La ley de vivienda dispara las exigencias de los propietarios para acceder a un piso de alquiler

Hasta cuatro mensualidades por adelantado, contratos fijos de más de un año, movimientos bancarios e, incluso, un aval para procurarse una cierta seguridad en los pagos. Los propietarios exigen cada vez más garantías de pago a sus inquilinos ante las crecientes dificultades que perciben para posibles desahucios al amparo de la Ley de Vivienda. Unas prácticas, en algunas ocasiones fuera de la legalidad, que se están convirtiendo en una realidad que va en aumento, según aseguran a THE OBJECTIVE diversas fuentes del sector.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda el acceso a la misma a través de un alquiler está sujeto a limitaciones principalmente respecto a las subidas del precio, con topes máximos, y a los desahucios de personas vulnerables. Estas cuestiones han llevado a los caseros a retirar oferta o, en el mejor de los casos, elevar los requisitos para asegurar la solvencia.

Movimientos bancarios

Por ejemplo, más allá de entregar la documentación que demuestre tener un puesto de trabajo estable que proporcione ingresos fijos todos los meses, pedir los movimientos bancarios a los potenciales inquilinos es una práctica que está comenzando a extenderse, según el sector. «La falsificación de nóminas y contratos de trabajo lleva a los arrendadores a exigir ver los movimientos bancarios antes incluso de enseñar la vivienda en alquiler», según asegura Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona.

La experta apunta que esta práctica «no es ilegal, siempre y cuando se cuente con el consentimiento expreso del inquilino, que deberá firmar una autorización». En cualquier caso, Goenaga opina que «el mercado está tan tensionado que muchos acaban accediendo porque no pueden permitirse dejar pasar la oportunidad de alquilar un piso, dada la elevada competencia que existe: si ellos no lo hacen, otros lo harán», añade.

Requisitos similares a una hipoteca

«Las malas experiencias propias o ajenas están provocando que los caseros se piensen dos veces si alquilar la vivienda o mantenerla cerrada, y los que se deciden por lo primero, extreman las precauciones», comenta la portavoz de Círculo Legal Barcelona. Este exceso de celo ha llegado hasta tal punto que «las garantías que se piden actualmente para alquilar casi se equiparan a las que el banco pide por conceder una hipoteca», afirma Goenaga.

Así las cosas, de un tiempo a esta parte y al calor del aumento de la okupación y del fenómeno creciente de la inquiokupación -cuando el arrendatario paga una o dos mensualidades y deja de pagar-, diferentes actores del sector están observando un endurecimiento de los requisitos que los propietarios exigen a los candidatos a inquilinos para arrendarles su vivienda. De hecho, también empieza a ser cada vez más habitual que el casero exija no sólo un mes de fianza, sino una posible garantía adicional de hasta dos meses de renta y un mes corriente de renta.

Es decir, en la práctica, hablamos de cuatro mensualidades por adelantado. A las solicitudes habituales, como el contrato laboral, se suman ahora los movimientos bancarios, e incluso, la declaración de la renta. En ocasiones, se llega más allá y «se realiza una consulta en bases de datos de morosidad, no solo de inquilinos, sino de otras fuentes que faciliten información sobre cualquier tipo de deuda, pero para ello se necesita también la autorización del inquilino», puntualiza Goenaga.

A juicio de esta experta, la Ley de Vivienda está detrás de este cambio. «La alarma social respecto a la inquiokupación hace que los propietarios traten de blindarse ante un posible impago». Al tiempo, las empresas de protección frente al impago del alquiler crecen en protagonismo.  La incertidumbre entre los propietarios de viviendas en alquiler está provocando un aumento del interés y la demanda de servicios de protección de rentas, ya sea mediante empresas especializadas en el sector como es el caso de Alquiler Seguro o directamente a través de seguros de impago ofertados por aseguradoras. 

Se complica el acceso para los mas vulnerables

En este contexto, con la oferta de vivienda en alquiler reducida en las principales ciudades y el acceso cada vez más complicado, la opción de compartir piso está ganando protagonismo entre diferentes segmentos de edad. Si bien suele ser más común compartir piso en la juventud, al llegar a la jubilación muchos pensionistas se encuentran en la misma situación, viéndose en la necesidad de buscar fuentes extra de ingresos durante su retiro.

Según un informe de Fotocasa, el inquilino medio es una mujer (55%) de entre 18 y 25 años (51%) que busca piso en las provincias de Madrid y Barcelona, donde se concentra el 35% de la demanda, pero solo el 19% de la oferta.