El Gobierno ha concedido privilegios fiscales a la FIFA por el Mundial de fútbol de 2030
THE OBJECTIVE accede al documento secreto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de julio
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Copa del Mundo. | Ilustración de Alejandra Svriz
El Gobierno se ha comprometido a beneficiar a la FIFA por el Mundial de fútbol 2030. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de julio un acuerdo en el que asume una serie de garantías específicas requeridas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la celebración del evento. El documento, secreto hasta ahora, ofrece ventajas para conseguir visados, permisos de trabajo y, sobre todo, exenciones fiscales. Para algunos juristas, este privilegio vulnera principios de igualdad fiscal. La fórmula, no obstante, se utiliza habitualmente para favorecer acontecimientos de excepcional interés público.
El acuerdo al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE a través del Portal de Transparencia no es vinculante, ya que necesita de un desarrollo normativo. Los juristas afirman que el Gobierno debe aprobar una ley a propósito para que entren en vigor los privilegios económicos y laborales comprometidos. El documento está firmado por 12 ministros y acuerda impulsar «las modificaciones normativas oportunas, incluidas las legales o la firma de acuerdos» tanto nacionales como comunitarios.
La FIFA anunció en octubre del año pasado que España acogerá el Mundial de 2030 junto a Marruecos y Portugal. El torneo supondrá una importante inyección económica para nuestro país, ya que reportará más de 10.000 millones de euros. Tras la decisión del órgano rector del balompié, la RFEF envió al Gobierno un acuerdo de garantías específicas. Las fuentes consultadas reconocen que el texto ha sufrido importantes modificaciones, disminuyendo las concesiones que incluía el borrador original.
Compromisos del Gobierno
El acuerdo del Consejo de Ministros garantiza a la FIFA que no se exigirán permisos de residencia ni visados de entrada o de salida a sus miembros, a los de asociaciones afiliadas ni a aquellas personas que participen en el Mundial. Estas consideraciones se aplicarán «a menos que el Gobierno considere que las normas nacionales de inmigración y seguridad o el cumplimiento de obligaciones internacionales (particularmente la normativa de la UE) se vean afectadas negativamente».
El Gobierno se compromete a cursar las solicitudes a través de «un sencillo proceso electrónico». También ofrece garantías sobre permisos de trabajo y legislación laboral para que los extranjeros puedan realizar su cometido de acuerdo a la legislación laboral vigente en España. No obstante, se aplicarán «exenciones extraordinarias» en supuestos «imprescindibles y tasados», aunque nunca afectarán a trabajadores relacionados con la construcción y explotación de infraestructuras.
La mayor controversia surge con el punto quinto del acuerdo, dedicado a las exenciones fiscales. El Gobierno libra a la FIFA y a sus filiales de pagar cualquier impuesto, aunque reconoce que la Directiva 2006/112/CE puede restringir la aplicación de la exención prevista en relación con el IVA, un impuesto comunitario que grava la compra de bienes y la prestación de servicios en la UE.
«En tales circunstancias, se cooperará amistosamente con la FIFA para encontrar una solución que proporcione esta exención del impuesto en la medida en que sea posible de conformidad con la citada Directiva», insiste el acuerdo. El Gobierno también se compromete a garantizar la implementación de un sistema preferencial de devolución de IVA para las entidades exentas. Miguel Javaloyes, socio director del despacho Javaloyes Legal, sostiene que el texto vulnera «principios básicos de igualdad fiscal» y afecta de forma sustancial al Derecho comunitario.
«Ayuda de Estado»
La dispensa abarcaría, entre otras cosas, «todos los ingresos, beneficios, rentas, gastos, costes, inversiones y todo tipo de pagos, en efectivo o de otro modo». Jesús Ruiz, experto en Derecho Tributario y socio director de Ruiz Ballesteros Abogados, se pregunta qué necesidad tiene el Gobierno de eximir a la FIFA del pago de impuestos y que estos no repercutan en el país a pesar de que se van a usar infraestructuras y servicios.
«Se pretende dar una exención fiscal absoluta a la FIFA. Afectaría al IVA y al impuesto de sociedades, que son los dos tributos más importantes», insiste Ruiz. El experto señala que esa fórmula podría considerarse como «ayuda de Estado», que deben ser generales, no particulares, lo que podría ir en contra del ordenamiento comunitario. Eso sí, reconoce que estas exenciones se han dado con anterioridad en eventos como la Copa América de Vela en Barcelona o la fase final de la Eurocopa de fútbol en 2021.
Ruiz afirma que el Mundial de 2030 podría considerarse como evento de especial relevancia pública. Sostiene que el Gobierno podría desarrollar el acuerdo a través del artículo 20. Uno. 13º de la Ley del IVA, que especifica las actividades que están exentas de pagar impuestos. No obstante, el último punto subraya que las exenciones «no se extienden a los espectáculos deportivos». Esto, en un país en el que el fútbol profesional genera casi 200.000 empleos, 8.390 millones de euros en impuestos y supone el 1,4% del PIB.
Fuentes del Consejo Superior de Deportes (CSD) explican a este diario que las exenciones fiscales ya se aplican a diferentes federaciones deportivas y en acontecimientos de excepcional interés público. En esos casos se implementan medidas para beneficiar fiscalmente a las empresas que aportan fondos y/o esponsorización a equipos y torneos. Desde la RFEF insisten en que este tipo de garantías específicas con la FIFA no se circunscriben a España, ya que otros países adoptan medidas similares.
Problemas con el IVA
«Se trata de una declaración de intenciones. En el plano fiscal hay un compromiso de exenciones, pero el acuerdo no vincula, debe implementarse por ley», especifica César García Novoa, catedrático de Derecho Tributario y Financiero en la Universidad de Santiago de Compostela. En su opinión, el Gobierno está legitimado a renunciar al cobro de impuestos, aunque reconoce que puede existir algún problema con el IVA, como indica el acuerdo: «Quizás pueda resolverse con otra directiva específica».
Esaú Alarcón, profesor de Derecho Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, recuerda que cualquier privilegio a un grupo concreto va en contra de la Constitución. No obstante, este se encuadra en un acontecimiento de interés público que permite la exoneración. El fiscalista señala que ese escenario puede entrar en conflicto con la Directiva 2022/2523 que está a punto de transponer España, y que requiere una imposición mínima del 15% para multinacionales y grandes grupos.
