Las cintas del 'Delcygate' de las que Koldo no habla «ni muerto» siguen bajo custodia judicial
El juez Moreno podría reclamar las imágenes depositadas en los juzgados de Plaza de Castilla como pieza de convicción
Las imágenes inéditas del encuentro entre el exministro José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas durante la noche del 20 de enero de 2020 siguen bajo custodia judicial en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Mientras tanto, Vox ha pedido que se reabra la causa tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El magistrado Antonio Serrano-Arnal, al frente del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, decidió requerir las cintas a Aena que el propio Ábalos quiso destruir en los primeros compases del escándalo, según desveló esta semana THE OBJECTIVE. Si bien el juez archivó luego las diligencias sobre el Delcygate, también decidió proteger esta prueba que la empresa pública que gestiona los aeropuertos mantenía en su poder.
Fue a mediados de 2022 y para ello le dio la condición de pieza de convicción, que es una figura jurídica con la que se protege todo aquel objeto relacionado con un delito investigado que, eventualmente, pueda servir para formar el convencimiento del juzgador acerca de la realidad de lo ocurrido. Se suele recurrir a ella en las investigaciones sobre sucesos y son relevantes porque son irrepetibles y corresponden sin alteraciones al momento en que se cometieron los hechos investigados.
Las cintas podrían ser claves para desentrañar una parte del caso Koldo. El asesor de Ábalos ya dijo a principios de abril de este año en una entrevista en El Mundo que, de lo que pasó aquella noche de hace casi cinco años en Barajas, no quiere «hablar ni muerto», aunque defendió que Ábalos «hizo lo que tenía que hacer para salvar a muchas empresas españolas en Venezuela y no se quedó ninguna maleta ni hizo nada ilegal».
Las imágenes se encuentran en el depósito judicial de los juzgados de Plaza de Castilla, donde se custodia todo el material vinculado a las investigaciones que tienen la mencionada condición de piezas de convicción. El juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cuenta con herramientas procesales para solicitarlas, bien a través de una providencia, un mandamiento o un exhorto. Se trata de una herramienta simple.
El vídeo de aquella noche no lo ha visto nadie, ni siquiera el juez instructor que archivó el Delcygate en noviembre de 2020. Las imágenes iban a ser destruidas, hasta que el juzgado madrileño asumió la competencia y decidió que había que esperar a que el sobreseimiento sea libre o prescriba el delito para poderlos destruir definitivamente.
Ábalos llegó al aeropuerto al filo de la medianoche en un vehículo conducido por su entonces asesor de confianza, Koldo García. Luego se ha sabido que también estuvo a pie de pista Víctor de Aldama, quien gestionó directamente con Delcy la visita a España a pesar de que existían sanciones europeas contra ella. El exministro subió a un avión privado procedente de Caracas y permaneció dentro del aparato con la vicepresidenta venezolana bastantes minutos. Luego bajaron todos y se dirigieron a la terminal VIP de Barajas, donde se produjo una nueva conversación.
Tras ello, el titular de Fomento abandonó el aeropuerto mientras que Koldo se quedó vigilando a la delegación venezolana para que no abandonase el lugar en esa madrugada. Finalmente, Delcy fue llevada en un vehículo a la T-4 y a las 08.20 horas se subió a un avión comercial con dirección a Doha, donde hizo transbordo para dirigirse a Ankara, la capital turca, donde empezó una visita oficial.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) fue el primer organismo en tirar de la manta cuando incluyó un polémico párrafo en su informe del pasado mes de febrero que dio inicio al caso Koldo. «Ciertamente, se ha escrito mucho sobre el señor García Izaguirre, sobre las instrucciones en la compra de mascarillas (especialmente en Canarias) y sobre Soluciones de Gestión, pero no deja de ser sorprendente que se haya publicado sobre la presencia del propio sr. Víctor De Aldama en el aeropuerto en el mismo día del denominado Delcygate», afirmó la entidad adscrita a la Agencia Tributaria. Sin embargo, añadió a renglón seguido que no se incluía «ningún enlace al respecto».
Air Europa había prometido 4,6 millones de euros a Aldama si lograba recuperar 185 millones retenidos en Venezuela. El pacto fue firmado el 17 de septiembre de 2019 y expiraba el 31 de diciembre de ese mismo año. La comisión prometida solo se pagaría si Air Europa lograba recuperar el montante íntegro y lo tenía a su libre disposición, de lo que no hay constancia. Pero el vuelo de Delcy Rodríguez se produjo a los 20 días del final del plazo y del aparato se descargaron alrededor de 40 maletas, por lo que ahora se abre la hipótesis de que en su interior fuese el pago, total o parcial, del régimen de Nicolás Maduro a la aerolínea de la familia Hidalgo.
El Gobierno se negó a publicar las imágenes
La legislación en materia de protección de datos obliga a destruir las imágenes que captan las cámaras de videovigilancia pasado un plazo de tiempo, según recordó El Confidencial hace dos años. La primera decisión sobre custodiar los vídeos se tomó apenas unos días después de los hechos. La unidad adscrita a los juzgados de la Policía dio instrucciones a Aena para que preservara las imágenes al formar parte de una investigación judicial. El juzgado madrileño preguntó al Tribunal Supremo qué hacer con el material filmado aquella noche. El alto tribunal contestó que no era su competencia y la decisión volvió al magistrado.
Las imágenes se reclamaron en varias ocasiones a través del Portal de Transparencia una vez archivado el caso, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez se negó a hacerlas públicas apelando al riesgo de facilitar detalles sobre el aeropuerto a grupos terroristas o para no enturbiar las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela. El partido Vox, personado en la causa, recurrió en un primer momento el archivo ante el Tribunal Constitucional, donde ni siquiera se admitió a trámite. En consecuencia, en abril de 2022, el juez instructor levantó la obligación a Aena de preservar los vídeos.
Sin embargo, desde el juzgado de Serrano-Arnal se procedió a pedir las cintas y declararlas pieza de convicción bajo su custodia. La causa que se instruyó en los juzgados madrileños acusaba a los funcionarios por prevaricación y desobediencia. El artículo 404 del Código Penal castiga la prevaricación de funcionario público con hasta 15 años de inhabilitación. Además, la ley marca la misma cantidad de años para la prescripción del delito, por lo que, en principio, las cintas del Delcygate no deberían ser destruidas hasta 2035. Pero ahora, con el caso Koldo y el último informe de la UCO sobre Ábalos, se abre la puerta al visionado de estas imágenes.