Hacienda oculta al Senado datos solicitados por el PP para aclarar fraudes con fondos UE
El plazo de contestación finalizó el 20 de junio y uno de los documentos reclamados afecta a Soluciones de Gestión
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. | EP
El Ministerio de Hacienda no ha contestado por escrito a la petición de varios informes presentada por el Grupo Popular en el Senado y relacionados con el presunto fraude de fondos de la Unión Europea, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes parlamentarias. El plazo finalizó el pasado 20 de junio y entre estas cuestiones, una de las más destacadas es la relativa a la documentación que este departamento ministerial ha enviado a la Fiscalía Europea sobre las adjudicaciones de mascarillas realizadas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada con la trama Koldo.
La gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez sigue siendo la gran asignatura pendiente del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. Los populares han puesto la lupa sobre los miles de millones que llegan a España con un marcaje desde el Senado, con la petición de comparecencias y registro de preguntas basadas en denuncias o en indicios apuntados por la Fiscalía Europea o por receptores de esta subvención.
El pasado 7 de mayo, el Partido Popular presentó tres peticiones de información al Ministerio de Hacienda que, a pesar de haber finalizado el plazo de presentación el 20 de junio, no se han atendido y, a día de hoy, siguen sin contestarse. Dos de estas peticiones están relacionadas con informaciones publicadas por THE OBJECTIVE: la petición de la Fiscalía Europea sobre la empresa Soluciones de Gestión y las denuncias, recogidas por este periódico, de un grupo de trabajadores sobre el programa Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas, gestionado por el SEPE, con una subvención de 112 millones de euros. La Fiscalía Europea pedía que, «sin dilación» fuese contestada su petición, y esta información es la que ha pedido el PP.
En relación con Soluciones de Gestión, la empresa de confianza del entonces exministro de Transportes, José Luis Ábalos, la senadora por Alicante, Eva Ortiz, solicitó que «sea recabada de la Administración pública competente la remisión de los siguientes datos, informes o documentos que obren en su poder: Copia de la respuesta y de la documentación remitida por el Ministerio de Hacienda en respuesta al requerimiento formulado por la Fiscalía Europea en fecha de 15 de julio de 2022, a través del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude».
Como ya publicó THE OBJECTIVE, la Fiscalía Europea reclamó el 15 de julio de 2022 información sobre si alguno de los contratos denunciados ha sido financiado, total o parcialmente, con fondos de la Unión Europea. El primero se refiere a la empresa Beedigital, en la que trabajó el marido de la exministra de Economía, Nadia Calviño, por el programa Kit Digital.
El segundo afecta a la empresa Soluciones de Gestión y a los expedientes de adjudicaciones a Puertos del Estado, 24.200.000 euros para mascarillas; a Adif, 12.500.000 euros por cinco millones de mascarillas; y a la Secretaría de Estado de Seguridad, 3.479.355 euros para la adquisición de material de protección.
El tercer contrato sobre el que la Fiscalía Europea pedía información se adjudicó el 25 de marzo de 2020 por la Secretaría de Estado de Sanidad a la empresa Hyperín Grupo Empresarial para la adquisición de 144 respiradores por valor de 3.310.000 euros.
La segunda petición de información, realizada por la misma senadora, se concreta en una «copia íntegra de los expedientes administrativos relativos al Programa Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas, así como de la documentación relativa a su financiación con cargo a los fondos europeos, por parte del Servicio Público de Empleo Estatal».
THE OBJECTIVE se hizo eco de la denuncia elevada al Defensor del Pueblo por decenas de trabajadores de diversos puntos de España que habían firmado su contrato para empezar a trabajar en centros penitenciarios y no habían podido hacerlo. Este caso se refiere a un posible fraude en la gestión de los fondos europeos concedidos a España dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conocidos como Next Generation. Se trata del Programa Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas, gestionado por el SEPE, con una subvención de 112 millones de euros. El Defensor del Pueblo reclamó en su día información a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
Finalmente, la tercera petición de información del Grupo Popular que no se ha atendido es la «relación y copia de todos los requerimientos recibidos por la Subdirección General del Plan Nacional de Recuperación del Ministerio de Hacienda, remitidos por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, dependiente del Ministerio de Hacienda, desde el 1 de junio de 2018 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa».
