Bolaños admite la «inquietud» por los métodos de determinación de edad de inmigrantes

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido este jueves que la reforma del Gobierno de los procesos de determinación de la edad de inmigrantes puede generar «inquietud» en los territorios con presión migratoria. No obstante, ha prometido agilidad.

«El Gobierno es plenamente consciente de que esta nueva regulación garantista para los derechos de los menores puede generar inquietud en algunos territorios con especial presión migratoria y que podría temerse una mayor demora en los tiempos de gestión como consecuencia de la aprobación de estas normas», ha asegurado Bolaños en el Pleno del Congreso de los Diputados, que ha debatido las enmiendas a la totalidad del PP y Vox para devolver al Ejecutivo sus leyes para determinar la edad de los menores migrantes.

Si bien, el ministro se ha comprometido a que los procedimientos judiciales sean «ágiles», así como a tener en cuenta «todas las reivindicaciones y todas las cuestiones que planteen territorios con especial presión migratoria». En concreto, se ha referido a Canarias, Ceuta y Melilla.

«Por ello, quiero trasladarles la voluntad del Gobierno de dotar de recursos suficientes a la Administración de Justicia en línea con lo que está suponiendo ya la ley de eficiencia del Servicio Público de la Justicia para que no existan demoras injustificadas y, en este caso, de determinación de la edad de menores totalmente injustificables», ha destacado.

Igualmente, ha dicho que le parece «difícil de entender» por qué se han presentado dos enmiendas a la totalidad a estos textos. Además, ha indicado que a PP y Vox no puede preocuparles que un juez, con las debidas garantías, determine quiénes son menores y, por tanto, quiénes pueden ser acogidos en el sistema. Así, ha expuesto que espera que ambas enmiendas decaigan.

«Creo que el debate de fondo que nos trae a este procedimiento, a esta tramitación de este debate a la totalidad, creo que, en definitiva, estamos hablando del núcleo más fundamental de la democracia. Es decir, si el núcleo de nuestra democracia son los derechos o, por el contrario, es la exclusión, el intento de exclusión, incluso la crueldad con precisamente los más desprotegidos que son los menores», ha apuntado.

El Consejo de Ministros aprobó los dos proyectos de ley para regular el nuevo procedimiento de determinación de la edad el 19 de noviembre del año pasado.

Bolaños también ha defendido que los proyectos de ley aprobados tienen como objetivo «proteger y garantizar los derechos de los menores en los procesos de determinación de la edad», cumpliendo así las recomendaciones de los organismos internacionales en esta materia.

Esta iniciativa ha dicho que se enmarca en los compromisos internacionales suscritos por España y, particularmente, en las resoluciones del Comité de Derechos del Niño, cuyos dictámenes reclaman un procedimiento de naturaleza judicial frente al modelo actual de naturaleza administrativa.

Competencia a los juzgados de familia

El primer proyecto atribuye la competencia del proceso, con carácter general, a los Juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de familia o, de no existir especialización, al que por turno de reparto corresponda.

El protocolo a seguir en el procedimiento se rige por el principio del superior interés del menor, la presunción de minoría de edad, el derecho a ser oído y tomar parte en el procedimiento, la prohibición de pruebas invasivas y desnudos integrales, y la especialización de los profesionales intervinientes.

Además, garantiza la asistencia jurídica gratuita desde el inicio del procedimiento, la asistencia de intérprete, y de quien ejerza la representación legal de la persona menor de edad.

Este proyecto prevé la intervención del Ministerio Fiscal, y solo podrá iniciarse cuando la persona que alegue su minoría de edad se encuentre indocumentada o existan motivos para impugnar la validez de la documentación aportada.

El segundo proyecto de ley atribuye la determinación de la edad al Juzgado de Menores cuando la persona se encuentre detenida por su presunta participación en una infracción penal y exista duda razonable sobre su minoría o mayoría de edad.