Díaz propone que los contratos de alquiler sean indefinidos y subir impuestos a pisos turísticos
Sumar pide vetar la compra de pisos en zonas tensionadas para usos diferentes a vivienda habitual o alquiler asequible
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. | Jesús Hellín (Europa Press)
Sumar quiere que el contrato indefinido sea el contrato por defecto para las viviendas en alquiler, como ocurre con los contratos laborales, y que se establezca un régimen sancionador en la Ley de Vivienda para garantizar su cumplimiento.
Así lo recoge la formación en un documento que ha presentado este lunes con sus prioridades presupuestarias para 2025 y en el que, en materia de vivienda y ante la «inacción» de algunas comunidades para aplicar la Ley de Vivienda, propone condicionar el conjunto de ayudas públicas a la vivienda destinadas a las CCAA a que utilicen los instrumentos de esta Ley para limitar los precios del alquiler.
«Hay un problema que es la centralidad, a día de hoy, de la desigualdad. Se llama vivienda. Es el derecho fundamental que no se está protegiendo. El 50% de las personas que tienen un contrato de arrendamiento en nuestro país tienen riesgo de acabar en la exclusión social«, ha denunciado la vicepresidenta segunda e impulsora de Sumar, Yolanda Díaz.
Sumar plantea además mejorar el Índice de Precios de Referencia recogido en la Ley de Vivienda, considerando la mediana de los precios como referencia e incluyendo elementos «objetivables» en los datos de las viviendas para la conformación del índice.
Asimismo, propone topar el precio de las viviendas en alquiler en zonas tensionadas al 30% de la renta de los hogares que alquilan, y prohibir temporalmente la compra de vivienda en zonas tensionadas para usos diferentes a la vivienda habitual o el alquiler asequible.
«El acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho constitucional. Por ello, en la actual situación de emergencia que vive nuestro país, la compra de vivienda no puede tener un fin especulativo», subraya Sumar, que precisa que, para los casos de comunidades autónomas con derecho civil y foral propio, esta medida se ha de tomar respetando sus competencias.
Subir la fiscalidad a los pisos turísticos
Para acabar con los alquileres turísticos ilegales y desincentivar el alquiler turístico en zonas tensionadas, Sumar plantea apoyar mediante recursos «condicionados» a los ayuntamientos y comunidades autónomas para que puedan hacer cumplir la normativa en materia de pisos turísticos y vivienda en general.
Asimismo, pide elevar la fiscalidad estatal de los pisos turísticos para recortar «drásticamente» su rentabilidad, haciendo que tributen al 21% de IVA y que en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades se suprima en el cálculo de sus rendimientos la deducibilidad de los gastos financieros, de amortización y de mejora de la vivienda turística en zonas tensionadas. También en zonas tensionadas, plantea elevar la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en el IRPF en los periodos de no ocupación en el IRPF.
La formación aboga además por revisar la fiscalidad de las socimi para fomentar el alquiler permanente; obligar a las plataformas de alquiler turístico a facilitar información para garantizar el cumplimiento de la normativa y regular el alquiler de temporada y por habitaciones.
En este sentido, reclama que en la Ley de Arrendamientos Urbanos se extienda a los inquilinos de alquiler de temporada y por habitaciones los derechos que ya reconoce a los inquilinos de larga duración; limitar las deducciones en el IRPF a las rentas por arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda a aquellos casos en que éstas se sitúen por debajo del límite máximo establecido en el sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Asimismo, quiere que dicha limitación se amplíe para los beneficios fiscales reconocidos a las socimi por el régimen fiscal especial en el Impuesto sobre Sociedad, y la eliminación inmediata de las Golden Visa.
Sumar apuesta también por reforzar la defensa legal de los inquilinos «frente a los abusos» modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir como causa de oposición la existencia de cláusulas abusivas, establecer una portabilidad real para las hipotecas entre entidades e introducir una hipoteca a tipo fijo regulada.
Defiende, además, la puesta en marcha de un programa de erradicación de los desahucios por hipotecas de primera vivienda mediante el que el Estado se haría cargo de la vivienda y la hipoteca, incorporando la vivienda al parque público, y la familia continuaría en la misma con un alquiler social relacionado con sus ingresos.
Ampliación de la oferta de vivienda en alquiler asequible
Para solucionar el problema de la vivienda de manera estructural, Sumar plantea destinar el 1% del PIB anual a la inversión en parque de vivienda pública de alquiler asequible y no descalificable. Su financiación durante los primeros años correría a cargo de un fondo estatal dotado con 40.000 millones procedentes de créditos blandos procedentes de fondos europeos.
Este fondo tendría como objetivo condicionar a ayuntamientos y comunidades autónomas para que amplíen de forma efectiva el parque de vivienda en alquiler asequible y se distribuiría en función del volumen de tensión en el acceso a la vivienda, se redistribuirá en el caso de no ser utilizado y estará condicionado al desarrollo de diversas actuaciones.
Sumar quiere además que esta legislatura se construyan 500.000 viviendas de alquiler social de entre 400 y 600 euros en aquellas zonas tensionadas donde la movilización de la vivienda vacía sea insuficiente; y cambiar el objeto social de la Sareb con el fin de emplear preferentemente sus activos en la creación del parque público de vivienda para el alquiler asequible.
Subida del SMI y del Iprem
En materia laboral, Sumar subraya que desde el Ministerio de Trabajo se seguirán impulsando medidas para subir los salarios reales y mejorar la distribución de la productividad como la reducción de jornada, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el refuerzo de la negociación colectiva. Para el Iprem, plantea un alza del 5%.
Asimismo, la formación apuesta por reforzar el poder de negociación individual y colectivo de los trabajadores llevando la información económica del Observatorio de Márgenes Empresariales a las mesas de negociación de los convenios colectivos sectoriales.
Con el fin de controlar el precio de los alimentos, aboga por introducir un gravamen para reducir los márgenes excesivos de las grandes empresas de la cadena de producción y distribución que penalice y corrija comportamientos «abusivos y anticompetitivos» y por la creación de un Fondo de Estabilización de Productos Alimenticios Básicos que reduzca las fluctuaciones en los precios ante la volatilidad en las cosechas. También pide una mayor monitorización y regulación de los márgenes empresariales.
En pensiones, pide avanzar en la mejora de las pensiones mínimas y no contributivas, con incrementos superiores a la inflación y, en Función Pública, alzas salariales pactadas con los sindicatos que garanticen su poder adquisitivo, incluyendo una cláusula de garantía salarial.
Sumar también reclama prorrogar para 2025 de las subvenciones al transporte público vigentes en 2024 en sus mismos términos, lo que implica, entre otras medidas, la gratuidad en los desplazamientos recurrentes en trenes de la red de cercanías y de media distancia y en la reducción del 50% de los abonos de transporte urbano.
También plantea desarrollar de un programa público de leasing social de vehículos eléctricos similar al puesto en marcha en Francia, consistente en un alquiler con derecho a compra de 100 euros al mes para vehículos urbanos y de 150 para vehículos familiares para personas con rentas bajas y medias.
