El Gobierno pagó una vivienda oficial a Ábalos a pesar de que tenía casa en Madrid desde 2010
El mantenimiento del inmueble en el que residía el exministro de Transportes llegó a costar 9.200 euros mensuales
José Luis Ábalos, diputado, exministro y exsecretario de Organización del PSOE.
El Gobierno sufragó los gastos de la vivienda oficial de José Luis Ábalos mientras fue ministro de Fomento y posteriormente de Transportes. El diputado de Torrente (Valencia) se alojó en la residencia ministerial, de seis habitaciones y 210 metros cuadrados, a pesar de que contaba con un inmueble propio en Madrid. Tal y como recogió en su declaración de bienes patrimoniales para acceder al escaño en el Congreso en 2023, lo adquirió en 2010 con pleno dominio al 50%, aunque durante su etapa en el ministerio todavía no se había divorciado y, según declaró Jésica ante el Tribunal Supremo, el político aseguró que no tenía intención de divorciarse mientras estuviese en el Consejo de Ministros.
Los datos oficiales del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE cifran el coste para el erario de alojar a Ábalos en 381.147 euros en total. Los gastos llegaron a su punto máximo en 2019: unos 9.200 euros al mes en conceptos como limpieza, factura de la luz -la del agua y el gas no se especifica porque no lo paga Transportes-, el IBI, la reparación de la pocería, un cerramiento de aluminio, menaje de hogar, jardinería, alumbrado exterior, reparaciones en el sótano, control de plagas, limpieza por obras y otros suministros.
El Ministerio argumenta que todos los predecesores de Ábalos se alojaron en esta vivienda oficial situada en el municipio de Madrid -aunque su ubicación precisa no se hace pública por motivos de seguridad- y que cuenta con cocina, salón-comedor, despacho en planta baja y tres dormitorios. También sus sucesores, Raquel Sánchez y Óscar Puente, se instalaron en este domicilio, pero con unos gastos menores, de unos 5.400 euros al mes, la mayoría en servicio de limpieza.
Uno de los motivos que puede esgrimirse para defender la necesidad de que los ministros se alojen en pisos oficiales aun cuando tienen una vivienda en propiedad en la capital es el de la seguridad. En la documentación de Transportes no se incluyen los gastos del dispositivo de la Policía Nacional encargado de proteger la residencia ministerial, aunque en 2018 Transportes sí abonó 1.857 euros en este concepto.
Aun así, no todos los ministros optan por vivir en estos alojamientos del Estado, sino que permanecen en su propio hogar. Entre ellos, la titular de Defensa, Margarita Robles, el de Presidencia, Félix Bolaños, o la de Sanidad, Mónica García. Entre los ministerios que declaran los gastos de los pisos oficiales, el de Transportes es precisamente el más caro, si bien en el caso de Interior se aloja no solo al ministro Fernando Grande-Marlaska, sino también al secretario de Estado de Seguridad, que vive en un inmueble de la Policía Nacional.
El Ministerio desembolsó 91.026 euros en 2018 para mantener la vivienda oficial del titular del departamento, con obras, reformas y adquisición de mobiliario por valor de 59.000 euros. En 2019, el coste se disparó hasta los 110.249 euros, con reparaciones por importe similar al anterior ejercicio. En 2020, las obras y mobiliario costaron otros 50.000 euros, con un coste total de 108.837 en todo el año. En su último año en el cargo, se gastaron 71.000 euros en total, 14.000 de ellos en nuevo mobiliario, cristal y toldos.
Además del inmueble de Madrid, Ábalos incluyó en su declaración otras propiedades, como una vivienda de la que tenía el pleno dominio en Valencia, donde también contaba con dos locales comerciales, uno de ellos al 50%. Asimismo, dijo tener un Range Rover de 2008 y un Volkswagen Tiguan de 2020, un seguro de vida con CaixaBank de 22.300 euros y un plan de pensiones de 13.000 euros suscrito entre el Congreso y BBVA. También deudas valoradas en 175.000 euros por sus tres hipotecas con CaixaBank y su vehículo financiado por Sofinco, además de la pensión por la manutención de sus hijos, una obligación que cuantificó en 1.500 euros mensuales.
