Alarma en Junts y ERC: prevén que el TC tumbe el decreto para eludir el 25% de castellano

Los partidos independentistas Junts y ERC y la comunidad educativa en Cataluña se preparan para reaccionar contra el Tribunal Constitucional si tumba el decreto que el Govern de Pere Aragonès aprobó en 2022 para eludir el 25% de castellano en las aulas de la región. Según informan a THE OBJECTIVE fuentes conocedoras del procedimiento judicial, es altamente probable que el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido anule esta norma que se aprobó de urgencia para evitar ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fijaba esta cuota de castellano en las horas lectivas. Creen que la sentencia se hará pública a finales de este trimestre o incluso antes.

Las fuentes consultadas explican que el «plan de trabajo» del Tribunal Constitucional ya había incluido el año pasado los recursos de inconstitucionalidad respecto al Decreto-ley de Cataluña 6/2022 por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos; y la Ley de Cataluña 8/2022 sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, así como la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el TSJC sobre las nuevas normas del catalán.

Los cálculos que manejan es que el Constitucional «salve» la ley 6/2022 con «una interpretación conforme a la Constitución» mientras que sobre el Decreto, que es el que suprime los porcentajes de castellano, dicte que varios de sus artículos son «inconstitucionales». Cabe recordar, además, que el PSC no apoyó dicho decreto en 2022: salió adelante con el apoyo de Junts, ERC, Comuns y la CUP, y la abstención de los socialistas (que sí que apoyaron la ley 6/2022).

Otras fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE también coinciden en el pronóstico: «El decreto ley seguro que lo tumban. Es insalvable. Y Pumpido tampoco puede desviarse en exceso de la doctrina del Constitucional», explican. A este respecto, y tal y como avanzó este periódico, en 2023 el Constitucional ya dictó en su sentencia sobre la reforma educativa (Lomloe), conocida como Ley Celaá, la posibilidad de que el Estado interviniera si se vulneraban los «derechos lingüísticos» en las aulas. Y en la sentencia del Estatut de 2010, el tribunal de garantías también dictamina que los dos idiomas deben ser vehiculares. La jurisprudencia es clara.

Motivos de su inconstitucionalidad

Los puntos con visos de inconstitucionalidad del Decreto-ley de Cataluña 6/2022 son los que hacen referencia al catalán como única «lengua vehicular» y los que suprimen la posibilidad de poner porcentajes en los proyectos lingüísticos de los centros. Por ejemplo, el artículo 2 del decreto que habla del «catalán como lengua propia», «vehicular y de aprendizaje y lengua de uso normal en la acogida del alumnado» y que fija «la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas».

Pero no son los únicos. El Constitucional también puede valorar que no había «motivo de urgencia» para hacer un decreto, ya que el Govern lo hizo unos días antes de que le obligaran a ejecutar la sentencia del TSJC. Cuando la Justicia catalana dio al Departamento de Educación -en aquel entonces dirigido por Josep González Cambray- un plazo de dos meses para que el 25% de horas lectivas en castellano tuviera carácter generalizado en todos los centros, el Govern de Aragonès promulgó el decreto para sortear ese porcentaje.

Manifestaciones de los docentes

En el caso de que el Constitucional fallara que los porcentajes no pueden ser aplicables con carácter pedagógico y deben arbitrarse mecanismos nuevos, la sentencia de la Justicia catalana del 25% quedaría debilitada. No obstante, si el tribunal dicta que no hay nada que impida la ejecución de porcentajes, la sentencia del 25% se puede ejecutar.

La consecuencia de este último escenario es que el modelo de inmersión quedaría tocado. Según explican fuentes de ERC y de Junts, buscarán la fórmula de que el Govern se blinde «de las injerencias de los tribunales», y la comunidad educativa y sus sindicatos no descartan movilizarse en contra de un fallo en esta dirección.

Tampoco es descartable que negocien una salida en el Congreso con Sánchez. La coyuntura política acompaña, ya que en regiones gobernadas por el PP, como en la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares, se está intentando cambiar los modelos lingüísticos para integrar el castellano. Estas políticas del PP, que Vox apoya, operan como argamasa para los socios del Gobierno.

Como informó este periódico, el pasado noviembre el Gobierno afirmó, tras una pregunta parlamentaria de Vox, que la Alta Inspección Educativa no tenía competencias para velar por el 25% de castellano en Cataluña. Una aseveración que no es cierta. El Ministerio de Educación hacía referencia a la sentencia 6/1982, de 22 de febrero del Tribunal Constitucional, pero de forma descontextualizada. Esta sentencia también establece que «la Alta Inspección puede ejercerse legítimamente para velar por el respeto a dichas normas estatales y, por consiguiente, también para velar por el respeto a los derechos lingüísticos (entre los cuales está, eventualmente, el derecho a conocer la lengua peculiar de la propia comunidad autónoma) y en particular el de recibir enseñanza en la lengua del Estado».