Fracaso de Igualdad en 2024: más violaciones que nunca y mismos asesinatos de mujeres
Este año concluye. según las proyecciones, con el récord de 5.258 agresiones y abusos sexuales con penetración
Ana Redondo, ministra de Igualdad. | Agencias
El 2024 ha sido otro annus horribilis para el Ministerio de Igualdad, que concatena años con cifras desastrosas para las mujeres pese a amasar cada vez cantidades más ingentes de dinero dedicado, supuestamente, a garantizar su bienestar. El gabinete de Ana Redondo, que ha contado con un presupuesto anual de 573 millones de euros, no ha impedido que en España se hayan disparado las agresiones sexuales con penetración (3.944 entre el 1 de enero y el 30 de septiembre) y que los asesinatos de mujeres se hayan mantenido en la inercia de los últimos años, habiéndose registrado un total (provisional) de 47.
El total de mujeres víctimas mortales por «violencia de género» en 2024 ha sido de 47, 11 menos que en 2023 (58), cuando se produjo un escalofriante repunte, pero muy cerca de las cifras de 2021 (49) y 2022 (50). No es una rebaja significativa, sobre todo teniendo en cuenta que los datos no son definitivos. Este mismo lunes, se actualizaron a consecuencia de un nuevo asesinato en Madrid, en el que la víctima era una mujer paraguaya de 29 años y el agresor un dominicano de 60.
Redondo insiste en culpar al machismo y al «negacionismo» como principal problema y causa de los feminicidios. «El negacionismo envalentona al machista, le da argumentos, le da fuerza, le permite exteriorizar esa violencia y eso lo estamos viendo a nivel global», sostuvo en su última entrevista, concedida a RTVE.
La experta en violencia de género Elena del Pilar Ramallo culpa del estancamiento a las «políticas sin sentido y que enfrentan a la sociedad» en las que permanece «empecinado» el Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Las líneas de actuación son las de siempre, y permanece la falta de coordinación entre administraciones». «Con las mismas políticas y las mismas medidas, los resultados solo pueden ser similares, y las variaciones serán pequeñas y circunstanciales», señala Ramallo, que lleva tiempo pidiendo que se adopte una perspectiva más científica y menos ideológica.
Ramallo rebate a Redondo y asegura que la ministra es la «negacionista», por cuanto ha abrazado los postulados trans y se niega a señalar la procedencia de determinados agresores. «Ella es negacionista de la realidad biológica y de la situación cultural de algunas personas que vienen a nuestro país y que son las que participan de una manera preponderante en las violaciones grupales».
Más violencia sexual
El dato más preocupante tiene que ver con las violaciones, que han aumentado un 6,6% con respecto al año anterior en el mismo periodo. La inercia es preocupante. En todo 2017 se produjeron 2.136 violaciones. En 2019, 3.079. En 2022, 4.270. Y 4.890 en 2023. Este año, entre enero y septiembre, 3.944. Mediante una regla de tres, 2024 terminaría con 5.258 casos de agresión y abuso sexual con penetración.
Desde el Ministerio del Interior arguyen que este auge se debe a que «las políticas activas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos se traducen en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos». Sin embargo, los criminólogos no comparten esta tesis. Alberto Rodríguez, coordinador del Grupo de Trabajo de Criminología aplicada a la Función Policial, señala que se trata de «una excusa» para evitar la «alarma social».
«Lo de que ahora se denuncia más es cierto si tomamos como referencia los años 80 o principios de los 90, ya que sociológicamente somos una sociedad distinta, sobre todo en la forma en que tratamos a las mujeres», admite Rodríguez, que abunda en este sentido: «Pensar que somos una sociedad distinta que hace cuatro o cinco años es una excusa para justificar un incremento continuado e imparable año a año de un delito grave que genera mucha alarma social».
Samuel Vázquez, criminólogo y portavoz de Vox en materia de Seguridad, coincide en que «las mujeres denunciaban menos en los años ochenta, pero sociológicamente no somos distintos con respecto a 2017, y las violaciones se han duplicado». Es por eso que él apunta como principal hipótesis a la «importación por miles de personas que consideran que la mujer vale lo mismo que un trapo».
¿Porno?
Junto a la mayor disposición a denunciar, la pornografía se ha convertido en otra de las razones que esgrime el Gobierno de España (concretamente, el Ministerio de Igualdad) para justificar el brutal auge de la violencia sexual. No obstante, los expertos discrepan. Ni la mayor disposición a denunciar ni el consumo de pornografía explicarían la concentración de violencia sexual que se produce en el corredor mediterráneo, especialmente en Cataluña, región que cuenta con la particularidad de tener la mayor cantidad de marroquíes censados (235.278).
«Hay culturas que tienen normalizada la violencia contra la mujer. Dentro de esta violencia nos encontramos con comportamientos calificados como delitos sexuales», apunta Rodríguez, que apunta también a otra causa: «Hay determinados comportamientos más leves que tienen una cifra negra muy alta».
El criminólogo se explica: «Si hiciéramos una encuesta de victimación a 1.000 mujeres que a menudo va a sitios con una alta afluencia de gente nos sorprenderíamos de la cantidad de ellas que ha sido víctima de comportamientos tales como que en el metro les han rozado el culo, o un extraño les ha arrimado y frotado sus partes contra ellas. Acto que no se denuncia nunca o casi nunca (cifra negra) porque no saben si ha sido a propósito o no, y porque les supone una perdida de tiempo grande. Ese tipo de comportamientos solo da beneficio y placer al infractor sin tener coste alguno. Al no tener coste, reincide mucho, y es cuestión de tiempo que alguno de ellos escale y cometa delitos más graves».
Dinero malgastado
Las cifras nefastas de los últimos años coinciden con un mayor presupuesto destinado tanto al Ministerio como a las políticas de Igualdad, lo que hace que cada vez sean más quienes se cuestionan su eficacia. Sobre todo, teniendo en cuenta que este 2024 se han destapado dos escándalos. El primero, el que afectó a la (ya ex) directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, que fue cesada tras trascender que se había beneficiado de 64 contratos adjudicados a dedo por distintos ayuntamientos socialistas a empresas que estaban a su nombre o al de su pareja.
El segundo, con menos recorrido mediático, pero igualmente grave, el que afectó a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres encontró 130 casos de supuesta «malversación». En total, millones de euros que debían haber ido a la prevención y a las víctimas, pero que terminaron en carreras de tacones, charlas LGTB, talleres de maquillaje o pasos de peatones arcoíris, entre otras actividades ajenas al fin original.
