El PP intenta activar la Comisión Constitucional con un debate sobre la libertad de prensa
Presenta una proposición de ley instando al Gobierno a a reprobar las insidias contra los medios de comunicación
El portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, y la poertavoz en la Comisión Constitucional, Cayetana Álvarez de Toledo | Archivo
El Partido Popular intenta revertir el «cerrojazo» de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados con una iniciativa que ponga el foco en el intento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de legislar contra los medios de comunicación que investigan los presuntos casos de corrupción que afectan a su entorno. THE OBJECTIVE ha tenido acceso a la proposición no de ley del Grupo Popular con la que tratan de obligar al PSOE a posicionarse sobre «la defensa de la de la libertad de expresión y del ejercicio de la libertad de prensa».
El texto de la iniciativa pretende que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a «cumplir, sin desarrollos subjetivos ni interpretaciones, con todas las disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1083, sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, garantizando el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación en nuestro país, incluidas salvaguardias contra la injerencia política en la libertad editorial».
Los populares quieren que se manifieste «su compromiso más firme con la defensa de la libertad de expresión y el derecho a comunicar y recibir informaciones y opiniones, de acuerdo con la Constitución española y la Carta de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea».
La propuesta pretende que se defienda «frente a cualquier intento de injerencia, la labor de los medios de comunicación y de los profesionales de la información que ha de desarrollarse necesariamente en condiciones de libertad y pluralismo, dado su papel esencial para la convivencia democrática, la formación de una opinión pública libre y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a la posible arbitrariedad de las autoridades políticas».
El PP trata de que los socialistas condenen «cualquier iniciativa procedente de autoridades o de partidos políticos que, de un modo u otro, pretendan controlar, interferir, influir o condicionar el ejercicio de la libertad de prensa o restringir la difusión de opiniones plurales».
La proposición no de ley anima a «reprobar las cada vez más frecuentes descalificaciones, insidias e intimidaciones vertidas por el Gobierno y, en especial, por su presidente, contra los medios de comunicación que publican informaciones que no son de su agrado u opiniones que entrañan una crítica a su gestión o a su discurso». Finalmente, piden «cesar de inmediato en esta actitud y a desistir de toda pretensión de limitar o entorpecer la libertad de prensa y la labor de los medios de comunicación»
El Grupo Popular subraya que «la libertad de prensa, junto con la independencia judicial y el respeto a los derechos de la oposición parlamentaria, constituye una parte fundamental del sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a cualquier democracia liberal». Sin embargo, apunta, «estos pilares esenciales han sido objeto de una ofensiva política por parte del presidente del Gobierno, que emplea una estrategia de descalificación sistemática, tanto de los medios de comunicación, como de la oposición parlamentaria o el poder judicial: ‘fachosfera’, ‘seudomedios’, ‘bulos’, ‘fango’, ‘galaxia digital ultraderechista’, ‘lawfare’… son algunos de los calificativos que utiliza el presidente Sánchez en sus epístolas a la ciudadanía».
El PP advierte de que el objetivo de esta estrategia de descalificación «no es otro que eludir su responsabilidad, la de su Gobierno y la de su partido, así como evitar la rendición de cuentas ante los ciudadanos y sus representantes». En este sentido, recuerda que «tal y como establece la doctrina del Tribunal Constitucional, en lo que concierne a los cargos públicos, estos no gozan de ningún tipo de inmunidad especial frente al derecho a la información, sino que, por el contrario, están sujetos a un mayor grado de supervisión, respetando siempre los límites impuestos por los derechos individuales».
Los populares afirman que «no puede permitirse ninguna amenaza a la libertad de prensa ni a los valores democráticos fundamentales. Es imperativo que cualquier acción legislativa o política se lleve a cabo con el máximo respeto a nuestra Carta Magna y los principios europeos, garantizando siempre la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos».
Como ha publicado THE OBJECTIVE, el PSOE mantiene cerrada, sin prácticamente ninguna actividad, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, según ha denunciado la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. Las tres reuniones convocadas han sido el 21 de diciembre de 2023 para la comparecencia del presidente de la Agencia EFE, el 22 de febrero de 2024 para la de Carmen Calvo como candidata a presidir el Consejo de Estado coincidiendo con la presencia del ministro de la Presidencia y el 20 de marzo para que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática explicara las líneas de su departamento. En ningún momento, señala el escrito del Grupo Popular, se ha atendido el calendario de las comisiones para el periodo de sesiones entre febrero y junio de este año de la Comisión Constitucional, aprobado por la Mesa del Congreso celebrada el 30 de enero de 2024. Este calendario incluía la celebración de sesiones de la Comisión Constitucional los días 14 de marzo, 24 de abril y 17 de junio de este año.
El PP denuncia la «inaceptable inactividad» de una comisión que tiene «atribuidas las funciones de máxima trascendencia para nuestro sistema democrático», así como su «absoluta parálisis». Por ello, mediante un escrito enviado a la Mesa de la comisión, con fecha 18 de junio de 2024, y firmado por catorce diputados, «reclamamos la convocatoria urgente, tanto para el debate de proposiciones no de ley presentadas por este grupo; así como las iniciativas de otros grupos parlamentarios».
La portavoz del Grupo Popular en esta comisión, Cayetana Álvarez de Toledo, denunció a THE OBJECTIVE lo que califica como «cerrojazo» a la actividad de este órgano del Congreso, y destacó a la vez el «aquelarre de odio e insultos en Twitter» lanzados por el presidente José Zaragoza en esta red social. «Nos impide defender la Constitución mientras escupe odio y frentismo sectario en Twitter. Las dos cosas juntas son el perfecto retrato de lo que es el sanchismo».
