Igualdad propone subvencionar a 'influencers' feministas para «despatriarcalizar» las redes

El Gobierno continúa con su cruzada contra las redes sociales. Este miércoles, el Ministerio de Igualdad ha dado un paso más con la presentación de informe Autopercepción de la imagen de las mujeres en los nuevos entornos digitales, en el que propone directamente «intervenir» en estos espacios para «reducir la propagación de contenidos misóginos» y «fomentar espacios feministas». En este empeño, considera «necesario promocionar y financiar a quienes lo promueven (creadoras de contenidos, entidades del tercer sector, asociaciones ciudadanas…) desde las propias instituciones».

El informe, de 189 páginas, contiene un ramillete de propuestas para la «despatriarcalización de las redes sociales», clasificadas de más a menos factibles. Entre las más urgentes, el Instituto de las Mujeres propone la creación de «un servicio legal gratuito a personas creadoras de contenido feministas» y el establecimiento de itinerarios para «la defensa legal de las mujeres víctimas de delitos digitales y de la violencia facilitada por la tecnología».

Entre las actuaciones factibles «a medio plazo o con mayores barreras», Igualdad propone la «creación de disclaimers o avisos cuando se accede a entornos de la Manosfera o se hacen búsquedas con ciertos contenidos o términos», del mismo modo que sucede cuando «se efectúa una búsqueda sobre TCA’s o sobre suicidio». También la implantación de un «procedimiento jurídico específico para delitos que ocurren en el ámbito digital contra las mujeres», y hasta de un moderador de contenidos con una formación mínima en «perspectiva de género».

Por último, y a largo plazo, el documento que establece la hoja de ruta del ministerio en las redes sociales plantea la necesidad del «control de las plataformas digitales e inteligencia artificial», así como el desarrollo de «redes sociales públicas sin fin de lucro y plenamente accesibles, reguladas y supervisadas». Estas últimas medidas, recalca Igualdad, «no se consideran menos importantes», sino que tan solo «se ha valorado por parte de las expertas que requieren de diferentes condiciones previas que favorezcan su puesta en marcha».

Contra las redes sociales

La presentación de este documento a bombo y platillo desde la sede de Igualdad no es un acto baladí. Se enmarca en una campaña del Gobierno contra las redes sociales, donde no domina el relato. De hecho, mientras Ana Redondo presentaba el informe, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponía el grito en el cielo contra las redes sociales, a las que comparaba con «el salvaje Oeste», en la presentación del Observatorio de Derechos Digitales.

El Instituto de las Mujeres ha lanzado recientemente la aplicación Línea OIM, mediante la cual los usuarios pueden denunciar «contenidos sexistas». La herramienta «ofrece la posibilidad de registrar quejas sobre diferentes tipos de mensajes, como aquellos emitidos en publicidad (spots de televisión, cuñas de radio, vallas publicitarias, etc.); en medios de comunicación (titulares, artículos o informaciones); internet (redes sociales, páginas web, foros, etc.); y otros formatos (canciones, publicaciones o videojuegos, entre otros)».

«Jóvenes misóginos»

El informe hace un retrato de las redes sociales bastante lúgubre y señala a los adolescentes por su «misoginia». Alerta de «una creciente polarización y adopción de discursos antifeministas entre los jóvenes varones, especialmente en aquellos que frecuentan espacios virtuales misóginos», de los que se extrae la idea de que «la violencia de género es un invento ideológico».

Igualdad asegura que el 72,2% de las mujeres habría sido víctima de comentarios sobre su apariencia o mensajes de contenido sexual no deseado en redes sociales. Además, el 58,8% habría sufrido menosprecios, ataques o insultos de carácter machista. Las más afectadas por este tipo de agresiones son «las jóvenes de entre 18 y 24 años, así como mujeres racializadas y con discapacidad».

El informe también denuncia la «falta de diversidad en la representación de las mujeres en entornos digitales», por cuanto predominan imágenes de mujeres con un estatus económico alto (60,2%), delgadas (55,6%), sin discapacidad (54,9%) y no racializadas (52,6%).

Ante este contexto digital, el Ministerio de Igualdad aboga por intervenir las redes sociales para su «despatriarcalización» financiando desde las instituciones a influencers feministas y creando un «procedimiento jurídico específico para delitos que ocurren en el ámbito digital contra las mujeres», entre otras medidas.