Así logró Sánchez que PP y Vox votaran a favor de reducir la condena a presos de ETA
El Congreso aprobó por unanimidad el pasado 18 de septiembre la modificación de una ley que beneficia a 44 etarras
El pasado 18 de septiembre, el Congreso aprobó por unanimidad (346 votos a favor, solo cuatro diputados simplemente no votaron) la modificación de la ley que permite el intercambio de antecedentes penales en la Unión Europea. Dicho día, la noticia no supuso nada más, una votación recogida por los medios de comunicación que suponía la modificación de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la UE que busca adecuar la normativa española a la europea. Lo que no se supo entonces es que Pedro Sánchez había logrado que PP y Vox, entre otros, votaran ‘sí’ a favorecer a presos de ETA. Y en THE OBJECTIVE te vamos a contar cómo lo consiguió.
Ha sido El Confidencial el que este lunes ha destapado la estrategia de Moncloa. Dicho medio ha publicado en primicia que el Gobierno coló en esa votación una reforma exigida por Bildu que, de salir adelante, permitiría reducir la condena de prisión de unos 44 presos de ETA que habían estado encarcelados en Francia. En concreto, se trata de la modificación de la ley orgánica 7/2014 citada en el primer párrafo de la presente noticia. ¿Cómo pudo ser que ningún partido se diese cuenta de este pequeño detalle y todo fuesen votos a favor? Es una respuesta que solo dichas formaciones conocen.
Así, gracias a entre otros los ‘síes’ de Partido Popular y Vox, históricos presos de la banda terrorista ETA saldrán antes de la cárcel. Un ejemplo es el de Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco, que verá cómo su condena se reducirá en seis años (el tiempo que estuvo preso en Francia) y, de salir adelante la modificación de la ley, el etarra podrá salir de prisión en tan solo unos meses. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) calcula que en total se perdonarán unos 400 años de cárcel a 44 terroristas y siete saldrían en libres en unos meses.
Tal y como apunta El Confidencial, la jugada del Gobierno se produjo cuando la norma pasó por la Comisión de Justicia. En ese momento ya se habían realizado los dos retoques que a la postre significaron fundamentales para que el Gobierno y Bildu lograsen su objetivo, pero nadie se dio cuenta. El primero fue la derogación de la disposición adicional única introducida por el PP de Rajoy en el Senado con la que se quería impedir que los condenados antes de agosto de 2010 pudieran beneficiarse del nuevo cómputo más favorable; mientras, el segundo, fue una modificación del artículo 14.1 de la ley:
Las condenas anteriores firmes dictadas en otros Estados miembros contra la misma persona por distintos hechos surtirán, con motivo de un nuevo proceso penal, los mismos efectos jurídicos que las condenas anteriores firmes dictadas en España. Esta equivalencia de efectos jurídicos se aplicará en la fase previa al proceso penal, durante el propio proceso y con ocasión de la ejecución de la condena impuesta.
Esta modificación, introducida en el debate de la ponencia en la Comisión de Justicia y que se aprobó el 10 de septiembre, no llamó la atención de ningún partido. De hecho, tras el debate, la misma fue aprobada con 34 votos a favor y tres abstenciones (de Vox), pero como recuerda El Confidencial su ‘no’ se debió por el rechazo a un Gobierno que preside un «autócatra». Y ha sido lo que a la postre ha servido para que el Gobierno ceda ante los intereses de Bildu, uno de sus socios prioritarios.