El «despilfarro» del ministerio de Jordi Hereu provoca críticas entre el sector turístico
La externalización del cuidado de plantas por 60.000 euros o el apoyo informático por 15 millones han causado sorpresa
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. | EP
Varios gastos del Ministerio de Industria y Turismo han provocado quejas por la arbitrariedad de los beneficiarios o por lo «absurdo» de los conceptos. En primer lugar, en parte del sector turístico no han sentado bien las subvenciones aprobadas en 2024 al considerar que su cantidad es excesiva y no favorecen a organizaciones representativas de la totalidad del tejido económico sectorial, según ha podido conocer THE OBJECTIVE.
Por otro lado, algunos contratos sacados a licitación por el ministerio de Jordi Hereu para finales de 2024 o principios de 2025 también han llamado la atención por su extravagancia. A modo de ejemplo, esta Administración ha completado o iniciado trámites para externalizar el cuidado de plantas de los despachos de la sede ministerial por 60.000 euros, la elaboración de dos informes por un millón y medio de euros en total o dos proyectos valorados en 15 millones para prestar apoyo informático a su personal y desarrollar aplicaciones digitales y de ciberseguridad.
Ante las ayudas directas concedidas por el ministerio a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado de 2024, una fuente del sector se pregunta «cómo podemos tirar tanto dinero público». En un real decreto del pasado mes de diciembre se entregan 200.000 euros al Instituto para la Calidad Turística Española, 80.000 euros al Instituto Tecnológico Hotelero, 30.000 al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, 50.000 euros a la Asociación Saborea España, 45.000 a la Asociación de Ciudades Vitivinícolas y 30.000 a la Asociación de Ecoturismo.
Además, en el mismo texto inscrito en el BOE se aprobaron 30.000 euros a fondo perdido para Los Pueblos Más Bonitos de España, 50.000 a la Spain Film Comission, 30.000 a la Asociación de Campos de Golf, 50.000 a la de Educación Ambiental y del Consumidor, 45.000 a la ONCE, 30.000 a Impulsa Igualdad España, 30.000 a la Asociación de Castillos y Palacios Turísticos, 45.000 a los Municipios del Camino de Santiago, 40.000 a los Municipios Turísticos de Sol y Playa, 80.000 a Hostelería de España, otros tantos al Ayuntamiento de Tortosa, 100.000 a la Fundación Mas Miró y 50.000 a Exceltur.
En este último caso, se trata de una campaña publicitaria en redes sociales para impulsar el Turismo Bien o sostenible a través de acciones que fomenten el viajar con ánimo «responsable, inclusivo y regenerativo» y desde «prácticas éticas». No obstante, desde otras entidades sectoriales se reprocha que, como esta patronal solo agrupa a las 32 empresas más top de España, de las cuales 14 son empresas relacionadas con hoteles, las ayudas se deberían haber extendido a más organizaciones.
Anna-Clara Martínez, doctora en derecho, explica que «las subvenciones nominativas obedecen a un criterio discrecional», con el «peligro» de que no exista concurrencia pública como en las licitaciones de contratos. «¿En base a qué criterio decidimos que uno tiene que recibir pero otro no? Debería haber equidad», asegura. A cambio de estos pagos, se espera un retorno «pero tampoco es tangible», sino que las subvenciones se destinan a «fines sociales y económicos», y se conceden a empresas o asociaciones que ya realizan actividades para impulsar ese objeto.
La jurista denuncia que «muchas veces» se utiliza esta figura «para pagar al personal de las asociaciones», algo que no debería ocurrir, «pero en la práctica se están utilizando para eso». Aunque hay límites, algunas entidades destinan más de la mitad de estos ingresos a nóminas.
Plantas e informes carísimos
En cuanto a las últimos contratos publicados en el portal de contratación pública por parte del Ministerio de Industria y Turismo, Martínez considera que el objeto de algunos de ellos «no tiene ningún sentido» y puede llegar a ser «absurdo». «60.000 euros para cuidar las plantas me parece un escándalo», manifiesta, mientras que también considera excesivo el millonario coste de los dos informes para asesorarse sobre los PERTE financiados con fondos europeos Next Generation: «No sé qué van a contener, pero ya pueden estar bien elaborados», señala.
A diferencia de las subvenciones nominativas, en los contratos públicos debe haber concurrencia entre diferentes candidatos y se debe justificar debidamente la necesidad de externalizar ese servicio. La abogada se pregunta si «es necesario el informe de asesoramiento sobre el PERTE o tendría que ser el ministerio quien tuviese personal especializado y cualificado», una reflexión que extiende al soporte informático. Sin embargo, «ya que se externaliza, al menos que se respete la ley de contratos del sector público», reclama, refiriéndose particularmente al principio de concurrencia, ya que «en muchas ocasiones se presenta un único licitador» y ello dificulta que las pymes puedan optar a los proyectos. «En el 60% de las licitaciones, solo se presenta una empresa».
