El Gobierno se rinde ante las «informaciones periodísticas» de THE OBJECTIVE
Se niega a responder a seis preguntas del PP sobre la trama Ábalos diciendo que «no realiza declaraciones»
El ministro de Transportes, Óscar Puente. | Rober Solsona (EP)
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha tenido más remedio que admitir que las exclusivas que THE OBJECTIVE ha publicado sobre la trama de los hidrocarburos, vinculada al exministro de Transportes José Luis Ábalos, así como la entrega de 90.000 euros por parte de la empresaria Carmen Pano en la sede del PSOE de Ferraz, no son «bulos», sino «informaciones periodísticas». Así lo ha confirmado en una respuesta al Grupo Popular, a la que ha tenido acceso este periódico, tras registrar una batería de seis preguntas sobre la presunta corrupción que le afecta, aunque no ha respondido a ninguna. «El Gobierno no realiza valoraciones sobre informaciones periodísticas», ha sido su escueta respuesta.
El acoso de los miembros del Gobierno y del PSOE contra THE OBJECTIVE desde que empezó a desvelar los presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su núcleo familiar más cercano no han cesado. La mayoría de los ministros y dirigentes socialistas se han lanzado a descalificaciones como «bulo», «fango» y «pseudomedio» para intentar desacreditar las noticias publicadas.
El ministro de Transporte, Óscar Puente, el más agresivo en sus insultos, llegó a afirmar en las redes sociales que este periódico es «un contenedor de porquería». Textualmente, escribió: «No está de más recordar que en este contenedor de porquería es en el que ha acabado Savater. ¿Se puede acabar peor una carrera? Es casi imposible», a raíz de una información sobre su hermana.
Estas circunstancias han empezado a cambiar y después de meses de acoso al periódico, ahora han reconocido por escrito que estas informaciones no son bulos. Lo han hecho en la mencionada respuesta por escrito al Grupo Popular, con fecha del pasado día 5, en la que se refieren a las «informaciones periodísticas». No ofrecen, eso sí, ningún dato sobre las seis preguntas. «El Gobierno no realiza declaraciones sobre informaciones periodísticas».
El Grupo Popular, en su escrito, señala que «según ha trascendido por la publicación de un medio de comunicación -THE OBJECTIVE-, miembros del PSOE, a través de intermediarios, podrían haber contactado con empresarios investigados por la Audiencia Nacional en la trama de hidrocarburos. La trama, vinculada a Víctor de Aldama, relacionado con importantes miembros del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez, cometió, presuntamente un fraude de más de 180 millones de euros en la compraventa de petróleo, tras haber recibido, de forma sospechosa, la correspondiente licencia como «operador» por parte del Ministerio de Transición Ecológica».
Los populares señalan que «en este contexto, una empresaria ha denunciado que llevó a la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz de Madrid, unas bolsas con 90.000 euros que entregó en la segunda planta de dicha sede. Al parecer, desde el entorno del señor Santos Cerdán se ha transmitido a uno de los empresarios imputados que si «cooperan y ayudan a desacreditar a los agentes de la UCO, y además involucran a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como impulsora de las pesquisas, podrían lograr una rebaja en la posible pena, a través de la Fiscalía».
Asimismo, dicen que «resulta evidente que, de haberse producido tal contacto por el PSOE con empresarios de la trama, hubiese sido necesario el conocimiento y autorización previa por el Gobierno, para, directamente por Pedro Sánchez, o a través del Ministerio de Presidencia, justicia y relaciones con las Cortes, se hiciese llegar alguna indicación a la Fiscalía, para favorecer tal beneficio penal para los empresarios afectados en la trama de hidrocarburos».
Preguntas del PP
El PP pregunta si «ha tenido conocimiento y autorizado el Presidente del Gobierno, el Ministro de Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes, el Ministro del Interior o cualquier otro miembro del Gobierno, que el PSOE lleve a cabo contactos con empresarios investigados en la trama de hidrocarburos»; y si ha tenido el Gobierno conocimiento de que el supuesto acercamiento del PSOE a los empresarios investigados en la trama de hidrocarburos haya tenido como finalidad desacreditar a la UCO y atribuir, falsamente, a la presidenta de la Comunidad de Madrid algún papel oculto y conspirador en el inicio de las investigaciones sobre la trama que afecta al PSOE»
Igualmente, quieren saber si el Gobierno «ha remitido algún tipo de instrucción o ha trasladado algún tipo de mensaje a la Fiscalía para que impulse un acuerdo de reducción de posibles futuras penas con empresarios de la trama de hidrocarburos»; y «si considera el Gobierno que es acorde al Estado de derecho y al principio de lealtad institucional desacreditar de manera falsa y deliberada la labor de la UCO en unas investigaciones que afectan al propio gobierno o su entorno».
Finalmente, quieren saber si «considera el Gobierno que es democrático que, presuntamente, por parte de un partido se intente coaccionar y manipular las declaraciones de personas investigadas, acusando a la UCO y a rivales políticos con la finalidad de conseguir impunidad para sí mismo»; y si «es consciente el Gobierno de que intentar influir directamente sobre el testimonio de investigados para que declaren cosas que no son ciertas, podría suponer un delito de obstrucción a la Justicia».
