El Gobierno obligará a publicar desmentidos a usuarios 'relevantes' de redes sociales
La norma también agiliza la petición de rectificación en los medios digitales y no obliga a identificar a su director
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños | Agencias
El Gobierno sigue avanzando en su plan de regeneración democrática con especial énfasis en el ecosistema mediático. El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un anteproyecto de ley que obligará a los usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores a publicar desmentidos o a recoger la versión de los afectados que consideren que estas informaciones no se ajustan a la verdad o son inexactas. Hasta ahora esta era una obligación solo de los medios de comunicación.
La nueva normativa establece la figura del «usuario relevante» y la tipifica por número de seguidores: más de 100.000 en una plataforma y 200.000 en el conjunto de todas ellas. De esta manera, los titulares de cuentas en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram y otras, deberán actuar de igual manra que un medio de comunicación si es que se le pide una rectificación o incorporar la versión de un afectado en sus publicaciones.
Estamos, por tanto, ante la actualización de la ley del derecho de rectificación, que data de 1984, y que según el Gobierno se ha quedado obsoleta. Una norma que llega en plena avalancha mediática contra el Gobierno, el PSOE y el presidente Pedro Sánchez y su entorno familiar, los que están en medio de sendas investigaciones judiciales y que diariamente reciben duras críticas en redes sociales de diferentes usuarios.
Rectificación exprés
De esta manera, las plataformas de internet y redes sociales deberán contar «con un mecanismo fácilmente visible y accesible, que permita al solicitante, sea o no usuario de la plataforma en cuestión, contar con una herramienta que le asegure la remisión directa e inmediata de la rectificación, así como la constancia de la recepción y el seguimiento del proceso», explica la exposición de motivos de la norma a la que ha tenido acceso El País.
Esta obligación se establece, asimismo, para los medios digitales. La idea es que la rectificación se pueda solicitar de manera muy sencilla. En lo que se refiere a medios de comunicación, ya no será obligatorio dirigirse al director, porque en los nuevos medios no siempre es fácil identificarlo, dice la norma, por lo que bastaría con remitir un escrito al medio en cuestión.
Estamos ante la segunda gran medida aprobada por el Gobierno en el marco del plan de regeneración democrática. La semana pasada, el Ejecutivo aprobó un paquete de ayudas de 125 millones de euros para los medios de comunicación bajo la justificación de ayudarles en la digitalización, reforzar su seguridad digital y dar apoyo en sus nuevos desarrollos de Inteligencia Artificial. El plan de subvenciones directas aprobado por el Consejo de Ministros se componía de hasta seis programas que involucran a Red.es, Incibe o la Secretaría de Digitalización.
Ayudas a los medios
De este montante, la mitad -65 millones- estarán destinados exclusivamente a prensa impresa y diarios en papel, es decir los grandes grupos editoriales legacy media como Prisa, Vocento o Unidad Editorial. En el Ejecutivo justifican este movimiento porque «en la prensa tradicional es donde existe el fallo del mercado», según el informe Public Financing of News Media in the EU, realizado por la Comisión Europea.
Sin embargo, estas ayudas -enmarcadas dentro de los fondos europeos Next Generation– se han convertido en uno de los puntos más cuestionados del plan. El Partido Popular (PP) considera que es una herramienta con la que el Gobierno quiere, con la excusa de impulsar la «digitalización», premiar a los medios de comunicación que le apoyan, asegurar la fidelidad de las grandes cabeceras y penalizar a los críticos.
