Cataluña revisa la política penitenciaria para que los presos peligrosos no trabajen en la cocina
La Consejería de Justicia ha apartado a un interno de un puesto en la cocina de forma preventiva
Manifestación de funcionarios frente al Centro Penitenciario Brians 2 de Cataluña. | Europa Press
El caso de la cocinera Núria, asesinada en la cárcel de Mas Enric (Tarragona) el pasado marzo por un interno con quien compartía horas de trabajo en la cocina, abrió un debate sobre la idoneidad de que condenados por delitos de sangre trabajen en las cocinas de las cárceles, teniendo acceso a cuchillos como el que acabaron con la vida de Núria. El sindicato CSIF, mayoritario en las cárceles catalanas, denunció entonces los «peligros que enfrentan los trabajadores penitenciarios» y ahora han pedido al nuevo Gobierno de Salvador Illa un «cambio en la política penitenciaria».
El Departamento de Justicia, según ha podido saber THE OBJECTIVE no solo abordará el asunto, sino que ya ha reaccionado apartando a un preso condenado por homicidio de su puesto en la cocina de otra cárcel catalana. «Estamos revisando todo el protocolo, y mientras se revisa, se actúa. El objetivo es lograr la máxima seguridad, y se evaluará caso por caso, pero la intención es prevenir potenciales riesgos», explican fuentes oficiales del Departamento.
Voz de alarma
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) volvió a dar la voz de alarma en Lérida después de que un condenado por asesinato accediera a un puesto en la cocina en el Centro Penitenciario de Ponent. Tan solo cinco meses después de la «trágica muerte de la compañera Núria en Mas d’Enric», desde la central han mostrado su indignación de que esa tragedia no sirviera para cambiar de inmediato la política de las cárceles catalanas.
En un comunicado, denuncian que se «pusiera en peligro» a otro trabajador y recuerdan que «el trabajo en la cocina es un entorno de alto riesgo». «El riesgo cero no existe en las prisiones, pero es esencial aplicar medidas que reduzcan al mínimo las amenazas», recalca el sindicato. En un primer momento, tras el asesinato de Núria, se apartó a cinco presos de las cocinas de distintas cárceles, pero algunos de ellos habían sido reubicados pasado un tiempo.
El Departamento de Justicia, que dirige Ramón Espadaler, ha reaccionado de inmediato tras darse a conocer el nuevo caso. Según ha avanzado Segre y ha confirmado THE OBJECTIVE, se ha apartado preventivamente de la cocina a este condenado por homicidio y desde la Consejería abordarán un «proceso de revisión exhaustivo de todos los sistemas y criterios habituales» para estos casos y se perseguirá «el objetivo de reforzar y extremar las medidas de seguridad».
625 internos en Ponent
Según el CSIF, la situación en Ponent refleja que la gestión penitenciaria ha dado prioridad a «intereses empresariales» mediante la empresa pública CIRE Centre d’Iniciatives per la Reinserció de la Generalitat) «sobre la seguridad y rehabilitación de los internos». «¿Realmente no hay otros internos entre los 625 del Centro Penitenciario de Ponent que puedan ocupar estos puestos?».
«La cocina de un centro penitenciario es, por su propia naturaleza, un lugar potencialmente peligroso. Por ello, siempre hemos defendido que los internos con antecedentes de violencia, delitos de sangre o patologías psiquiátricas no deberían tener acceso a este tipo de trabajos», abundan.
El caso de Núria
Núria murió el pasado 13 de marzo en manos de Iulian, un preso conflictivo que se había obsesionado con ella tras coincidir durante algunas jornadas de su actividad laboral en la cocina de la prisión. La trabajadora fue asesinada con un cuchillo, la misma herramienta que su asesino utilizó para segar la vida de otra mujer en 2016 y por la que cumplía una condena de 11 años.
Esta empleada vivía desde hacía ocho años en Villalonga del Camp (Tarragona), desde que fue destinada a trabajar en la cocina de la cárcel de Mas d’Enric. Tras su muerte, se originaron una serie de protestas de funcionarios de las cárceles catalanas que ocasionaron el corte de los accesos a diversos centros penitenciarios de las provincias de Barcelona, Tarragona y Lérida, según informaron los Mossos d’Esquadra.
Asimismo, unos 200 funcionarios se concentraron ante la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat al grito de «asesinos» convocados por seis sindicatos del sector con representación, que también lanzaron huevos y pintura roja a la fachada y pidieron la dimisión de la entonces consejera Gemma Ubasart.
