El juez prorroga un mes el secreto del sumario que implica a Alvise Pérez en financiación ilegal

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha decretado prórroga de un mes de las diligencias que se están realizando sobre las dos denuncias interpuestas por particulares contra Madeira Invest Club por estafa en una inversión en criptomonedas, según un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Esta causa implica al eurodiputado Alvise Pérez en un presunto delito de financiación ilegal de su formación política, Se Acabó La Fiesta (SALF). Este procedimiento podría ser archivado o, por el contrario, trasladar la causa al Tribunal Supremo para que reclame al Parlamento Europeo que le retire la inmunidad parlamentaria.

El origen de esta causa son dos denuncias interpuestas por particulares afectados por esta presunta estafa, a la que se unió, como acusación particular, otro grupo de 15 personas físicas y jurídicas representados por el despacho de abogados Soriano i Piqueras. Este bufete ha recibido con satisfacción la prórroga de las diligencias, ya que señalan que es bueno que «si hay que realizar nuevas actuaciones se realicen al margen de los investigados», según han señalado a este periódico.

La causa gira en torno a la actuación de Álvaro Romillo, que en internet figuraba con el nombre de CryptoSpain, un youtuber que tenía dos líneas de negocio, según las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. Por una parte, una empresa de asesoramiento fiscal centrada en la «ilusión fiscal», conseguir que sus clientes paguen el mínimo de impuestos, con unas técnicas que dicen que son legales. Por otra parte, montó la empresa Madeira Invest Club para invertir el dinero que le entregaban y en un plazo fijado en un contrato se comprometía a devolver el dinero con un retorno. «Tenía una estructura pensada para el blanqueo de capitales. Cogía dinero en efectivo en España para convertirlo en criptomonedas o en activos que se podían llevar al extranjero», explican.

En realidad, ese club de inversión, presuntamente y siempre según la versión de estas fuentes jurídicas, es una «tapadera para que ellos perciban el dinero; y ese dinero ya no se sabe qué han hecho con él, no lo han dedicado a las inversiones que decían y no lo han devuelto a los clientes». A día de hoy no se sabe exactamente cuanta gente ha sido estafada, ya que algunas personas entregaron dinero negro y no quieren dar a conocer su identidad para que Hacienda no los persiga. Los denunciantes rondan las cien personas.

En el procedimiento hay tres grupos de demandantes que suman millones de euros: uno es de quince personas y los otros dos han creado una plataforma de pequeños afectados. Todas las denuncias se han agrupado en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

Una de las personas afectadas por esta causa es el eurodiputado Alvise Pérez, «no porque participe en la estafa», señalan estas fuentes jurídicas, «sino que él cobra por hacer publicidad, al ir a un evento del estafador y cobra cien mil euros a cambio de una charla. Se ha entendido que esos cien mil euros es financiación ilegal de su partido político». El eurodiputado está siendo investigado; se hizo una pieza separada para investigar la financiación ilegal de partidos políticos y está pendiente por parte del juzgado de instrucción si se remite al Tribunal Supremo. Alvise Pérez ya fue citado a declarar.

El líder de SALF intentó en noviembre un acercamiento a Luis Cryptospain a través de una carta de dos folios que Francisco Nicolás Gómez, conocido como el Pequeño Nicolás, envió en nombre de Alvise al equipo legal de Álvaro Romillo. La misiva se remitió a este último 72 horas antes de que el fundador de Madeira Invest Club (MIC) declarase en calidad de imputado en la Audiencia Nacional.

Romillo no hizo caso a la carta del intermediario de Alvise y confirmó al juez José Luis Calama los documentos de la denuncia enviada a la Fiscalía en septiembre. También indicó que entregó 100.000 euros en metálico al eurodiputado para recibir favores futuros del dirigente y también beneficiarse de su influencia en la red social Telegram.

