La UCO aportará «pruebas concluyentes» del pago de comisiones de constructoras a Ábalos
La Guardia Civil está en condiciones de aportar esta documentación directamente ante el Tribunal Supremo
José Luis Ábalos.
Dijo la verdad José Luis Ábalos cuando afirmó que la causa de las mascarillas era el «chocolate del loro». Fue el 28 de febrero en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, en la que afirmó: «Todo lo que gestiona el ministerio, que son las infraestructuras, donde efectivamente ahí se mueve muchísimo dinero y nadie me ha podido decir nada al respecto. Me tienen que ir al chocolate del loro. ¿Qué representa eso de las mascarillas respecto al volumen de contratación que tiene el ministerio de 13.000 millones de presupuesto? ¿Y es ésta cosa?». Diez meses después, Ábalos está expulsado del PSOE, investigado por la Justicia por «pertenencia a organización criminal» y a las puertas de declarar ante el Tribunal Supremo el próximo 12 de diciembre. Y el trozo grande del pastel, la parte central de la investigación sobre el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE, es el presunto cobro de comisiones de constructoras a cambio de la adjudicación de obra pública. Algo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva meses investigando, como adelantó THE OBJECTIVE hace tres meses, y sobre lo que ha recabado «pruebas concluyentes» de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas del sector de la construcción, que presuntamente habrían pagado comisiones al exministro José Luis Ábalos.
Fuentes de la investigación consultadas por este periódico sostienen que el instituto armado está en condiciones de aportar esta documentación directamente al Tribunal Supremo, en lugar de emitir un nuevo informe que recoja las pruebas sobre el presunto cobro de comisiones. Lo que esperan en la Benemérita es que sea el propio tribunal el que abra una pieza separada sobre las irregularidades en la contratación de obra pública, a partir de los sólidos indicios delictivos sobre los que la Guardia Civil no alberga ningún tipo de duda.
Como adelantó THE OBJECTIVE hace 15 días, Víctor de Aldama dispone de un listado de constructoras y empresas del sector ferroviario que fueron beneficiadas con adjudicaciones públicas tras el pago de comisiones al entorno del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. La información de este periódico, hace dos semanas, adelantó la existencia de un documento que incluye los nombres de estas empresas, algunas de las cuales están «subrayadas», lo que sugiere que habrían tenido un trato privilegiado antes de presentarse a los concursos públicos. Este documento es una de las pruebas que el líder de la trama posee y que este miércoles envió al Supremo, con los documentos originales de los contratos de adjudicación de obra pública. Tres imágenes en las que se muestran algunos contratos subrayados en rosa, que hacen referencia a los contratos públicos «pre-adjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quienes debían ser adjudicados». «Se trataría de empresas que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias», reza el informe. Y otros subrayados en verde que aluden a «posibles adjudicaciones».
Aldama aporta el listado de constructoras desvelado por TO
En el escrito de Aldama aparece además una de las dos empresas valencianas que, según desveló este periódico, estaban desde hace meses bajo la lupa de los investigadores. Se trata de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), cuyo presidente, José Ruz, dejó rastro en los informes recientes de la UCO por las reuniones y comunicaciones que mantuvo con Koldo García Izaguirre. Según Aldama, LIC SL, Áridos Anfersa SL y Obras Públicas y Regadíos SA (OPR) fueron adjudicatarias de la mayoría de los 128 contratos por valor de 54 millones de euros que figuran en un informe de la Agencia Tributaria enviado a la UCO.
Aparte de estas cantidades, Levantina, Ingeniería y Construcción obtuvo un total de 128 millones de euros en contratación pública por parte de la Dirección General de Carreteras durante la etapa de Ábalos en el Ministerio de Transportes. La alegación de Aldama recuerda que el presidente de la sociedad mercantil, José Ruz, fue uno de los invitados del Ministerio de Fomento al encuentro de la Organización Mundial de Turismo (OMT) celebrado en Georgia, como informó hace meses este diario. LIC aparece también citada en una contratación del Gobierno canario, presidido entonces por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Junto a Koldo García, Ruz se desplazó a Gran Canaria el 9 de febrero de 2022, cuatro días antes de obtener la licitación de unas obras en las listas por valor de seis millones de euros.
También recuerda el escrito del comisionista que el último informe de la UCO recoge las transferencias de 77.500 euros aportadas por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) y hechas por el presidente de LIC, José Ruz, a la empresa mercantil Deluxe, sociedad de Aldama. «Se trató del pago de una comisión a don Víctor Aldama por la gestión de las adjudicaciones obtenidas del Ministerio de Transportes», dice el documento.
THE OBJECTIVE también contó hace 15 días un episodio clave: el propio Aldama acompañó al asesor de Ábalos, Koldo García Izaguirre, en un viaje a Valencia. Durante este viaje, García Izaguirre se reunió con un empresario del sector ferroviario con el propósito de adelantarle información confidencial sobre un concurso público. Según las fuentes consultadas por este periódico, Koldo García Izaguirre le entregó al empresario «unos pliegos de un concurso que aún no se había convocado», pero que el empresario valenciano estaba interesado en obtener. A cambio de este favor, el asesor recibiría una mordida, es decir, una comisión por adelantarle la información. Este tipo de prácticas, que implican la filtración de información confidencial a cambio de sobornos, son algunas de las pruebas que podrían vincular a las empresas beneficiadas con el esquema corrupto liderado por Aldama y su relación con el círculo cercano a Ábalos.
Implica al hijo de Ábalos en las comisiones
En el apartado de comisiones, es reseñable la mención que hace Víctor de Aldama del hijo mayor del exministro, Víctor Manuel Ábalos. Cumpliendo la amenaza que Aldama hizo a Ábalos en un whatsapp sobre la posibilidad de airear el incremento patrimonial de sus familiares, el comisionista implica al primogénito del exministro en el pago de comisiones por adjudicación de obra pública. En la documentación presentada, Aldama asegura que «se tiene constancia de que determinadas constructoras suscribieron contratos de consultoría, para gestiones de obra adjudicadas en el extranjero, que encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España, con don Víctor Ábalos, hijo de don José Luis Ábalos».
El documento presentado por Aldama ante el Alto Tribunal no recoge pruebas sobre este extremo, pero señala en tres ocasiones al hijo de Ábalos. Se refiere a la agenda telefónica de Koldo García Izaguirre, incautada por la Guardia Civil, entre cuyos contactos existentes se encuentran «Manu Amigo de Víctor Ábalos y Antonio Magranet Amigo Ábalos Benidorm». También implica a Víctor Manuel Ábalos en la compra del piso de la Castellana por valor de 1,9 millones de euros. Según la versión del cabecilla de la trama Koldo, investigado en la causa de los hidrocarburos, el primogénito del exministro cruzó algunos whatsapps con Víctor de Aldama requiriéndole «varias veces información acerca de cómo se realizaría la transmisión del inmueble sito en el Paseo de la Castellana, número 164». Un inmueble sobre el que figura un contrato de fiducia, firmado por Aldama y Ábalos, como seguro ante la posibilidad de que no se efectuara el pago de comisiones pactadas con algunas constructoras.
Como adelantó este periódico, el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, explicó a Aldama que la caída de Ábalos se debió a los negocios de su hijo. Dos meses antes de su cese, acudió a su residencia oficial de la calle Balbina Valverde número 6 para alertarle de la existencia de informes sobre el ministro y su vástago. Una información que confirmó el propio Aldama la semana pasada en la cadena COPE, afirmando que fueron informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
