Navantia sufre un verano de reveses en Turquía, Reino Unido, Noruega y el submarino S-80
La empresa revela por error datos sensibles del ‘Narciso Monturiol’ en un contrato sobre aislamiento acústico
El primero de los submarinos S-80 en los astilleros de Navantia en Cartagena.
Navantia está pasando un verano lleno de malas noticias que no se esperaban en el Ministerio de Defensa ni en los despachos de la empresa pública. A la decisión de Turquía en junio de enfriar la posibilidad de encargar a los astilleros públicos la construcción de un segundo buque anfibio portaeronaves como el LHD Anadolu entregado hace poco más de un año, se ha unido la demanda de Noruega por el hundimiento de uno de sus buques en el año 2018 y las dificultades económicas del astillero inglés Harland & Wolff con el que construye tres buques logísticos para la Royal Navy. El último error de Navantia fue revelar datos sensibles del submarino S-82 en un pliego de prescripciones técnicas subido al Portal de Contratación Pública a finales de julio y que estuvo un día al alcance de cualquier internauta.
La situación interna de Turquía jugó una mala pasada en las ambiciones empresariales de Navantia en el país otomano. Hace casi un año, la situación era bien distinta. En aquel momento Recep Tayyip Erdogan movió pieza en el tablero geopolítico de Oriente Próximo cuando Israel y Hamás habían entrado en su tercera semana de guerra. En un guiño al Gobierno español, anunció en su discurso con motivo del centenario de la fundación de la República turca que Ankara planeaba cerrar en breve un acuerdo con los astilleros públicos españoles.
«Concluiremos otro acuerdo con los españoles y, con suerte, aumentaremos nuestros portaaviones a un segundo, trayendo una versión superior del Anadolu a nuestro país», proclamó Erdogan dando a entender que las negociaciones estaban muy avanzadas. Este barco de guerra es una copia del Juan Carlos I, el buque insignia de la Armada española, y del Adelaida y Canberra que Navantia ha entregado en los últimos años a Australia.
Erdogan ya habló con Pedro Sánchez de este segundo encargo a Navantia en noviembre de 2021 cuando se celebró en Ankara la VII cumbre hispano-turca. El primero de los LHD entregados a Turquía en abril del año pasado se construyó en los astilleros turcos con el diseño de Navantia, que cedió la transferencia de tecnología, equipos y asistencia técnica para su construcción en el país otomano, así como los motores, la turbina y el sistema integrado de control de plataforma, entre otros sistemas.
La idea de un segundo buque anfibio ha sobrevolado los despachos oficiales turcos en los últimos años pero la caída de la lira turca y la devaluación de la moneda provocó que Ankara descartase inicialmente tal posibilidad. Ahora, tras el último revés de Erdogan en las elecciones municipales, el Gobierno turco se ha vuelto a apretar el cinturón, por lo que Sánchez ofreció al presidente turco en su última cita en la Moncloa los submarinos de la clase S-80 y las fragatas F110 que los astilleros públicos están fabricando en la actualidad para la Armada española.
Tras el baño de realidad turco, llegó la demanda del Ministerio de Defensa de Noruega contra Navantia por el hundimiento de uno de sus buques en el año 2018, la fragata KNM Helge Ingstad construida en el astillero de Ferrol, tras chocar contra un petrolero en aguas de este país nórdico. La compañía española confirmó que había un proceso legal en marcha, pero rehusó dar ningún tipo de información a preguntas de Europa Press.
El hundimiento parcial de este buque supuso durante un tiempo cruces de acusaciones desde España y desde Noruega, pero en abril de 2021, el informe final de la Agencia Noruega de Investigación en Seguridad (NSIA), recogía que el hundimiento de la fragata en la madrugada del 8 de noviembre de 2018, en aguas de Noruega, no se debió a fallos en la construcción de la unidad militar, ejecutada en el astillero de Navantia en la ría de Ferrol, sino que fue debido «a no haber seguido los procedimientos establecidos antes de su evacuación por parte de la dotación».
