursos para el Estado dependerá de cómo se fijen esas nuevas aportaciones. Todo es posible en principio, pero está claro que lo que se busca con el cambio de sistema es contribuir menos. Por lo tanto, habrá menos recursos a repartir entre el resto de comunidades para la nivelación, y menos recursos también para las políticas sociales de ámbito nacional. Todo esto complicará las cosas, pero el país no va a desaparecer por esto.

«Para aplicar el sistema de cupo en Cataluña habría que reformar la Constitución»

P.- ¿Cree que esa financiación, ese cupo para Cataluña va a salir adelante finalmente? Lo digo por las modificaciones legales que conlleva introducir ese sistema específico y diferenciado para Cataluña…

R.- Sí, y no son sencillas. Yo espero que este desastre no salga adelante, pero me temo que podría hacerlo. En el acuerdo se habla de reformar la Lofca, la ley de financiación y las leyes de cesión de impuestos. Yo diría que habría que añadir la modificación de la Constitución, porque no veo muy claro que se pueda pasar al régimen foral sin la protección de la disposición adicional segunda de la Constitución, que es donde se recoge esa posibilidad. Incluso Canarias tiene una disposición específica para justificar un sistema que es peculiar, pero no tanto como este. Más aún, hay que ser conscientes de que estamos hablando de un cambio importante en la naturaleza del Estado, no de retoques técnicos del sistema de financiación.

Por tanto, yo diría que sí, que habría que modificar la Constitución y no sé si las mayorías para hacer esas modificaciones existen. En teoría la Ley Orgánica, que es la Lofca, se podría cambiar con una mayoría absoluta de 176 votos. La Constitución supongo que también, porque no esto no debe estar en la parte especialmente protegida. Pero llegar a 176 votos puede ser complicado. Está Junts, que no está claro que les acabe de gustar, porque el tanto se lo apuntaría ERC. Y luego, dentro de Sumar hay partidos como Compromís, o la Chunta a los que no les hace ninguna gracia. Por otra parte, está el propio PSOE. Supongo que habrá gente en el partido a los que esto no les hace mucha gracia. Tampoco es que sea muy probable que se rebelen muchos, pero no sé yo… alguno igual se planta.

P.- ¿Se refiere a Emiliano García-Page?

R.- Sobre lo que pase en el Congreso, no sé si tiene mucho control, pero igual hay más candidatos: ahora estamos hablando de dinero…

«Si se le concede a Cataluña, podrían pedirlo Madrid o Baleares … y si se salen las regiones ricas no habrá nada que repartir»

P.- Decía el presidente del Gobierno, en su balance esta semana, que ese acuerdo de financiación es bueno para España desde su punto de vista. En su opinión, ¿es bueno para España que Cataluña tenga ese tipo de financiación diferenciada?

R.- No, pero no porque sea Cataluña, sino porque el sistema es malo. El sistema de concierto es una cosa muy peculiar, que no existe en ningún otro país y en el que el Gobierno central, o la Federación, o como lo quieras llamar, renuncia a poner impuestos en una parte de su territorio a cambio de una transferencia. Esto seguramente no es buena idea en el mejor de los casos porque rompe una parte importante del mecanismo democrático de rendición de cuentas, pero además la transferencia se ha fijado muy a la baja, eximiendo en la práctica a los territorios forales de sus obligaciones constitucionales en materia de solidaridad interterritorial. El sistema, por tanto, no es bueno, pero visto como una anomalía con raíces históricas restringida a una pequeña parte del país, ha sido soportable. Lo que no tiene sentido es abrir la puerta a su extensión a otras regiones. Cataluña es grande y rica, y por tanto contribuye mucho a la caja común. Si sale del sistema común, tendremos un problema. Pero es que además podrían pedirlo Madrid y Baleares a no mucho tardar. Y si se van todas las regiones ricas, que son las que generan excedentes y financian la nivelación y la redistribución, no habrá nada que repartir. Por tanto, la extensión del sistema de concierto sería una seria amenaza para la cohesión territorial y social. Si esto es bueno….

