Denuncian al Gobierno ante la Fiscalía europea por «ocultar información» sobre los fondos UE

Los empresarios que denunciaron una presunta «trama corrupta» en la gestión de los fondos europeos Next Generation, como desveló THE OBJECTIVE, siguen con su cruzada para intentar saber qué ha sucedido con la subvención de unos 500 millones de euros que, inicialmente, debería estar destinada para el proyecto de Biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla, una iniciativa impulsada por un grupo empresarial de Castilla y León .

Sin embargo, nada saben de la situación de estas subvenciones, ya que, a pesar de sus reiterados intentos ante diversos organismos españoles –Ministerio de Industria, Ministerio de Transición Ecológica y Servicio Nacional Antifraude- de conseguir información, no han recibido respuesta. Por ello, han decidido ampliar por tercera vez la denuncia que ya interpusieron el 11 de octubre de 2022 ante la Fiscalía europea, reiterada el 21 de abril de este año, alertando ahora sobre «presuntos delitos de encubrimiento y prevaricación», según el documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Los afectados, en un amplio escrito, detallan todas las negativas que han recibido para aclarar el momento actual de la tramitación de su proyecto. «Respuestas hasta la fecha: Dirección General del Plan, silencio administrativo; Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, se niega a informar; OLAF, se niega a informar; Ministerio de Hacienda, respuesta al Juzgado de Instrucción número 6 de Zamora diciendo que lo remite a Transición Ecológica por entender que es de su competencia (pese a existir la respuesta de la Subdirección del Plan de Recuperación en España al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, ambos pertenecientes a dicho ministerio); Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, respuesta al juzgado de Zamora, no encuentra el expediente en base a la información solicitada (que era muy precisa y suficiente) y arguye necesitar más información; Secretaria de Estado de Energía, silencio administrativo».

El portavoz de los empresarios, Vicente Merino, llega a la conclusión de que «podrían estar produciéndose presuntos delitos de encubrimiento y prevaricación y estos hechos refuerzan la presunta existencia de un entramado criminal y están en línea con lo manifestado por Jorge García Gutiérrez (directivo de Acciona) y que obra en autos (DP 712/21 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora) afirmando a Silverio Mayendía (Administrador de Biorrefinería de Barcial S.L), en mayo de 2021, que ellos iban a traer 150 millones de euros de subvención gracias a su lobby. Una cantidad que coincide con lo solicitado en las manifestaciones de interés presentadas ante los Ministerios de Transición Ecológica e Industria».

Tráfico de influencias

Los mismos términos de esta denuncia de ampliación ante la Fiscalía Europea son los que se han reproducido en otro escrito presentado este viernes ante el juzgado de Zamora donde se lleva el caso, en lo que se refiere a un posible trato de favor de la Junta de Castilla y León a la empresa Acciona, en perjuicio del grupo de empresarios de la región.

En la primera denuncia advirtieron a la Fiscalía europea de un presunto «fraude en la solicitud de los fondos europeos de recuperación y resiliencia» y de la presunta existencia de una «trama corrupta que podría haber cometido, entre otros, delitos de extorsión, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos, fraude contra la propiedad industrial, prevaricación en orden medioambiental, amenazas y difamación continuada en el tiempo«.

En este sentido, señala que «sospechamos que la trama corrupta se organiza entre marzo y julio de 2021 y podría continuar a fecha de hoy con el objetivo de acceder a los fondos europeos». Estas dos denuncias advertían de que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona».

THE OBJECTIVE desveló que la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) había solicitado información al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, dependiente del Ministerio de Hacienda, sobre «si el proyecto ha recibido financiación europea o si el proceso de solicitud para su obtención está en curso de tramitación. En el caso de estar en curso, se ruega se comunique en el momento que se cofinancie».

Igualmente, quiere saber si «el proyecto es único o corresponde a proyectos diferentes (Barcial del Barco, por un lado, y el de La Robla, por otro); así como «si en el caso de haber recibido información europea» se le remita «información referente a la identificación del proyecto, beneficiario, situación actual, periodo de implementación y detalle de la financiación europea recibida».

Tras conocer estos hechos, el grupo de empresarios realizó una segunda denuncia subrayando, en relación a la posible concesión de la subvención por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que «ha sido presentada en presunto fraude (por terceros ajenos a la propiedad, presuntamente la mercantil Acciona) y que el mismo habría recibido, además, financiación de los fondos europeos (motivo por el cual podría existir una malversación de fondos del Plan Nacional de Recuperación en España)».