Los ayuntamientos alertan de un fallo en el reparto de fondos UE que facilita el fraude
La FEMP culpa a Hacienda de los retrasos en el funcionamiento del programa informático que hay obligación de aplicar
Los ministros de Hacienda, María Jesús Montero; y de Economía, Carlos Cuerpo | Alberto Ortega / EP
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha alertado al Gobierno de que los ayuntamientos han estado licitando proyectos con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, conocidos como Next Generation, sin haber podido consultar el programa Minerva, que ha entrado en vigor con retraso. Así lo recoge un informe al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y que la FEMP envió a los ministerios de Hacienda y Economía el pasado mes de julio. El sistema Minerva es el que permite conocer si hay algún conflicto de intereses en los beneficiarios de estas ayudas para así evitar fraudes.
La utilización de esta herramienta es uno de los requisitos fundamentales para poder acceder a las ayudas. El 25 de enero de 2023, el Gobierno publicó la Orden HFP/55/2023, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta normativa «establece la obligatoriedad de emplear la herramienta informática de análisis de riesgo de conflicto de interés, Minerva, a todas las entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales participantes en el plan, así ́ como de todos aquellos al servicio de entidades públicas que participen en su ejecución y de los órganos de control competentes del MRR, a partir del 26 de enero de 2023».
A pesar de que la orden «entró en vigor el 26 de enero de 2023, como consecuencia de incidencias no imputables a las entidades locales, en muchos casos no tuvieron acceso a la plataforma CoFFEE y, por ende, a la aplicación de consulta de Minerva hasta finales de mayo e incluso mediados de junio de 2023», según se expone en el documento de la FEMP.
En esta situación, entidades locales que han participado en diferentes líneas de ayudas del plan «tuvieron que contratar e iniciar la ejecución de sus proyectos entre los meses de febrero y mayo de 2023, con el fin de cumplir los plazos máximos establecidos para la finalización de los proyectos. Careciendo, en ese momento, por motivos ajenos a su gestión, de acceso al procedimiento de análisis de ausencia de conflicto de interés establecido en normativa con rango de Orden ministerial, a la que solo han podido acceder con carácter expost».
Además, advierten de que «hay convocatorias que cuentan con entidades locales beneficiarias con licitaciones iniciadas tras la entrada en vigor de esa orden, pero que en ese momento no eran conocedoras de su participación en un componente del plan, dado que no tenían la consideración de beneficiarias bien porque la convocatoria no se había resuelto o, de otro lado, porque se trataba de entidades que estaban en lista de espera, de manera que su condición de beneficiaria se produce con la actuación finalizada». En este sentido, señalan que el plan permite la participación de proyectos iniciados con posterioridad a febrero de 2020».
Uno de los programas en los que se detectó esta incidencia fue en el de Entornos Saludables (C18.L2). Por ello, la FEMP a principios del ejercicio 2024 remitió una consulta sobre la posibilidad de admitir medidas correctoras, consultas de Minerva expost en la ejecución de los proyectos. Con fecha 13 de febrero de 2024, la Dirección General de Salud Pública y Equidad del Ministerio de Sanidad, como Entidad Decisora del C18.I2, comunicó a la FEMP su valoración de entender como no elegibles las actuaciones cuyos procedimientos de contratación no dispongan de la consulta en la herramienta informática Minerva exante, en aplicación de la Orden HFP/55/2023».
La FEMP entiende que «con esta instrucción se penalizaba a las entidades locales ejecutoras de las ayudas cuando, estas, tal y como se ha expuesto, no han sido causantes de un incumplimiento, sino que no tenían acceso a la plataforma Minerva, y trasladó este asunto a la Secretaría General de Fondos Europeos y a la IGAE para su valoración, solicitando que se ratificara que no se podían denegar los abonos de las ayudas concedidas a proyectos con posibles consultas a Minerva expost por este motivo. Junto a ello, la FEMP recordó su papel de entidad instrumental, en el caso del C.18.I2, entendiendo que carecía de las competencias específicas de un órgano de control con capacidad para definir y, por ende, aplicar las penalizaciones pertinentes en esta situación tan específica».
La Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud envió una comunicación, según se subraya en el informe, «donde se indicaba que, a pesar del contexto de incertidumbre, se decidió no interpretar esos casos directamente como no elegibles, por lo que a partir de esa fecha la FEMP tramitó sus abonos».
Todos estos hechos que dificultan la tramitación de las ayudas, ha llevado a la FEMP a trasladar «la problemática que tienen en estos momentos múltiples entidades locales decisoras y/o ejecutoras de fondos, que no han podido cumplir con la consulta de Minerva exante y la han realizado con posterioridad al comienzo de la licitación de los proyectos (expost)».
La propuesta que hacen al Gobierno es que valore la «posibilidad de emplear la herramienta Minerva con carácter expost en aquellos casos en lo que, como en los descritos, sea consecuencia de la falta de operatividad de la plataforma CoFFEE o, simplemente, hayan sido conocedores de su participación en el plan tras haberse realizado las licitaciones pertinentes. Máxime cuando el propio plan permite la cofinanciación de actuaciones iniciadas con posterioridad al 1 de febrero de 2020. En este caso, el informe Minerva podría acompañarse de otro informe elaborado por el personal responsable de CoFFEE en la entidad local, en el que se motive la imposibilidad de aplicar la herramienta de datamining con carácter exante, de manera que evidencia la ausencia de intencionalidad en la no aplicación de Minerva».
Finalmente, proponen que en la elaboración de ese informe, el personal responsable de CoFFEE, debería reflejar las cuestiones que la Unidad de Asesoramiento en materia de Conflicto de Interés (UACI) en sus FAQ acerca del conflicto de interés en el ámbito del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (publicada el pasado 31 de mayo de 2024).
