Ábalos, 'el jefe', recibió pagos por sus gestiones con las mascarillas y la licencia de Villafuel
La UCO ratifica, como adelantó TO, que el exministro disfrutó de un inmueble pagado por la trama
Ilustración de Alejandra Svriz.
Víctor de Aldama no solo llegó a las estructuras del Ministerio de Transportes, también extendió su trama corrupta a otros departamentos ministeriales y organismos. Para ello, su red utiliza sobornos y el tráfico de influencias para extender sus prácticas delictivas y obtener beneficios económicos. Numerosos cargos, incluidos ministros, cayeron en su red.
Así lo confirma el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con fecha de 8 de octubre. En esta investigación se confirma que Koldo García, asesor del exministro de José Luis Ábalos, recibía pagos mensuales de 10.000 euros. Los abonos incluso continuaron llegando tras ser cesado, junto a su jefe, en julio de 2021. La Guardia Civil también apunta que Ábalos recibió contraprestaciones. La forma en la que se refería la red corrupta al actual diputado y ex ministro era El jefe. Mientras, el alias de Koldo García era Grandu o El Grandullón y el de Pedro Sánchez, El 1.
La investigación de la UCO a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE deja patente que el primer encuentro entre el comisionista De Aldama y Koldo tuvo lugar en agosto de 2018. El primer pago al asesor de Ábalos tiene lugar el 18 de octubre de 2019. En esa fecha, De Aldama creó una nota en su dispositivo móvil donde parece reflejar un desglose de gastos entre los que se encuentra Grandu (Koldo).
De Aldama y el binomio Koldo-Ábalos
La UCO sitúa a De Aldama como el elemento corruptor que conecta con las administraciones para obtener beneficios económicos y «pagar contraprestaciones en forma de coimas». Gracias a las intervenciones telefónicas y el análisis del móvil la Guardia Civil ha podido esbozar la estructura de la organización criminal.
Destaca el informe que «la relación causa-efecto entre las gestiones solicitadas por Aldama y las contrapartidas obtenidas por Koldo y Ábalos -el binomio- es evidente». Ábalos disfrutó de una vivienda, denominada la casa de La Alcaidesa que guarda una vinculación directa a los contratos públicos adjudicados a Soluciones de Gestión y con los trámites y de habilitación como operadora a la empresa Villafuel. Claudio Rivas -Villafuel- pagó los gastos derivados de la adquisición del inmueble. Sin embargo, cuando las gestiones de Koldo García para obtener una licencia resultó fallida, Rivas dejó de pagar el inmueble que disfrutaba Ábalos.
Como informó en exclusiva THE OBJECTIVE, la trama de los hidrocarburos, por la que ha sido detenido esta semana el comisionista Víctor de Aldama, premió con un chalé en Cádiz al exministro José Luis Ábalos. La compra del inmueble fue a cambio de conseguir por parte del Gobierno una licencia para la venta de combustible a la operadora Villafuel. Una dádiva que se camufló bajo el paraguas de un contrato de compraventa al entonces hombre de confianza de Pedro Sánchez.
La adquisición del chalé se produjo tras una serie de reuniones entre los cabecillas del caso Koldo y la trama de los hidrocarburos, desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2021, tanto en el despacho de Aldama como en los Ministerios de Transportes e Industria. En ese periodo, la sociedad cuya apoderada es María Luisa Rivas, hermana de Claudio Rivas —socio de Aldama— logró obtener la mencionada licencia. El pasado lunes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo una macrooperación en la que fueron detenidos Aldama y Claudio Rivas.
Cuando comenzaron las negociaciones, en septiembre de 2020, el exministro Ábalos ya planeaba que uno de los beneficios que recibiría sería un chalé en la urbanización La Alcaidesa, situada cerca de Sotogrande, en Cádiz. En los correos electrónicos que son parte de la investigación del caso Koldo, Ábalos sugirió a su asesor varias propiedades en dicha urbanización.
El entonces titular de Transporte firmó un contrato de arrendamiento de una vivienda en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz) con opción a compra. El convenio estipulaba que la renta mensual debía ser de 2.500 euros. Sin embargo, el apartado decimotercero establecía que: «El arrendatario-optante podrá ejercitar la opción de compra al cumplirse cinco años del arrendamiento, el 1 de julio de 2026 o en un plazo anterior a estos cinco años, siempre de mutuo acuerdo». La propiedad estaba valorada en 665.000 euros.