P.- ¿Qué supondría en la práctica, implantar este sistema diferenciado para Cataluña, para un ciudadano de Andalucía, o de Extremadura?

R.- Pues ya lo veremos. No se puede saber a priori. Si el cupo se calculara de una forma sensata, que recogiera bien el coste de los servicios estatales y la aportación solidaria fuera suficientemente grande, quizás, en un primer momento, la diferencia no sería muy grande. Pero a medio y largo plazo, las cosas irían a peor porque cambiar las reglas cambia también la lógica del sistema: si los territorios negocian con el dinero en la mano, sus aportaciones irán menguando. Al final, por ser muy concreto, los hospitales andaluces y extremeños serán mucho peores que los catalanes.  

P.- Ellos hablan del principio de ordinalidad…

R.- Eso me parece perfectamente lógico. Lo que dice ese principio es que el sistema de financiación puede y debe reducir las disparidades de financiación entre, pero no debería cambiar su ordenación. Si llevamos esto al IRPF, el impuesto reduce las diferencias entre rentas después de impuestos, pero no cambia el orden. Si lo hiciera, nos cabrearíamos. Si tu vecino ganase un 10% menos que tú antes de pagar impuestos y un 10% más que tú después de hacerlo (con el mismo número de niños, etc), seguramente no te parecería bien. Esto es muy parecido…

P.- Desde ERC hablan también de un sistema que quedará blindado, para seguir estando vigente, gobierne quien gobierne…

R.- ¿Y eso cómo se hace?

P.- Eso le iba a preguntar: ¿cómo lo van a hacer?

R.- No se puede hacer. La única forma de blindarlo sería meterlo en la parte superprotegida de la Constitución, para cuyo cambio se necesitaría una votación con mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados, disolver las Cámaras y volver a votar. Pero primero necesitarías una mayoría cualificada para cambiar la Constitución con el fin de incluir en la parte protegida el concierto catalán, lo que sólo sería posible con la ayuda del PP. No lo veo. En cualquier caso, los cambios que se indican en el documento se podrían hacer por mayoría absoluta, sin más. Pero también se podrían deshacer por la misma vía.

«Sin modificaciones en la Constitución, un sistema de cupo para Cataluña sería ilegal»

P.- En todo caso, ¿cree que sería ilegal ese sistema si no se hacen modificaciones en la Constitución? 

R.-En mi opinión, sí, sería inconstitucional. Lo que da cobertura al sistema foral es una disposición adicional de la de la Constitución que se refiere sólo a ciertos territorios. Habría que empezar por añadir a Cataluña a esa lista.

P.- ¿De aprobarse ese sistema será el fin de la caja única?

R.-No sería el fin, pero sí un significativo empequeñecimiento por pérdida de un contribuyente muy importante.

«Sería bueno que los datos del concierto y cupo vasco se publicaran y discutieran, cosa que hasta ahora no ha sucedido»

P.- Llegados a este punto, en el que Cataluña pide lo que tienen vascos y navarros y la solidaridad interterritorial se pone en riesgo, ¿habría que pararse a repensar el sistema fiscal y replantearse también esos regímenes fiscales diferenciados en Navarra y País Vasco o Canarias?

R.- El caso de Canarias es bastante distinto, el diferencial de financiación no es tan grande como el de las forales y hay circunstancias objetivas claras que podrían justificar un trato favorable. En el País Vasco y Navarra, sería muy bueno que los números se hicieran, se publicaran y se discutieran, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Y seguramente habría que revisar el cupo y la aportación sustancialmente al alza. Desde luego, si el sistema se va a extender, va a ser más necesario que nunca que las cuentas se hagan bien. Si no, no habrá manera de pagar las facturas del Estado.

P.- Más allá de la financiación, en el acuerdo suscrito con ERC se han comprometido la creación de consorcios y muchas otras cosas. ¿Qué opina de ello?

