El PP pide un informe al letrado antes de decidir si denuncia a Armengol por saltarse la ley
Fernando Galindo advirtió de que la Mesa del Congreso no puede vetar enmiendas del Senado sin ir al pleno
El letrado mayor del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo. | EP / Eduardo Parra
El Partido Popular, así como el resto de los grupos parlamentarios, tiene en sus manos querellarse contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y los otros cuatro miembros de la Mesa, tres del PSOE y uno de Sumar, por apoyar que se eliminen las enmiendas del Senado a la Ley de Desperdicio Alimentario sin contar con el pleno. Antes de tomar una decisión, los populares han pedido al letrado mayor, Fernando Galindo, un informe de legalidad por escrito de esta decisión.
Una novedad en esta tramitación en lo que respecta al letrado mayor, afín al PSOE, es que por primera vez se ha pronunciado en contra de una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. Galindo llegó a decir en la reunión de la Mesa que la decisión que se iba a tomar era ilegal. En el escrito enviado a la Mesa por el Grupo Popular, en el que pedía una reunión previa al Pleno celebrado este jueves, se señala que advirtió «verbalmente que dicho acuerdo era contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional».
Por ello, entienden que es importante que este pronunciamiento del secretario general del Congreso de los Diputados no sea tan solo una expresión verbal, sino que quede plasmado en un documento escrito.
Los letrados de las Cortes empiezan a detectar «miedo» en su jefe superior, Fernando Galindo, letrado mayor y afín al PSOE, en este asunto comprometido para el Gobierno, el de alertar sobre ilegalidades en una decisión adoptada por la Mesa del Congreso de los Diputados, controlada por PSOE y Sumar. Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE se muestran «sorprendidas» de que haya advertido de que la decisión de eliminar enmiendas del Senado a la Ley de Desperdicio Alimentario, sin contar con el voto de los diputados, no es competencia de la Mesa. «Empieza a darse cuenta de que está en una situación peligrosa».
La situación del secretario general del Congreso y letrado mayor, Fernando Galindo, nombrado por la presidenta socialista Francina Armengol después de ocupar un cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez, empieza a ser cada vez más comprometida. Si la tramitación de la Ley de Amnistía ya lo puso en la diana por plegarse al dictado del Ejecutivo y permitir su tramitación considerándola constitucional, la última decisión de la Mesa de eliminar cuatro enmiendas del Senado sin someterlas al Pleno del Congreso lo ha colocado en una situación imposible. El Gobierno pidió la eliminación con el argumento de que afectaban al presupuesto, pero eso es algo que no se puede hacer sin llevarlo al pleno.
Tan es así que, por primera vez en esta legislatura, el letrado jefe se ha atrevido a contradecir una decisión de calado del Gobierno. Una maniobra que otros letrados de las Cortes no dudan en atribuir a Galindo por una razón: «Ve el fuego cerca y no quiere acabar mal. Hay decisiones que pueden ser dudosas, pero esta es claramente ilegal. Aunque tenga poca experiencia, él sabe distinguir lo que es defendible y lo que no lo es. Por eso ha dicho que se opone. No puede alegar desconocimiento porque va a terminar llevándose por delante a todo el Cuerpo».
Estos letrados ya advirtieron a THE OBJECTIVE que los miembros de la Mesa, entre ellos la presidenta Armengol, pueden haber cometido cuatro delitos: «prevaricación, dictar resolución injusta; infidelidad en la custodia de documentos, un delito que afecta a un documento que consta en el Congreso enviado por el Senado; y falsedad porque le vas a decir al Pleno mañana que las enmiendas del Senado son unas, pero que faltan otras».
Esta oposición no se ha hecho a través de un informe escrito, sino tan solo verbalmente, a pesar de que el Grupo Parlamentario Popular ha reclamado un «informe de legalidad porque si un órgano toma una decisión que no le corresponde es nula». Este pronunciamiento verbal del letrado mayor se hizo en la reunión de la Mesa del Congreso celebrada este martes en la que se presentó en mano el veto del Gobierno sin haberlo incluido en el orden del día de la reunión, que se comunica el lunes.
Consecuencias penales
En esta negativa a presentar un informe de legalidad puede estar la clave –a juicio de letrados de las Cortes- del temor de Galindo a terminar salpicado por esta polémica que puede tener consecuencias penales: «El problema es que llevaron el asunto en mano ¿Qué ventaja tiene para el PSOE? Que no hay informe previo. Por eso Galindo lo dijo solo de boquilla, pero eso demuestra debilidad. Salva su responsabilidad penal diciendo que verbalmente ya dijo que era contrario a la Constitución».
Lo que sucedió el martes en la Mesa del Congreso, en la que Galindo manifestó verbalmente su rechazo, se agrava, a juicio de estas fuentes jurídicas, con lo que se vivió este jueves en la Junta de Portavoces convocada a las ocho de la mañana de manera urgente, antes del pleno que empezaba a las nueve. Una reunión que fue exigida por el Grupo Popular en un escrito en el que reclamó que se aplazara la votación del proyecto de ley y se sometiera al pleno la modificación del orden del día. El PP pidió una reunión de la Mesa y el PSOE convocó la Junta de Portavoces, que rechazó su decisión.
En el pleno se cometió otra ilegalidad, siempre según la versión de los letrados: «Esta mañana (por ayer), Galindo está presente en el pleno y delante de él, el presidente del pleno en funciones dice que no se aplica el artículo 68.1 del Reglamento del Congreso, que se refiere a la modificación del orden del día del pleno, que puede ser alterado por la petición de dos grupos o una quinta parte de los miembros de la Cámara. Tiene que someterlo al pleno y este artículo se lo han llevado por delante. Galindo tendría que haber ido al presidente y decirle que eso no se puede hacer, pero se ha callado. Eso es una irresponsabilidad gordísima».
Igualmente, el cuaderno de votaciones que hace Galindo y que se distribuyó este jueves para el pleno «contiene todas las enmiendas del Senado y hoy (por ayer) no va a contener las enmiendas vetadas, es una falsedad ideológica en documento, porque han creado un documento falso que no incluye las enmiendas votadas por el Senado».
