Empresarios españoles denuncian ante la UE una «trama corrupta» de 500 millones

El 23 de marzo, THE OBJECTIVE publicó una información en la que desvelaba que la Unión Europea, a través de la OLAF (Oficina antifraude), vigilaba seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción en la concesión de subvenciones con cargo a los fondos de la Unión Europea. Uno de ellos se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la Biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla», una iniciativa impulsada por un grupo empresarial de Castilla y León que se enteró por THE OBJECTIVE de esta investigación.

Este grupo está integrado por Biorrefinería Multifuncional Barcial S.L., Desarrollos Bioenergéticos La Robla S.L., EA Bio Multifuncionall Buñuel Navarra S.L. y EA Multifunctional Biorefineries Green Holding Company S.L., del que es socio Vicente Merino, además de propietario de un modelo industrial que se basa en proyectos de biorrefinerías protegidos por patentes.

Esa investigación es consecuencia de una denuncia que se presentó ante la Fiscalía europea el 11 de octubre de 2022 y en la que Merino y su hijo alertaban de una «presunta trama corrupta» en la posible concesión de hasta 500 millones de euros en subvenciones (100 por cada uno de los proyectos), según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Una denuncia que se amplió el pasado día 21 de abril, después de conocer por este periódico el inicio de la investigación. Con anterioridad, este empresario ya había denunciado el caso, en enero de 2022, a la Fiscalía Anticorrupción en España y el 7 de diciembre de 2021 ante el Juzgado número 6 de Zamora.

La denuncia ante la Fiscalía europea especifica: «Es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona».

El afectado señala que se solicitaron tres veces manifestaciones de interés para captar subvenciones con cargo a los fondos europeos de recuperación y resiliencia junto con empresas del grupo Acciona el 23 de diciembre de 2020, en el marco del programa Reto Demográfico y Despoblación, ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; el 20 de enero de 2021 para el Programa Competitividad y Sostenibilidad industrial ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; y el 27 de febrero de 2021, para el despliegue de renovables, integración en sectores e innovación ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las manifestaciones de interés son compromisos, no firmes, entre empresas, previos a la firma definitiva de la colaboración empresarial, en este caso entre Acciona y las sociedades en las que figura como socio Vicente Merino. En 2021 no se alcanza un acuerdo final entre las partes, y Merino decide «cambiar el grupo inversor y constructor cambiando Acciona por Grupo Cobra (grupo que tenía interés en la construcción y en ser el inversor principal)», siempre según la denuncia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. «En base a nuestros derechos íbamos a subrogar a Grupo Cobra (con quien habíamos llegado a un entendimiento en un MOU) en las solicitudes de subvención en sustitución de Acciona», señalan.

Tráfico de influencias

Es en este momento cuando empiezan los problemas, ya que el empresario Vicente Merino señala que «presuntamente han intimidado a Grupo Cobra bajo presuntas amenazas y coacciones para que no fuera accionista ni promotor, diciéndole a altos cargos de la empresa que lo de Acciona está en la mesa, con un ánimo de beneficiar a esta tercera empresa con la que podrían haber llegado a acuerdos a espaldas del equipo promotor y del propietario industrial», apuntando a cargos de la Junta de Castilla y León, en una primera fase.

Esta situación le lleva a interponer una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Zamora. Igualmente, Merino señala que «desde el grupo Acciona o por sociedades interpuestas se hayan podido solicitar estas subvenciones para estos mismos proyectos en las mismas ubicaciones», subrayando que no podía hacerlo ya que ellos no llegaron a materializar un acuerdo. Estas subvenciones corresponden al Ministerio de Transición Ecológica.

Por ello, denunciaron ante la Fiscalía europea «fraude en la solicitud de los fondos europeos de recuperación y resiliencia» y de la presunta existencia de una «trama corrupta que podría haber cometido, entre otros, delitos de extorsión, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos, fraude contra la propiedad industrial, prevaricación en orden medioambiental, amenazas y difamación continuada en el tiempo«. En este sentido, señala que «sospechamos que la trama corrupta se organiza entre marzo y julio de 2021 y podría continuar a fecha de hoy con el objetivo de acceder a los fondos europeos».

Esta denuncia llevó a la OLAF, Oficina antifraude de la Unión Europea, a solicitar información al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, como ya informó THE OBJECTIVE el pasado día 23 de marzo. Este organismo europeo reclamaba, antes del 15 de diciembre de 2022, información sobre «si el proyecto ha recibido financiación europea o si el proceso de solicitud para su obtención está en curso de tramitación.

En el caso de estar en curso, se ruega se comunique en el momento que se cofinancie». Igualmente quiere saber si «el proyecto es único o corresponde a proyectos diferentes (Barcial del Barco, por un lado, y el de La Robla, por otro); así como «si en el caso de haber recibido información europea» se le remita «información referente a la identificación del proyecto, beneficiario, situación actual, periodo de implementación y detalle de la financiación europea recibida».

La denuncia ante la Fiscalía europea es ampliada el 21 de octubre, a raíz de la publicación de THE OBJECTIVE, subrayando en relación a la posible concesión de la subvención, por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que «ha sido presentada en presunto fraude (por terceros ajenos a la propiedad, presuntamente la mercantil Acciona) y que el mismo habría recibido, además, financiación de los fondos europeos (motivo por el cual podría existir una malversación de fondos del Plan Nacional de Recuperación en España)».

La Junta de Castilla y León ha querido desmarcarse de esta tramitación. En declaraciones a THE OBJECTIVE, un portavoz del Gobierno regional ha afirmado que «la Junta de Castilla y León jamás ha tenido conocimiento de un proyecto industrial de estas características porque nunca se ha presentado formal y tasado.

Se ha presentado un papel diciendo que van a hacer esto pero eso no es un proyecto industrial, que tiene que ir acompañado de una ingeniería, de un proyecto financiero, de una documentación tasada. Nunca presentaron nada». También ha desmentido las acusaciones de coacción, afirmando que «la Junta no coacciona en las actividades privadas y en las interrelaciones entre grupos patrimoniales».