Rebelión en los ayuntamientos: renuncian a fondos UE por errores de gestión del Gobierno
La FEMP remitió en junio un informe a los ministerios de Hacienda y Economía detallando los problemas
La presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al secretario general, Luis Martínez-Sicluna
Los ayuntamientos españoles se han rebelado contra los problemas de gestión por pate del Gobierno de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, conocido como Next Generation. En un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) enviado al Ministerio de Hacienda y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, advierten de que «existen múltiples entidades locales que se encuentran ante la responsabilidad de decidir si intentar ejecutar totalmente los proyectos, o si realizan una renuncia parcial o incluso total, con las penalizaciones asociadas que esto podría conllevar». De hecho, ya hay renuncias en el «programa de entornos saludables».
La situación para las entidades locales es insostenible y la Comisión de Fondos Europeos de la FEMP acordó el pasado 13 de junio proponer a la Junta de Gobierno de este organismo la aprobación de un documento, elaborado en julio, «para informar al Gobierno de las cuestiones que preocupan a las entidades locales en relación con las actuaciones financiadas con los fondos Next Generation y proponer soluciones a las mismas». Este asunto ha sido uno de los temas tratados en la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP, celebrada el pasado día 25, y abordado por la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez y presidenta de la federación.
La FEMP ha decidido, en el ecuador del citado plan, realizar este balance en el momento que ya «se han asignado, prácticamente, casi 20.000 millones de euros a las entidades locales y casi se han resuelto 8.000 millones de euros, sólo de la Administración General del Estado», según se expone en el documento remitido al Ministerio de Hacienda. Desde esta federación se señala que se han mantenido «múltiples reuniones y remitido diversos escritos a ministerios participantes en la gestión del plan justificando la necesidad de ampliaciones de plazos de ejecución y justificación de las inversiones que gestionamos directamente del plan (ayudas al comercio, programa de entornos saludables y modernización de Atenpro)». Algunos logros se consiguieron, como «la exclusión de la aplicación de los intereses de demora a las cuantías a reintegrar de las subvenciones de concesión directa a favor de entidades del sector público estatal, autonómico o local o asociaciones».
Los ayuntamientos aseguran que «han realizado un esfuerzo sumamente importante para canalizar estas ayudas y ejecutar estos fondos en el plazo inicialmente señalado, pero causas sobrevenidas (los diferentes conflictos que estamos presenciando y las problemáticas que está generando en cuanto a retrasos, falta de abastecimiento o alza de precios generalizado), obligan a reajustar las partidas de las inversiones subvencionables y realizar ejercicios de replanificación».
A estos problemas hay que añadir «los retrasos para la entrada en funcionamiento del CoFFEE, el sistema informático y de gestión del Plan de Recuperación, que ha derivado en el retraso de aplicar la herramienta Minerva (fundamental para detectar conflictos de intereses en los beneficiarios de las ayudas) en la fase del procedimiento de contratación establecido en la norma». Esta circunstancia «está provocando que las entidades locales no sean capaces de cumplir con los plazos de ejecución de las inversiones establecidos en las diferentes convocatorias de ayudas».
Como alternativa a esta situación, «la práctica totalidad de los ayuntamientos beneficiarios de ayudas cofinanciadas por estos fondos preguntan sobre la posibilidad de extensión o prórroga y nos transmiten su preocupación con respecto a la imposibilidad de ejecutar y justificar en plazo las ayudas resueltas». La FEMP alerta al Ministerio de Hacienda de que, «a medida que vayan pasando los meses, potencialmente van a ser más los ayuntamientos que se planteen la renuncia de las ayudas, con la posible afectación que esto puede tener al cumplimiento de los hitos y objetivos firmados entre España y la Comisión Europea».
La federación ya ha detectado renuncias en la línea C18.12, «gestionada por esta federación (programa de entornos saludables), en la que se ha registrado un importante número de renuncias ante la imposibilidad de ejecutar en los plazos establecidos, pese a la ampliación de cinco meses concedido por su entidad decisora».
A la vista de esta situación, la FEMP afirma que «existen múltiples entidades locales que se encuentran en estos momentos ante la responsabilidad de decidir si intentar ejecutar totalmente los proyectos, o si realizan una renuncia parcial o incluso total».
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