Vox da el primer paso en Castilla y León para suprimir miles de delegados sindicales

Vox continúa su ofensiva contra los sindicatos en Castilla y León. La formación que lidera Juan García-Gallardo, que ya ha recortado en 20 millones el «gasto superfluo» sindical, presentará próximamente una proposición no de ley (PNL) en las Cortes con el fin de suprimir la figura de los delegados fantasma; aquellos representantes sindicales de empresas que ya no existen. Se trata de una reivindicación de Solidaridad, la organización sindical nacida al alero del partido, que ya fue al Congreso de los Diputados, pero fue rechazada.

El grupo parlamentario de Vox Castilla y León se reunirá este próximo jueves con Rodrigo Alonso, líder del sindicato afín a Santiago Abascal, para estudiar cómo se articula la propuesta. Fuentes parlamentarias aseguran a THE OBJECTIVE que se presentará después de las elecciones municipales y autonómicas, y se debatirá a mediados de junio, cuando esperan que prospere gracias al apoyo del Partido Popular.

En la propuesta, que será asumida por Vox en Castilla y León, Solidaridad calcula que la cifra total de delegados fantasma oscila entre los 30.000 y los 80.000 en toda España. «Como se ha anticipado, la total opacidad de los datos imposibilita el conocimiento exacto del número total de delegados que ya no tienen función tras el cierre de la empresa peor que siguen computando a efectos de subvenciones y representatividad», sostiene el texto, en estado embrionario.

Es por eso que, a través de una PNL, el partido pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez que establezca los mecanismos oportunos para efectuar un cruce de datos con periodicidad (al menos, semestral) que subsane las diferencias existentes entre el número de empresas reflejadas en el sistema de la Seguridad Social y las que figuran en el Registro Mercantil, a fin de determinar el número de delegados fantasma.

Régimen sancionador y consulta

La proposición, a la que ha tenido acceso en primicia THE OBJECTIVE, también pide al Ejecutivo Central que promueva un régimen sancionador para los casos de percepción de subvenciones públicas por parte de sindicatos y asociaciones empresariales en fraude de ley. Según el sindicato de Vox, ese régimen debe imponer sanciones cuando el montante de la subvención pública recibida exceda del 5% que realmente correspondería de no haberse sobredimensionado la representatividad del sindicato por haber computado fraudulentamente el número de delegados. 

Desde Solidaridad también reclaman la devolución inmediata de las cantidades «indebidamente percibidas» por las referidas entidades en el marco de lo establecido legalmente, así como la celebración de un referéndum en el que los españoles sean consultados sobre los sindicatos. La pregunta en cuestión sería si los españoles «desean mantener el actual sistema de subvenciones públicas a sindicatos y asociaciones empresariales o si, por el contrario, se muestran favorables a que estas organizaciones se financien con las cuotas de sus afiliados, garantizándose así́ la independencia de las mismas y contribuyendo a que defiendan verdaderos intereses generales de todos los trabajadores de España».

Contra el ‘bipartidismo sindical’

De acuerdo a la proposición, que será registrada por el portavoz Carlos Menéndez Blanco, los sindicatos se erigen como entidades beneficiadas por un conjunto de prerrogativas incluidas en la ley. «Un amplio porcentaje de la ciudadanía española las considera como una pléyade de privilegios injustificados», señala.

«En España, los sindicatos de clase como CCOO y UGT han conformado una suerte de ‘bipartidismo sindical’, que ha sido alimentado y favorecido por los sucesivos gobiernos nacionales en detrimento de los derechos de los trabajadores. Las prebendas concedidas a los sindicatos en las últimas décadas han sido acompañadas de una falta absoluta de fiscalización sobre ellos, lo que ha tenido numerosas consecuencias perversas para el sistema», denuncia el texto.

El duopolio sindical -manifiesta Solidaridad- accede a subvenciones públicas que no le corresponderían, debido a que un enorme número de representantes de trabajadores permanecen inscritos en el registro oficial del Ministerio de Trabajo y Economía Social como delegados de personal o miembros de comités de empresa aun cuando la propia empresa se ha extinguido.

«Esta situación provoca que, actualmente, haya miles de representantes sindicales en los registros oficiales que no tienen ninguna función sindical porque su empresa, simplemente, ya no existe. Las cifras de casos varían de los 30.000 a los 80.000 delegados, según denuncian distintos medios de comunicación y el resto de sindicatos perjudicados. Como se ha anticipado, la total opacidad de los datos imposibilita el conocimiento exacto del número total de delegados que ya no tienen función tras el cierre de la empresa peor que siguen computando a efectos de subvenciones y representatividad», sostiene el sindicato de Abascal.

Hoy en día -concluye la iniciativa- CCOO y UGT son los sindicatos de trabajadores más representativos y los que, en consecuencia, poseen el mayor número de delegados fantasma. «Este hecho, a todas luces fraudulento, no puede suponer en ninguna circunstancia el acceso a ninguna subvención; ello no estaría amparado o respaldado por un mandato electoral, toda vez que la empresa en cuestión ha sido extinguida. En consecuencia, es preciso denunciar que los sindicatos de clase reciben importes superiores a los que realmente les corresponde», insiste.

Esta iniciativa supone un paso más en la cruzada de Vox en Castilla y León contra los «sindicatos de clase». Estos han tenido que presentar un ERTE que ha afectado a 54 trabajadores de su plantilla en la región como consecuencia del recorte del «gasto superfluo» acometido por la Vicepresidencia que dirige Juan García Gallardo, próximo a los 20 millones de euros. Las organizaciones sindicales están levantadas en armas, pero la buena acogida que esta noticia tuvo entre su electorado hacen que desde la formación de derecha dura prosigan en esta dirección.