Indignación en Moncloa con el «olvido» del juez del 'caso Begoña': «Esto es un golpe de Estado»
El Gobierno insiste en que el juez «prevarica» y le acusa de no remitir el recurso de Begoña Gómez a la Audiencia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sale de un pleno del Congreso de los Diputados en una sesión este mes de septiembre de 2024
Pocas cosas hacen desatar más la ira del Gobierno que la instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. El aplazamiento de la sección 23 de la Audiencia de Madrid sobre el recurso presentado por la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, provocó este lunes una indignación mayúscula en el seno del Ejecutivo, por el «olvido» del juez de instrucción número 41 de Madrid de remitir el recurso al órgano provincial. Desde Ferraz a Moncloa, los dirigentes y miembros del Ejecutivo consultados por THE OBJECTIVE manifestaron su malestar contra el instructor que «ha retenido la causa dos meses» desde la presentación del recurso mismo por parte de la defensa de Gómez, y ahora provoca un retardo de aproximadamente un mes más, según fuentes jurídicas.
«Lleva guardándolo dos meses y ahora justamente se le olvida. ¡Qué casualidad!», denuncian fuentes gubernamentales a este periódico, que atribuyen las «maniobras» del juez Peinado a un intento por atacar al Gobierno. «Esto es un golpe de Estado del poder judicial, de un juez de Madrid, contra el poder ejecutivo», claman fuentes socialistas y gubernamentales sobre el instructor, que no remitió toda la documentación necesaria sobre el recurso de apelación directo que presentó en julio Begoña Gómez. Los magistrados de la Sección 23 suspendieron este lunes la deliberación para decidir sobre el archivo de la causa porque les faltaba el recurso de la defensa contra el auto de Peinado el pasado 1 de julio que, a su juicio, «tiene relevancia para la deliberación».
El recurso de la defensa de Gómez ante el órgano provincial se fundamentó en el carácter «prospectivo» de la investigación del juez Peinado, quien emitió un auto el 1 de julio a instancias de la defensa de Gómez, que exigía saber el motivo y las actuaciones que eran objeto de la investigación. Peinado respondió que se investigaban «todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España, que se contiene en la denuncia inicial».
«Peinado busca estirar la causa. Blanco y en botella»
Dos meses después de ese recurso y después de rechazar la solicitud de Gómez de pronunciarse sobre el archivo de forma urgente, los jueces de la sección 23 dictaron una resolución el 12 de septiembre instando a Peinado a remitir el «testimonio íntegro», junto con la documentación completa de la causa. Según el Ejecutivo y el PSOE, esta es la constatación de que el juez busca retener la investigación para «estirar» la causa. «Blanco y en botella», sentencian desde Moncloa. Como adelantó THE OBJECTIVE, el presidente Sánchez cuenta con ganar la batalla judicial contra Peinado, que archive parcialmente la causa y delimite el objeto de los hechos investigados. Pero fuentes del tribunal aseguran a este periódico que existe un «amplio sentir» de la sección 23, que tendrá que dirimir sobre estos hechos y que es partidaria de que continúe la investigación del juez Peinado y contraria al archivo de la misma.
Los ánimos en el Ejecutivo están más caldeados que nunca tras la jornada de ayer. No sólo acusan al instructor de «prevaricar», como vienen haciendo en privado desde hace meses, sino que le atribuyen un ánimo político y partidista que persigue «doblegar al Gobierno» y que «pretenden ganar en los juzgados lo que no ganaron en las urnas». Las fuentes consultadas explican que el supuesto error en el traslado de la documentación no es un olvido sino un acto deliberado por parte de «un juez que está siendo cuestionado por la Fiscalía y que le pide que deje el caso». Precisamente el Ministerio Público presentó un segundo recurso ante la Audiencia Provincial contra la «deriva procesal» del instructor, quien estaría dirigiendo una «causa general» sin aclarar el objeto de la investigación. Un recurso alineado con la defensa de Gómez, cuyo eje central es la existencia de una «investigación prospectiva» que no tiene encaje jurídico en el sistema penal español.
Óscar López: «Un montaje político»
La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid podría archivar la causa, como esperan en Moncloa, dar vía libre al instructor para que continúe con la causa o solicitar a Peinado que se acote la investigación, tal y como exigió el abogado de Gómez, Antonio Camacho, en su escrito antes del verano. En sus 53 páginas, el letrado sostuvo que el juez pudo cometer el delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas en el momento en el que las pesquisas eran aún unas diligencias previas. Y señaló que Peinado habría trasladado a las acusaciones populares –Vox, Movimiento de Regeneración Política de España y Manos Limpias– esas actuaciones procesales, propiciando su publicación en diferentes medios de comunicación.
A la espera de la decisión que tome el tribunal, y que podría demorarse un mes más, el Gobierno ya ha iniciado una ofensiva contra el juez, dando por hecho que cualquier decisión que no sea un archivo de la causa será interpretada como un caso del lawfare contra Begoña Gómez. En una entrevista a la Sexta, el ministro de Transición Digital y Función Pública, Óscar López, habló de la instrucción de Peinado como «un montaje político» y confió en que «triunfe la justicia, el sentido común y la verdad. Todo este caso es un montaje político desde el minuto cero (…) Han montado una campaña política de acoso y derribo al presidente del Gobierno porque han sido incapaces de derrotarlo en las urnas». Un aperitivo de la respuesta del Gobierno cuando se produzca la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid.
Moncloa espera que se admita la querella de Sánchez
Aún en el caso de que la Audiencia Provincial respaldara a Peinado, el Gobierno tiene esperanzas en las dos querellas contra el juez Peinado presentadas por parte de Begoña Gómez y Pedro Sánchez, que se estudian en paralelo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Gobierno cree que ambas se resolverán de forma inminente en las próximas semanas, aunque en Moncloa creen que la presentada por el presidente tiene más visos de prosperar tras el «gran error» de Peinado de «forzar la declaración de Sánchez» acudiendo al Palacio de la Moncloa, según fuentes gubernamentales. La defensa del presidente del Gobierno, que sostiene que Peinado prevaricó por citarle a declarar como testigo en la causa y personarse en Moncloa para tomarle declaración. La Fiscalía ya informó a favor de que se admitiera a trámite esta querella por considerar que el instructor forzó la declaración presencial en Moncloa de forma irregular.
Hace diez días la Fiscalía remitió un escrito a la Sala Civil y Penal del TSJM solicitándole toda la causa del juez Peinado, sus actuaciones y providencias antes de que el alto tribunal de Madrid se pronuncie sobre si procede o no la admisión a trámite de las mismas, lo cual supondría dar un primer paso hacia la imputación del instructor por delitos de revelación de secretos y prevaricación continuada. Este movimiento del Ministerio Público para conocer de forma «íntegra» las actuaciones del juez Peinado y tener conocimiento «pleno» antes de pronunciarse fue interpretado de forma positiva por el Gobierno ante el carácter excepcional de la solicitud.