R.- Sí. Piden otras cosas, como otra vuelta de tuerca con la imposición del monolingüismo catalán. Yo viví allí veintitantos años, lo sufrí y no me gusta nada la propuesta, pero en fin, no me toca hablar de eso como economista. Con respecto al tema del consorcio para la gestión de inversiones, no me parece mal. Es cierto que el grado de ejecución de la inversión presupuestada en Cataluña es bajo. Si actuando conjuntamente las dos administraciones se consigue mejorar esto, me parecerá estupendo. Y si no se consigue, habrá que concluir que no todo es culpa del Estado. Yo tengo la impresión de que parte del problema es que en Cataluña nadie quiere que hagan obras cerca de su casa, y eso no depende de quien ejecute.

P.- La consejera de Hacienda ha dicho que, con este sistema de financiación, cree que llegarán a recaudar 60.000 millones de euros. ¿Con eso se pueden pagar los organismos que han diseñado?

R.- Por ahí andará. Es mucho dinero y dará de sobra para pagar los nuevos organismos y alguna cosa más.

P.- ¿Qué encaje tiene este sistema de financiación singular, esa bilateralidad en un sistema que se supone que es multilateral?

R.- Siempre ha habido un poco de las dos cosas. En estos temas, el Gobierno de turno siempre ha hablado con las regiones de una en una, especialmente con Cataluña y luego ha tratado de buscar un acuerdo general. No me parece un problema.

Por otra parte, cuando le dices a todo el mundo lo que quiere oír, acabas teniendo problemas. El Gobierno nos está diciendo que se les puede dar a los nacionalistas catalanes lo que quieren y, a la vez, que esto no va a perjudicar a nadie y se mantendrá la igualdad. Si la Generalitat se queda con muchos miles de millones más, en algo se notará. Habrá que subirles impuestos a los demás, o reducir su financiación, o recortar el gasto del Estado. Aquí la magia no funciona.

P.- ¿Cree que este acuerdo puede ayudar o no a que el Gobierno logre aprobar unos futuros presupuestos generales del Estado?

R.- Supongo que si consiguen los votos para esto, incluyendo los de Puigdemont, el presupuesto irá en el mismo paquete. Entre otras cosas porque en él habrá que meter cosas que faciliten la puesta en marcha del nuevo sistema.

P.- Hace apenas dos semanas, la vicepresidenta María Jesús Montero dijo que no había cabida para un sistema de cupo para Cataluña. ¿Qué cree que ha cambiado ahora?

R.- También se dijo: «Nunca pactaré con Bildu», o «Puigdemont, a la cárcel» o «No habrá amnistía»… Una más.

«No está claro que estemos haciendo los deberes para que la economía siga yendo bien dentro de 10 o 20 años»

P.- El presidente del Gobierno decía en su balance, esta semana, que la economía española va estupendamente, que hemos salido bien de la crisis, que además estamos creciendo por encima de la media europea. ¿Cree que son afirmaciones basadas en la realidad o que hay un exceso de optimismo, por su parte?

R.- Las cifras son reales y la verdad es que todos estamos bastante sorprendidos de lo bien que ha aguantado la economía española unos años complicados. Pero me sigue preocupando el medio y largo plazo. No está claro que estemos haciendo los deberes para que la cosa siga yendo bien dentro de 10 o 20 años, aunque el turismo no tire tanto, o no lleguen tantos fondos europeos. Tenemos problemas con el sistema educativo, la seguridad jurídica o el sistema de pensiones, y eso a largo plazo, se acaba notando.  

P.- Con respecto a los fondos europeos y las consiguientes reformas que conllevan, ¿qué opina de cómo se están gestionando?

R.- De la parte de reformas tengo una opinión muy clara: no se está haciendo bien. Sobre las inversiones, tengo sobre todo dudas. No hay suficiente información para hacerse una idea clara de qué se está haciendo o de si está yendo bien. Seguro que hay muchas inversiones útiles, pero no sé si se está consiguiendo esa «transformación» que se pretendía. Tampoco hay planes para una evaluación sistemática que permita ver qué se haya hecho bien y aprender para el futuro.