El PP pregunta al Gobierno si cumplirá los consejos de la UE para no atacar a la Justicia
El comisario europeo abogó por que los poderes del Estado fomenten la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado | EP / Eduardo Parra
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados con el objetivo de conocer si el Gobierno va a tomar medidas contra los ataques de varios de sus miembros al Poder Judicial. En este escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los populares, entre otras cuestiones, interpelan a Sánchez sobre si va a aceptar las recomendaciones de la Comisión Europea para mantener la confianza en el Poder Judicial, como así lo manifestó el comisario de Justicia, Michael McGrath.
El enfrentamiento de los miembros del Gobierno con jueces y abogados ha ido creciendo a medida que se iban abriendo causas judiciales sobre presuntos casos de corrupción que afectan al entorno cercano del presidente del Gobierno, como su mujer, Begoña Gómez, o su hermano David Sánchez. La imputación de estos y del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha derivado en una escalada verbal que llevó al Partido Popular Europeo a realizar una pregunta a la Comisión Europea sobre estos ataques.
Junto a esta iniciativa a nivel europeo, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados lanza la suya recordando la gravedad de las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 12 de diciembre de 2024, en las que acusaba al Poder Judicial de acosar al Ejecutivo en connivencia con partidos de la oposición.
Ante estas insólitas afirmaciones, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, emitió un comunicado el 13 de diciembre de 2024 recordando que «la independencia judicial constituye uno de los pilares básicos del Estado de derecho». Eso dio pie a que los populares europeos registraran una pregunta dirigida a la Comisión Europea para conocer si el organismo aplicaría las herramientas de las que dispone para defender los pilares del Estado de derecho y si señalaría a gobiernos que vulneren sus principios fundamentales.
El comisario de Justicia, Democracia, Estado de derecho y Protección de los consumidores, Michael McGrath, aseguró que si bien los órganos jurisdiccionales no son inmunes a la crítica ni al escrutinio, el poder judicial debe gozar de la confianza pública para desempeñar correctamente su labor. Especialmente cuando se trata de declaraciones procedentes de miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, ya que «todos los poderes del Estado deben fomentar y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones constitucionales, incluido el poder judicial».
Preocupación en la Unión Europea
A la vista de esta situación, diputados del Partido Popular han planteado una serie de cuestiones para que el Gobierno responda por escrito. Como primera consideración, quieren saber si el Ejecutivo «comparte la preocupación expresada por la Comisión Europea sobre los ataques en diversas declaraciones de miembros del Gobierno de España y otros responsables políticos al Poder Judicial en España». Asimismo, preguntan al Ejecutivo si cree «que las declaraciones contra jueces y magistrados del presidente del Gobierno y de algunos de sus ministros son propias de un Ejecutivo de un Estado democrático miembro de la Unión Europea».
Otra cuestión va dirigida a si «considera el Gobierno que sus declaraciones contra jueces y magistrados erosionan la confianza de los ciudadanos en la Justicia» y si «piensa rectificar su actitud en relación con el Poder Judicial». Además, quieren saber si «piensan pedir disculpas el presidente del Gobierno y los ministros que han realizado graves acusaciones contra jueces y magistrados».
Los populares creen necesario saber si «va a aceptar el Ejecutivo las recomendaciones de la Comisión Europea y a adoptar medidas para reforzar la confianza en la independencia judicial» y si «tiene previsto incorporar en su plan de acción por la democracia alguna medida que regule, desde la autocrítica, consecuencias políticas para los miembros del Ejecutivo que señalen, insulten o atribuyan delitos a miembros de la carrera judicial», incluyéndolas en «un código de conducta riguroso respecto a tales declaraciones».
El Grupo Popular indaga «qué otras medidas tienen previstas impulsar, liderar o coordinar para dar respuesta a lo manifestado por el comisario McGrath», así como los «recursos que invertirá el Gobierno para aprobar y materializar dichas medidas». En este sentido, se interesan por si «va a consensuar el Gobierno la adopción de estas medidas y cualquier propuesta normativa que afecte al acceso a la carrera judicial y su desarrollo con los representantes del poder judicial» y «en qué plazos reales se prevé impulsar, liderar, coordinar y ejecutar estas medidas desde el Gobierno». En el caso de no hacerlo, quieren saber los motivos.
