Las rebajas de penas por el 'solo sí es sí' no se actualizan desde que Ana Redondo es ministra

Noviembre de 2023 fue la última vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó las cifras de los beneficiados por la ley del solo sí es sí. Por aquel entonces, hace ya 15 meses, 1.233 presos habían visto reducida su condena, mientras que 126 habían sido directamente excarcelados gracias a la polémica norma impulsada por Irene Montero, que sufrió un importante desgaste político por aquella chapuza legal, apoyada por el PSOE. Sin embargo, desde que Ana Redondo la sucedió como ministra, existe un llamativo apagón informativo.

Antes de que el PSOE se hiciera cargo del Ministerio de Igualdad, el CGPJ actualizaba mensualmente las cifras, aumentando el escándalo: cada mes los agresores sexuales beneficiados por una norma que nació para combatir la violencia sexual se disparaban. Tan sólo en el primer año hubo 1.205 favorecidos. Pero desde el cambio de cartera, el máximo órgano de los jueces no ha vuelto a renovar sus datos.

La última ocasión fue el 24 de noviembre de 2023, justo tres días después de que Irene Montero cediera la cartera ministerial a Ana Redondo, a la que deseó -en forma de dardo envenenado- «que nunca te dejen sola», en referencia precisamente a la soledad que la dirigente de Unidas Podemos sintió defendiendo su ley desde que comenzaron a publicarse las rebajas de condenas a agresores sexuales, una posibilidad que su equipo se negó a admitir cuando promocionaba la norma.

Durante el trámite de la norma, el Gobierno recibió varios avisos de que los errores que contenía llevarían a la reducción de condenas. El más relevante de todos fue un informe del CGPJ que recordaba que el artículo 2.2 del Código Penal establece que «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena». Pero el Ejecutivo hizo caso omiso.

Desde el CGPJ explican a THE OBJECTIVE que se dejaron de actualizar las cifras en noviembre de 2023 porque las variaciones que se registraban eran ya «mínimas», y se decidió esperar a un «recuento final»: «Había muchos órganos judiciales, sobre todo las audiencias provinciales más pequeñas que ya habían resuelto todo, y el conteo solo seguía avanzando en las grandes ciudades». En julio de 2024, finalmente se renovó el CPGJ, y desde entonces esta cuestión no se ha vuelto a abordar.

Sin embargo, las rebajas de condenas se han seguido produciendo. Sin ir más lejos, a finales del pasado mes de febrero, en virtud de la norma, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra rebajó de 15 a 14 años de prisión la condena de dos de los miembros de La Manada, condenados por violación grupal a una joven durante la celebración de los Sanfermines de 2016. Una violación que, paradójicamente, fue la que alumbró el sólo sí es sí y llevó a Irene Montero a reformar la legislación.

Vox pide una actualización

Vox ha registrado este martes una iniciativa en el Senado en la que pide al Ministerio de Igualdad a que publique los datos de delincuentes beneficiados por la aplicación de la ley del sólo sí es sí. Concretamente, la formación que preside Santiago Abascal solicita al Ejecutivo que inste al CGPJ a actualizar los números de reducciones de condenas y excarcelaciones que se han producido desde noviembre de 2023 a marzo de 2025, en 15 meses, por la aplicación de la norma.

También solicitan a la Fiscalía General del Estado que su memoria anual añada un apartado que señale las consecuencias de la aplicación de esta ley, señalando el número total de delincuentes y excarcelados por día. No obstante, Vox recalca la situación de Álvaro García Ortiz, el primer Fiscal General del Estado contra el que se abre una causa por un supuesto delito de revelación de secretos, y que evidencia «el nivel de sometimiento» del Ministerio Fiscal al Gobierno de Pedro Sánchez.

«Ha quedado patente que el Fiscal General del Estado, y gran parte de la cúpula fiscal que integra la Fiscalía General del Estado, atiende sólo a criterios de partido», denuncia la iniciativa. Por tanto, «no es de extrañar que pretendan ocultar cualquier tipo de información contraria a los intereses del Gobierno».