Podemos defendió la acusación popular en 2014 y 2017 y ahora cuestiona la 'ley Begoña'

Podemos ejerció de acusación popular y defendió el mecanismo que permite a asociaciones y colectivos promover la acción penal en los tribunales desde el año de su fundación, en 2014. Podemos presumió de su papel en la investigación sobre el expresident de la Generalitat Jordi Pujol, su mujer, Marta Ferrusola, y sus hijos por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Esa fue la primera querella presentada por el partido político que lideraban Pablo Iglesias y en Cataluña, Ada Colau. Después, la formación morada se apuntó como acusación popular en otros casos, como el del Pequeño Nicolás y la Operación Lezo. Lo hizo en 2017, en el marco de una campaña dirigida a destapar la existencia de una supuesta «trama» político-empresarial corrupta.

En el caso de Pujol y Ferrusola, Podemos mantuvo su personación en el caso hasta noviembre de 2024, cuando decidió desistir de ejercer la acusación popular en el juicio que se celebrará este año. Los morados sostuvieron entonces que quedaba «suficientemente cubierta la acción penal por la acusación pública», al haberse personado la Fiscalía. «Esta acusación popular ya ha contribuido con su iniciativa a la depuración de los hechos investigados», recogió el escrito del partido morado presentado ante la Audiencia Nacional.

En abril de 2017, cuando el juez envió a Pujol en prisión sin fianza porque, según el magistrado, el expresident seguía manteniendo estructuras para ocultar y blanquear dinero fuera de España, Iglesias presumió en las redes sociales del papel acusatorio de su partido. «Somos acusación popular desde septiembre de 2014. Las ramas de la trama siguen cayendo», escribió el exlíder morado aportando un dibujo de Pujol en el marco de la campaña de la «trama». Tres años antes, en 2014, cuando el Banco de España decretó que Bankia había salido a Bolsa apoyada en engaños, Iglesias celebró la noticia: «La justicia da la razón a los ciudadanos que se querellaron contra Bankia por falsedad de cuentas».

Campaña del Tramabús

Podemos defendió en su primera etapa que los partidos políticos y asociaciones pudieran activar querellas y ejerció ese derecho. Lo hizo sobre todo en 2017, cuando lanzó su campaña del Tramabús. El partido morado había fletado varios autobuses al estilo HazteOír, es decir, incrustando los rostros de presuntos miembros de una «trama corrupta» que involucraba a empresarios, políticos y periodistas, como Bárcenas, Pujol o Blesa. Podemos cambiaba entonces el enfoque de su acción política, pasando de la denuncia de la «casta», dibujada por Íñigo Errejón, a la de la «trama», confeccionada por el nuevo equipo de colaboradores de Iglesias, con Irene Montero y Juanma del Olmo en la cabeza.

La «trama» debía servir a Podemos para desvincularse de la «casta», puesto que el partido morado había entrado en el Congreso y gozaba de los privilegios de la clase política. El equipo jurídico del partido, con Gloria Elizo al mando, centró muchos de sus esfuerzos en esa estrategia judicial. Lo hizo también en Murcia, en un caso de corrupción que afectaba al PP y que llevó a Mariano Rajoy a hablar de la posibilidad de modificar ese mecanismo jurídico, cuestionando el papel que estaban teniendo tanto el PSOE como Unidas Podemos.

Aquella iniciativa de Rajoy cayó en saco roto, pues Ciudadanos no quiso respaldarla. Pero ahora es Pedro Sánchez quien quiere «acotar» (según las declaraciones oficiales de los socialistas) el derecho ciudadano activar la acción penal en los tribunales. La oposición ya ha tachado la propuesta de «ley Begoña», en referencia al caso de investigación sobre la mujer del presidente. Y Podemos deberá ahora perfilar su estrategia parlamentaria, siendo uno de los socios de investidura de Sánchez.

Violencia machista

Los morados, de momento, muestran recelos. Mantienen que la iniciativa de Sánchez se queda corta porque no resuelve las injerencias de la derecha que detectan en el sistema judicial. Para Ione Belarra es una medida «ineficaz», mientras que otros sectores afines a Podemos avisan de que puede convertirse en un bumerán para las acusaciones «en casos de violencia machista». Aunque lo que quizás resulta más grave en la lectura de Podemos es que entienden que se hace para resolver los casos judiciales que afectan a Begoña Gómez y al hermano del presidente.

Podemos se interroga sobre las razones que llevan al PSOE a querer impedir a partidos políticos y asociaciones vinculados a ellos recurrir a la acusación popular. El «problema», insisten en Podemos, es que se han abierto juicios de «lawfare» al margen de las denuncias por acusación particular, y que, por lo tanto, el Gobierno debe actuar en el ámbito de la magistratura, más que a través de una ley que puede derivar incluso en casos de inconstitucionalidad.

En definitiva, Podemos pide a Sánchez más contundencia en sus medidas vinculadas a la justicia, pero se desconoce de momento si, de mantenerse el enfoque actual del Gobierno, lo acabarán avalando. Junts per Catalunya muestra reticencias. Y Sumar, el socio de Sánchez en el Consejo de Ministros, quiere ampliar la derogación de los delitos de injurias a la Corona. Debido a la elevada fragmentación parlamentaria, es difícil pronosticar cuál puede ser el futuro de la iniciativa del Gobierno. Aunque sí queda claro que el Podemos de los comienzos difícilmente se habría apuntado a debatir una medida semejante. En aquel momento, las denuncias populares, sostenía Podemos, eran esenciales para investigar y juzgar a las «tramas» corruptas.