Aragón interpone el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía
El Gobierno de Azcón considera que vulnera los principios de exclusividad e independencia del poder judicial
Jorge Azcón. | Marta Fernández (Europa Press)
Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han presentado este lunes el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía al entender que vulnera los principios de exclusividad e independencia del poder judicial y, por tanto, la separación de poderes, y los de igualdad, legalidad y seguridad jurídica.
El texto presentado por el Gobierno de Aragón considera que se produce «una quiebra total del Estado de Derecho», consagrado en el artículo 1 de la Constitución, «por vulneración del valor superior de la justicia y el principio de separación de poderes, de modo que se excluye del control judicial al poder político».
De acuerdo con el texto constitucional, añade el ejecutivo de Jorge Azcón, corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con independencia de los poderes legislativo y ejecutivo, admitiéndose como única excepción el indulto individual.
Para el Gobierno de Aragón, la ley de amnistía infringe el principio de separación de poderes, «en cuanto supone la sustitución del poder judicial por el poder legislativo» y, de hecho, subraya que se ha tratado de justificar la necesidad de esta ley sobre la base de la conveniencia de «desjudicializar» la situación en Cataluña.
Argumenta en su texto que se excluye la aplicación de legislación punitiva para unos concretos ciudadanos vinculados a una motivación política en la comisión de los delitos, restringida, además, a una parte del territorio español, Cataluña, y para un periodo de tiempo determinado fijado «arbitrariamente» frente al resto de los ciudadanos españoles.
El Gobierno de Aragón incide además en que el hecho de que la Constitución no contemple expresamente la amnistía «supone que esta colisiona de manera irreconciliable con el derecho a la igualdad de todos, derecho subjetivo, que se torna en obligación de respeto y de garantía que la Carta Magna impone al legislador y a los poderes públicos».
El Gobierno de Azcón subraya que tanto la comunidad como las Cortes de Aragón están legitimadas para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en contra de esa norma al afectar a los intereses aragoneses derivados de las relaciones históricas, económicas, sociales y culturales que Aragón tiene con Cataluña, además de incidir en la unidad de España.
El recurso presentado también cuestiona la fórmula de la proposición de ley y el procedimiento de urgencia seguido para aprobar la ley por infringir los principios democráticos del Estado de Derecho exigidos por la Unión Europea, al no dar oportunidad de una adecuada participación social, institucional y política en su elaboración.