La misiva del Pequeño Nicolás al equipo legal de Luis Cryptospain fue la primera iniciativa que se ha conocido por su parte para ayudar a Alvise, con el que ya ha aparecido en varias imágenes desde el éxito electoral del 9-J. Empieza incidiendo en que la investigación penal que se ha abierto contra este último y el eurodiputado recae sobre dos tipos penales «muy concretos»: el artículo 304 bis por el que se investiga a Alvise y el 304 ter que afecta a Romillo.

«Conduciría al archivo de las actuaciones»

El primer artículo señala que una persona será castigada con una multa «del triplo al quíntuplo de su valor» si se demuestra que recibe «donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores» al margen de la ley. De ahí que el líder de SALF se arriesgue a una condena de un máximo de 500.000 euros por el dinero recibido en mano justo antes de la campaña electoral del 9-J.

Mientras, el artículo que afecta al dueño de Madeira tiene una condena más severa, ya que estipula que será castigado «con la pena de prisión de uno a cinco años, el que participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido por la ley».

La carta del Pequeño Nicolás -leer abajo- subraya que la línea de defensa de ambos investigados «puede confluir hasta tal punto que, de declarar en la misma línea, conduciría al archivo de las actuaciones para los dos investigados». Para ello, le insiste en declarar que los 100.000 euros entregados en manos y sin tributar a Hacienda se explique como una «aportación dineraria» que se realizó «para un fin privado es lo que excluiría la conducta de los injustos penales en cuestión».

En este sentido, la defensa de Alvise plantea a Romillo las posibles preguntas que le podía hacer la Fiscalía. Por ejemplo, si Alvise le pidió 300.000 euros para financiar su aventura política. La respuesta ‘pactada’ sería la siguiente: «Nuestra colaboración era simplemente privada, yo le expresé que solamente conseguiría inversiones para ganar visibilidad, pero el mundo político no estaba dentro de mis intereses».

Y si el fiscal inquiría al empresario por las «100.000 gracias» que le dijo Alvise tras recoger el dinero, el eurodiputado le pedía a Romillo que hablase en estos términos: «No puedo saber por qué me dijo eso. Lo que sí puedo decir es que la entrega de dinero se le hizo para una colaboración privada. Queríamos ganar visibilidad y él quería defender el mundo de las ‘cryptos’». También se planteó una posible pregunta de la Fiscalía -«¿Usted le entregó el dinero para financiar su partido?»- con su correspondiente respuesta: «No. La única entrega dineraria que se le hizo fue para colaborar y ganar visibilidad del negocio a través de su Telegram y los impactos que él podía ofrecer. No se le da ningún dinero para su partido ni para fines políticos».

Luis Cryptospain no respondió a las preguntas de la defensa de Alvise en su comparecencia judicial, aunque la misiva incluía dos posibles cuestiones. En primer lugar, que explicase la finalidad de la relación entre ambos. La respuesta propuesta era la siguiente: «Mi fin era colaborar con él. Yo tenía un negocio al que quería darle visibilidad y él podría dar respuesta a ello con los impactos que podía generar a través de sus redes sociales». Y la segunda pregunta era sobre un audio aportado por Romillo en la causa, en el que el inversor viene a decir que la cesión de dinero en efectivo no tenía fines políticos. «El dinero que se le facilitó al Sr. Pérez era para colaborar con él. En ningún caso fue una aportación para fines políticos, ni para SALF ni para la campaña. Así se lo expresé claramente», le instan a responder.

En el apartado de conclusiones se insiste a Romillo en que diga que su interés en Alvise era «que sus proyectos tuvieran un impacto en las redes sociales de Pérez». Que los 100.000 euros entregados en metálico eran «una inversión» a futuro «a cambio de una serie de impactos en la comunidad del Sr. Pérez (charlas, compartir enlaces, etc.)». En definitiva, que dejase claro que el dinero «se destinó a un fin privado, a una colaboración y no a financiar un partido político ni su campaña electoral». Pero el dueño de Madeira no hizo caso a la misiva del Pequeño Nicolás, por lo que la carta que llegó a manos de su equipo legal quedó en papel mojado.