El juez que investiga un fraude con fondos UE en Zamora detecta «múltiples indicios»
La Guardia Civil interviene en el ministerio de Hacienda y Transición Ecológica para buscar pruebas
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y la de Transición Ecológica, Teresa Ribera | EP
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora, que investiga un presunto fraude en la concesión de subvenciones con cargo a los fondos europeos, ha detectado «múltiples indicios» en la instrucción que está realizando. Estos datos tienen una «solidez» que le permite concluir que es «perfectamente presumible que se hayan ejecutado presuntas adjudicaciones en fraude, de forma ilícita», según las fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE.
Esta es la razón que ha llevado a la titular del juzgado a encargar a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil una investigación sobre las transferencias realizadas por los ministerios de Transición Ecológica, al frente del cual se encuentra Teresa Ribera; y de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero. Una medida que fue propuesta por el equipo jurídico de los empresarios que interpusieron la denuncia.
Como ya publicó este periódico, el citado juzgado comunicó a los denunciantes en una providencia con fecha de 16 mayo, que había atendido la solicitud de investigación cursada el 1 de abril. Ese grupo de empresarios había realizado una nueva ampliación de la querella que interpusieron el 21 de abril de 2023, y que se presentó el pasado 29 de febrero, reclamando varias cuestiones.
En primer lugar, solicitaron que «sea requerida una investigación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al objeto de que se puedan investigar las transferencias realizadas desde los Ministerios de Transición Ecológica y Hacienda en favor de empresas del grupo Acciona (Acciona Energía S.A., Acciona Industrial S.A., Acciona Construcción S.A., Acciona Concesiones S.L., Acciona Concesiones de Infraestructuras S.L) y también Incus Capital Advisors S.A. (Incus Capital, empresa que ha publicitado ser la financiadora del proyecto La Robla Green), así como terceros, durante los años 2021, 2022 y 2023, a los efectos de poder localizar la materialización o transferencia de las subvenciones desde dichos órganos nacionales y que pudieran corresponder al proyecto propiedad de mi cliente. Se solicita en base a los múltiples indicios y la solidez de los mismos, y dado que es perfectamente presumible que se hayan ejecutado presuntas adjudicaciones en fraude, de forma ilícita y mediante técnicas de ingeniería financiera de difícil seguimiento».
En segundo lugar, los denunciantes pidieron «que se acuerde intervenir en el Ministerio de Hacienda (Subdirección del Plan de Recuperación en España, Servicio Nacional de Coordinación Antifraude), el de Transición Ecológica y la OLAF (por las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes), con el fin de obtener la documentación que se está negando a este órgano judicial».
Y, en tercer lugar, solicitaron «que se libre oficio al Ministerio de Transición Ecológica al objeto de que se informe sobre si existen solicitudes o expedientes de concesión de ayudas o subvenciones por parte de Acciona u otros terceros relativas a las anteriores manifestaciones de interés o proyectos vinculados (biorrefinería-bioetanolsostenible)…, en todos sus términos, todo ello con los apercibimientos oportunos».
La jueza que instruye la causa señaló que, «respecto de las pruebas interesadas, se accede a la práctica de lo interesando en el punto 2 (UCO); sobre el resto de diligencias solicitadas por él se acordará conforme al resultado de dicha investigación por la UCO».
De esta respuesta, los empresarios concluyeron que se accedía a la prueba reclamada en lo que se refiere a la UCO, pero desconocían cuándo se había puesto en marcha. Ha sido cuando han vuelto a pedir la condición de investigados para otros que consideran implicados en la posible trama, cuando la jueza les ha respondido con una providencia en la que les responde que «no ha lugar a entrar a valorar lo interesado en tanto que no se reciba el informe solicitado a la UCO, como ya se ha resuelto en providencia de fecha del pasado 1 de abril».
El origen de esta investigación fue una información publicada por THE OBJECTIVE el pasado 23 de marzo bajo el título «La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción por los fondos». El periódico desvelaba la existencia de seis peticiones de información, por parte de la OLAF, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude español.
Una de ellas, con fecha 22 de noviembre de 2022, se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla» y pedía una respuesta antes del 15 de diciembre de este año. Esta es la respuesta a la que quieren acceder los empresarios, ya que es consecuencia de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Europea el 11 de octubre de 2022.
Los impulsores de esta iniciativa llevan denunciando, tanto ante organismos comunitarios como la OLAF y la Fiscalía, como a los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda; una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona», como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de 2023.
Con anterioridad, el portavoz de este grupo empresarial, Vicente Merino, ya había denunciado el caso, en enero de 2022, a la Fiscalía Anticorrupción en España y el 7 de diciembre de 2021 ante el Juzgado número 6 de Zamora. El importe de la subvención, si ha llegado a concederse, podría alcanzar los 500 millones de euros.
