El PP denuncia la arbitrariedad de Armengol y pide unificar el criterio sobre las injurias
Los ‘populares’ presentan un escrito de queja y amparo en el Congreso para mantener «el decoro» en la Cámara
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado. | EP / Alberto Ortega
El Grupo Parlamentario Popular ha estallado ante lo que considera una actitud «arbitraria e imparcial» de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en la moderación de los debates en la Cámara Baja. El portavoz popular, Miguel Tellado, ha presentado formalmente un escrito de queja y amparo, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en el que pide «la adopción de las decisiones que, de conformidad con la Constitución y el propio Reglamento de la Cámara, resulten procedentes para garantizar el respeto a la pluralidad, la neutralidad de la Presidencia del Congreso en el ejercicio de sus funciones de ordenación de los debates y preservar el decoro de la Cámara» y «corrija los criterios de retirada de expresiones».
Los populares aseguran que «ya en su primera intervención como presidenta del Congreso de los Diputados, el 17 de agosto de 2023, Francina Armengol mostró que su elección para ejercer tan alta responsabilidad como presidir el Congreso de los Diputados iba a ser distinta a la de sus predecesores. Sentó las bases de lo que sería su presidencia, ajena al papel institucional que como representante de todos los diputados se le había otorgado y del papel moderador que debía ejercer. Dieciséis meses después, la ausencia de neutralidad y la arbitrariedad en sus decisiones es ya la norma habitual en su devenir institucional».
En las ochenta y una sesiones plenarias celebradas hasta el momento, el Grupo Popular considera «difícil encontrar de la lectura de los diarios de sesiones, alguna en la que no se haya producido algún conflicto, -siempre con los diputados de la oposición-, por su actitud partidista en ejercicio de la función moderadora de ordenación de los debates. Es incontestable su laxitud en la interpretación del Reglamento cuando atañe a los miembros del Gobierno, los diputados de su Grupo Parlamentario, el socialista y los grupos que apoyan al Gobierno. Hay decenas de ejemplos, y la rigidez e interpretación de parte cuando se trata de censurar argumentos expuestos por este grupo parlamentario».
En el escrito subrayan que «las situaciones que generan sus decisiones arbitrarias, el seguidismo a las instrucciones del Gobierno y la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al Reglamento e incluso a la Constitución, no han hecho más que contribuir al deterioro de la imagen y el prestigio de la Cámara, abundando en la mayor degradación de la política española desde la Constitución de 1978».
A lo largo del tiempo de su Presidencia, el Grupo Popular señala que «ha presentado varias quejas y solicitudes de amparo a la Mesa de la Cámara reclamando de ella que asuma de una vez por todas el papel que le corresponde, desprendiéndose de su militancia a la hora de presidir las sesiones y ordenar los debates. De todas esas quejas y reconvenciones siempre hemos recibido las mismas respuestas: corresponde a la Presidenta la ordenación de los debates, la interpretación del Reglamento y, además, sus decisiones son inapelables».
Unas respuestas «que se apartan de lo que se espera de una institución democrática, ubicándose ella misma en un terreno exento del Estado de derecho, lo cual es inadmisible. Siendo muchos los precedentes que avalan su postura arbitraria y de parte, en esta ocasión debemos referirnos a lo acaecido en la sesión plenaria del pasado 20 de noviembre, en la que el diputado Alberto Ibáñez Mezquita, del Grupo Plurinacional Sumar, calificó de «psicópata» al presidente de la Generalitat Valenciana, ante la pasividad de la Presidencia del Congreso de los Diputados, que no tuvo a bien cumplir con su obligación reglamentaria e instar al diputado a retirar dicha afirmación».
Ante «esta omisión del deber de la Presidencia, la secretaria general de nuestro grupo, Macarena Montesinos, pidió la palabra al final de la sesión, de acuerdo con los artículos 72.1 y 103 del Reglamento de la Cámara, para pedir la retirada de ese término claramente ofensivo al decoro de una Institución del Estado. En la práctica a la que ya nos tiene acostumbrados, la presidenta se comprometió a revisar posteriormente los insultos que se hubiesen proferido y quitarlos del Diario de Sesiones».