El informe incluía hasta veintiocho recomendaciones para mejorar la seguridad en la operación de los barcos militares y ninguna de ellas se dirigía a Navantia, siendo en su mayoría recomendaciones dirigidas a la Real Marina Noruega y a la Agencia Noruega de Material de Defensa (NDMA), pero aún así las autoridades noruegas han cumplido su amenaza de denunciar a la empresa española.
Casi al mismo tiempo se ha conocido que el astillero inglés Harland & Wolff, uno de los socios internacionales más importante de Navantia, tiene serios problemas económicos. La empresa solicitó a finales de julio una inyección de casi 237 millones de euros para mantenerse a flote y evitar la quiebra, pero el Gobierno inglés denegó, de momento, la ayuda pública. El astillero inglés está buscando ahora nuevas vías de financiación, según Economía Digital.
Navantia logró en noviembre de 2022 su primer contrato en el Reino Unido, valorado en 1.600 millones de libras esterlinas -unos 1.827 millones de euros al cambio de entonces- para construir tres buques para la Armada británica. Un anuncio histórico que le puede abrir más puertas en la Royal Navy y otros países punteros, de ahí que la situación del astillero inglés preocupe de manera muy especial a los astilleros españoles.
A ello se une el hecho de que España sume unos 50 procedimientos en contra de reclamación por el recorte de las renovables, de los que 26 cuentan ya con un laudo final a favor de los inversores, por un monto acumulado de 1.562 millones de euros, al que se deben sumar 318 millones euros en concepto de condenas en costas, intereses de demora, honorarios de abogados y consultores contratados por la Abogacía del Estado. El último revés lo propinó la pasada semana el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, al confirmar el laudo por el que condenó a España a indemnizar con 32,9 millones de euros a Renergy por el recorte de las primas a las energías renovables.
Ante los impagos del Gobierno español, las empresas afectadas han iniciado el registro de los laudos en terceros países, donde han pedido a la Justicia que intervenga y tome medidas a su favor. En Australia, también la Corte Suprema ha respaldado a los denunciantes y ha reconocido plenamente las deudas acumuladas por España, lo que puede precipitar embargos de bienes y activos como la filial de Navantia en el país oceánico.
Los planos del ‘Narciso Monturiol’
La guinda de los reveses se produjo a finales de julio cuando la compañía española reveló por error planos detallados del submarino S-82, al incluir en un pliego público de prescripciones técnicas sobre el aislamiento acústico información sensible de dónde se ubican los torpedos, el sistema de mando y control del Narciso Monturiol, que se está construyendo en los astilleros de Cartagena, según revelaron medios como la Revista Ejércitos o El Confidencial Digital. El documento estuvo accesible a cualquier internauta y posteriormente fue retirado y sustituido por un archivo modificado con menos páginas.
Esta secuencia de malas noticias han empañado los buenos resultados económicos de Navantia, que cerró 2023 con aumento de ingresos y contratación, según indicó la SEPI en un comunicado a mediados de julio. Así, los astilleros alcanzaron el año pasado una cifra de negocio consolidada de 1.434 millones de euros, un 7% más que en 2022, y cerró el ejercicio con una cartera de pedidos acumulada de 8.214 millones de euros, lo que supone un incremento anual del 11%, tras haber firmado nuevos contratos por importe de 1.746 millones a lo largo del año.
La empresa pública dirigida por Ricardo Domínguez cruza ahora los dedos para que India le conceda la construcción de seis submarinos convencionales (no nucleares) por un montante que rondaría los 4.800 millones de euros. Los S-80 españoles están muy bien colocados con el modelo alemán como único rival. La Armada india estuvo probando en Cartagena el sistema de propulsión a finales de junio que puede decantar la carrera a favor de la oferta española.
