El Gobierno confía en que García Ortiz salga indemne: «En vez de al ladrón, imputan al fiscal»
En Moncloa se muestran seguros de que «si no hay pruebas» de la filtración, «no hay delito»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. | Agencias
El Gobierno cree que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, terminará la legislatura en el cargo y, lo que es más importante, exonerado de culpa por el Tribunal Supremo. En Moncloa desdeñan la investigación que ahora se abre tras la inédita imputación del alto tribunal a un Fiscal General, y la enmarcan en una estrategia coordinada con el PP para erosionar al Gobierno y a las instituciones nombradas por el mismo: «Esto durará un rato. Lo que quiera el PP sacarle a jugar». De esta forma vinculan la histórica decisión del alto tribunal con la estrategia del PP de minar la credibilidad del Ministerio Público, que confían en que quedará intacta cuando concluya la instrucción.
«Esto no va a durar dos años», apuestan en el palacio de La Moncloa ante la claridad, a su juicio, que aportan los hechos. «No lo van a condenar. Si no hay pruebas, no hay delito», manifiestan las fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE sobre la presunta filtración de información confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a un medio de comunicación. El único documento que puede ser objeto de investigación judicial es la carta publicada en su día por la Fiscalía revelando secretos de un contribuyente.
«En vez de al ladrón, imputan al fiscal»
«En vez de al ladrón, imputan al fiscal», denuncian con sorna desde el Palacio de la Moncloa, donde alaban la valentía de García Ortiz con una defensa cerrada de su actuación. En un perfil más institucional, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, compareció al término del pleno en el Congreso de los Diputados para manifestar su «total respaldo» al Fiscal General y defender su actuación en aras de la lucha contra «los bulos». «¿De verdad puede ser un delito contar la verdad?», se preguntó de forma retórica Bolaños tras la decisión adoptada por unanimidad en el Supremo.
Según Bolaños, «la Fiscalía cumplió con su deber, perseguir el delito y proteger la verdad», cuando el entorno de Ayuso distribuyó «una información incierta diciendo que es la Fiscalía quien intenta el acuerdo con el delincuente confeso». El notario mayor del reino, que se ha erigido en uno de los principales arietes contra la labor de los jueces en los últimos meses, aseguró que «entre delincuentes confesos y fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad».
Tanto en público como en privado, el Gobierno prioriza la información ofrecida por el Fiscal para desmontar «el bulo de Ayuso» a las leyes que garantizan la privacidad de las comunicaciones de González Amador, cuyos correos electrónicos negociando un pacto de conformidad fueron filtrados a eldiario.es. «Lo que se está investigando no es más que contar la verdad. La Fiscalía se defendió de una mentira que dijo la señora Ayuso», sostuvo Bolaños.
Imputación del fiscal… cuenta atrás para Ábalos
El titular de Justicia tuvo que encajar este miércoles un golpe judicial que estaba «asumido» por el Ejecutivo. «Ya lo sabíamos y lo importante es que no lo vamos a cesar», afirman con vehemencia en el Ejecutivo. La imputación de García Ortiz llega el mismo día en que la Fiscalía Anticorrupción solicitó al Supremo la imputación del exministro José Luis Ábalos por delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal, lo cual inicia la cuenta atrás para que el juez de la Audiencia nacional, Ismael Moreno, eleve una exposición razonada al alto tribunal para que le impute por su implicación en el ‘caso Koldo’ y la trama de los hidrocarburos.
El pasado 14 de marzo, la Fiscalía General del Estado publicó una nota informativa para desmentir una información publicada la noche anterior, que informaba que el Ministerio Público había ofrecido un pacto de conformidad a la pareja de Ayuso. La cúpula fiscal recabó los correos que intercambiaron el fiscal del caso y el abogado del empresario para redactar un desmentido a través de un comunicado. El texto detallaba la cronología de las diligencias practicadas que, conforme a la ley, deben ser confidenciales. En el comunicado se afirmó que quien propuso el pacto a la Fiscalía fue el propio González Amador. Posteriormente, Álvaro García Ortiz, asumió en primera persona la decisión de revelar esas comunicaciones para desmentir la noticia «falsa».