Tellado insiste en que «ya hemos denunciado en otras ocasiones la inoportunidad de esta costumbre de ejercer como presidenta del VAR, juzgando a posteriori las palabras proferidas por los intervinientes, ya que significa, por un lado, abdicar de las responsabilidades de observancia y orden del debate que le confieren los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso y, por otro, eliminar dos posibilidades que el artículo 104 otorga al orador: de un lado, acceder a retirar sus palabras voluntariamente a requerimiento de la Presidencia y, del otro, exponerse a una llamada al orden y a una eventual expulsión».
Al efectuar la revisión de «las palabras ofensivas con posterioridad al debate, exime a la Presidencia de dar la cara ante el Pleno de la Cámara, enunciando públicamente cuáles son los conceptos que considera ofensivos y que, bajo ese criterio, serán retirados y eliminados del Diario de Sesiones. Una semana después del incidente relatado, con la publicación del Diario de Sesiones de dicha sesión plenaria, el 28 de noviembre, hemos comprobado con sorpresa cuál ha sido el criterio empleado por la Presidencia para retirar conceptos ofensivos».
Los populares señalan que «el Diario de esta sesión incluye hasta 22 expresiones retiradas por la Presidencia. Estas 22 expresiones retiradas, además de exponer una curiosa distribución (13 al Grupo Popular, cuatro al Grupo Vox, dos al Grupo Sumar, dos al Grupo Mixto, uno al Grupo Socialista y 0 al Gobierno), no solo alcanzan a la denunciada por el Grupo Popular de ‘psicópata’ referida al presidente de una comunidad autónoma, sino que se extienden hasta palabras como ‘títere’,’esperpento’, ‘negligente’ o ‘mentiroso’ y a expresiones como la señora Ribera huye de este Congreso‘».
Esta decisión, «tan sorprendente y arbitraria, parece responder a una reacción pueril de intentar castigar de algún modo al Grupo que denunció la pasividad de la Presidencia ante una de las 22 expresiones señaladas que sobrepasa, con mucho, la gravedad del resto. Más allá de los juicios de valor y acusaciones de tipo político que los distintos grupos parlamentarios puedan intercambiar entre ellos y con miembros del Gobierno, la calificación de un presidente como ‘psicópata’ desborda cualquier tipo de límite en el debate político y denigra gravemente el decoro de la institución parlamentaria», insisten en su escrito.
A la vista de esta situación descrita, el portavoz popular manifiesta su queja «por la actuación y la dejación de sus obligaciones de moderadora imparcial de los debates por parte de la presidenta de la Cámara y solicito amparo, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el Reglamento del Congreso, a la Mesa».
Los populares reclaman a Armengol, como primera medida, que «corrija los criterios de retirada de expresiones, utilizados de forma arbitraria e inédita en el Diario de Sesiones del pleno del 20 de noviembre, manteniendo solo la retirada de las expresiones especialmente graves y sin precedentes que fueron pronunciadas en dicha sesión. En segundo lugar, que se rectifiquen las actitudes partidistas y adopte las medidas que resulten procedentes para preservar las funciones del Congreso de los Diputados y la imparcialidad de la presidencia de la Cámara (ex art. 66.1 CE) y así mismo, para amparar los derechos de los diputados del Grupo Parlamentario Popular».
Finalmente, exigen que «la Presidencia aplique los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Cámara, respetando su literalidad y espíritu, que no dejan margen para la interpretación, sino que son de directa aplicación, de tal modo que ante los constantes insultos, injurias, calumnias y faltas de respeto por parte de determinados miembros del Gobierno y representantes de los grupos parlamentarios que lo apoyan, adopte las medidas disciplinarias oportunas para proscribir tales actitudes».
