Junts plantea la primera ley electoral catalana para poder celebrar «referendos digitalmente»
En una ponencia con vistas al congreso del partido se pide también la transferencia de las competencias en ciberseguridad
Junts per Catalunya sigue priorizando las políticas digitales para lograr una «soberanía» de facto en Cataluña. En una de las ponencias que someterá a votación en su congreso de finales de octubre en Calella, y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, plantean «impulsar una ley electoral digital catalana que contemple la celebración de votaciones, consultas y referendos digitalmente». Esta propuesta es inédita porque Cataluña es la única comunidad autónoma sin una ley electoral propia debido a la falta de entente entre partidos sobre cómo ponderar el voto, y se rige por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
La ejecutiva nacional de Junts ha aprobado tres ponencias para que se discutan y se presenten enmiendas los próximos 25, 26 y 27 de octubre. La segunda ponencia, titulada El país que volem (El país que queremos), cuenta con el apartado de «alcance nacional» donde desarrollan todas las políticas de transformación digital que se deberían desplegar en la región. Estas ponencias abarcan la hoja de ruta a seguir como partido, su «modelo de país» y cómo se regularán orgánicamente después de que con toda probabilidad Puigdemont sea designado presidente de Junts.
En la misma línea, en el apartado «de relación con España y la UE», instan a «reclamar las competencias plenas para la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña» con el fin de «garantizar la protección de la Administración pública catalana, las administraciones con competencias municipales y las infraestructuras y elementos esenciales de Cataluña, siguiendo las líneas establecidas por las Directivas Europeas».
Esta nueva Agencia de Ciberseguridad de Cataluña debe tener «competencias plenas en materia de comunicaciones, telecomunicaciones y seguridad pública y de la capacidad de interlocución directa con la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA)». Su objetivo, explican en la ponencia, es que «Cataluña tenga representación en los principales organismos internacionales del sector», como es la BEREC, ERC, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad o ITU.
«Embajadas de datos»
En el texto lamentan que «el actual Govern, a diferencia de la mayoría de gobiernos europeos, no disponga de una Consejería específica en materia de Políticas Digitales para hacer frente a este reto global tan trascendente para el futuro económico, social y nacional de nuestro país».
Como informó este periódico, tras la salida de Junts del Ejecutivo con ERC el Gobierno en solitario de Pere Aragonès suprimió la consejería de Políticas Digitales. Y el actual Gobierno de Salvador Illa tampoco la ha recuperado. En los tiempos del Gobierno de coalición de ERC y Junts dicha consejería estaba en manos de Jordi Puigneró, quien quiso impulsar una «república digital catalana».
De cara a su congreso, Junts insiste en estas políticas. En la ponencia mencionan su «apuesta clara para un país digital» que, entre otras acciones, desarrolle un e-govern que «incluya la creación de embajadas en centros de datos de nivel 4 situados fuera de Cataluña para garantizar la máxima seguridad». Junto a ella, piden avanzar en la aplicación completa de la Identidad Digital Catalana y establecer un sistema de voto electrónico, siguiendo el ejemplo de otros países de la Unión Europea».
Votar electrónicamente
Al asumir la cartera de Políticas Digitales, Puigneró elaboró un plan para crear una «república digital» como un «acelerador de derechos y libertades» que diera herramientas a los ciudadanos «para protegerse de los abusos» que, a su juicio, «Estados como el español quieren ejercer sobre ellos».
Este despliegue digital se truncó cuando ERC gobernó en solitario. La ponencia, rubricada por Damià Calvet, Anna Erra y Eduard Pujol, entre otros, pretende relanzar una digitalización que también serviría para, si se dan las condiciones, poder celebrar un referéndum de autodeterminación sorteando el veto de las autoridades españolas.
En 2023 el Tribunal Constitucional tumbó la tentativa de crear una «república digital catalana» y avaló el decreto-ley del Gobierno para controlar de forma transitoria las comunicaciones electrónicas en situaciones que pudieran afectar a la seguridad nacional. Pero Junts busca que, de forma negociada, algunas de estas competencias se transfieran a Cataluña.