Los letrados urgen al PP a actuar ya para frenar la cesión de la inmigración a Cataluña

Letrados del Congreso de los Diputados animan al Grupo Parlamentario Popular a intentar frenar el informe de calificación del letrado mayor – Fernando Galindo, afín al PSOE- y los designados para su redacción. Estos juristas ya aventuran que, como sucedió con la amnistía, lo más previsible es que se muestre a favor de la Proposición de Ley del PSOE y Junts para la cesión a Cataluña de las competencias en inmigración. Ante esta posibilidad, animan al PP a «actuar rápido» y recusar a Galindo, según aseguran a THE OBJECTIVE, ante lo que consideran «la agresión más grave a la Constitución».

El polémico acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts, que ha conmocionado a la oposición y a los cuerpos y fuerzas de seguridad, entre otros sectores de la sociedad, por lo que supone de dejar el control de las fronteras a los independentistas, tiene ahora que enfrentarse a una compleja tramitación parlamentaria. Un proceso similar al de la ley de amnistía, aunque en esta ocasión más difícil, ya que Podemos ha anunciado que no lo apoyará. Su negativa pone muy difícil que salga adelante, ya que Pedro Sánchez necesita el voto afirmativo de todos los grupos que respaldaron la investidura.

Una vez registrada la proposición, el primer paso es la calificación por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados, en la que el PSOE y Sumar tienen la mayoría absoluta, cinco representantes, frente a cuatro del Grupo Popular. Socialistas e independentistas podrían llevar la próxima semana a la reunión de la Mesa esta iniciativa parlamentaria que tendrá que contar con el informe favorable de los letrados de la Cámara Baja. Para conseguir superar este primer obstáculo, Sánchez y Puigdemont lo tienen fácil, ya que el letrado mayor, Fernando Galindo, fue nombrado para ocupar el puesto principal de responsabilidad en este cuerpo jurídico, precisamente por su cercanía al PSOE.

Galindo tendrá que designar a los letrados que redacten el informe para intentar hacer ver que esta cesión de competencias se ajusta a la legalidad, y la tarea podría recaer en Ángeles González Escudero. Letrados consultados por este periódico señalan que hay dos artículos en la Constitución muy importantes que se pueden aplicar. Por un lado, el 149.1 que atribuye esta competencia al Estado, y el 150.2, al que se agarra el PSOE, que se refiere a una delegación y transferencia que excluye las de naturaleza intransferible, como el control de las fronteras, «porque es un elemento de la soberanía. En el caso de Estados Unidos, la inmigración es una atribución federal absoluta». Los socialistas solo hacen hincapié en la delegación, para justificar que Cataluña pueda ejercerla.

Los letrados señalan que Fernando Galindo «puede hacer lo que quiera, como hizo con la amnistía, pero ahora va a estar mucho más presionado, en el sentido de que no puede admitir en absoluto que eso pase sin el informe de la Mesa sobre su constitucionalidad. Dirán que es constitucional, pero transferir las fronteras y la inmigración es imposible desde el punto de vista del 150.2».

«Galindo está contaminado»

Este cuerpo de letrados anima al Grupo Popular a «insistir en la vía de la recusación» contra Fernando Galindo citando la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, las dos que regulan «la abstención y recusación. El PP tendría que pedir que el informe lo haga otro letrado, ponerlo en marcha todo, ya. Se creen que tienen tiempo, pero no lo tienen. Deben actuar rapidísimo».

Con estas dos leyes, siempre según la versión de los letrados, se podría recriminar a Galindo «su origen, al estar contaminado por haber sido subsecretario del Ministerio y tener interés directo o indirecto por haber formado parte del Gobierno. Por ahí se le puede decir que no es imparcial y que se separe de este tema. Hay que intentar pararlo antes». Tras este informe previo, que es clave, en el caso de que pase el trámite, después hay otro informe de los letrados de la comisión donde se tramite esta proposición de ley.

El Partido Popular sí podría tener más margen de maniobra en el Senado. En el caso de la ley de amnistía utilizó su mayoría absoluta para reformar el Reglamento y dilatar dos meses su tramitación incorporando una enmienda que daba potestad a la Mesa de la Cámara Alta, donde los populares tienen mayoría absoluta, para decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley, como fue el caso de la amnistía.