El juicio por la explotación de la mina de Aznalcóllar acecha a un protegido de Montero

El macrojuicio en la Audiencia de Sevilla por posibles delitos en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar entra este lunes en su fase decisiva, la de las testificales, con el foco sobre Vicente Fernández Guerrero, que ocupó varios cargos importantes en la Junta de Andalucía con los socialistas durante la pasada década y que luego fue aupado a la presidencia de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019 de la mano de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Fernández Guerrero se enfrenta a una petición de cárcel de 19 años, junto a una inhabilitación de 60 años y una multa de dos millones de euros por su papel en esta explotación minera adjudicada en 2013 a la agrupación empresarial México-Minorbis cuando era secretario general de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo. Junto a él, se sientan en el banquillo de los acusados otros 15 políticos, empresarios y funcionarios de la Junta. Entre todos, suman un total de 348 años de prisión por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, prevaricación ambiental, cohecho y fraude contra la Administración.

Entre los procesados están la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez, Julio Ramos y José Marcos Acosta como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho y el jefe del Servicio de Minas de la Junta, Iván Maldonado, así como los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel y quienes habrían actuado como «intermediarios» o conseguidores para la sociedad mexicana. A ambos se les reclama una pena de 17 años de prisión. En la Audiencia de Sevilla también se sientan funcionarios que ocupaban, en el momento de los hechos que se juzgan, cargos políticos dentro de la Consejería de Hacienda que dirigía Montero por aquel entonces.

Montero siempre ha defendido a Fernández Guerrero durante la larguísima instrucción de este caso en el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla. Cuando le nombró presidente de la SEPI, destacó de él su «honradez» y consideró que su «suma de competencias permiten afirmar por mi parte que es la persona adecuada para dirigir la SEPI en un momento en el que tenemos que dar respuesta a los cambios en el modelo productivo». Tras su dimisión a finales de 2019, el PP llegó a preguntar al Gobierno de Pedro Sánchez si el acusado seguía ejerciendo alguna función en la sombra en dicho organismo público o en otro tras retornar a su puesto funcionarial de letrado de la Junta andaluza.

El llamado caso Aznalcóllar no empezó con la conocida rotura de la presa de 1998, en la que se produjo una de las mayores catástrofes ambientales en España, sino en 2013 cuando se inició el expediente administrativo para la reapertura de la mina. Pese al atractivo económico que ofreció la Junta, ninguna de las principales multinacionales de entonces del sector de la minería se presentó debido a las dudas que presentaba la información técnica y los pasivos ambientales que debían ser asumidos por el adjudicatario.

La única compañía interesada fue Emerita Resources España, filial de una compañía canadiense cotizada en la Bolsa de Toronto, que había empezado un año antes a buscar proyectos de exploración en España. Debido a la falta de transparencia que se detectó en la fase final de evaluación de ofertas, el propio embajador canadiense en Madrid, Jon Allen, remitió en 2015 una carta a Díaz informando de la profesionalidad y solvencia del proyecto de Emerita y que la empresa estaba avalada por el Banco de Inversiones canadiense (ver abajo).

El concurso tuvo dos fases: la previa hasta abril de 2014 para la selección de la solvencia económica de los licitadores y la final, hasta diciembre de 2014, para la selección de la solvencia técnica de las propuestas técnicas elaboradas por los licitantes. Curiosamente, en marzo de ese año, apenas un mes antes de finalizar la primera fase del concurso, se constituyó la empresa Minorbis con un capital social de solamente 3.000 euros. Por lo tanto, no tenía ninguna experiencia previa en minería ni en ningún ámbito similar. Pese a ello, la nueva empresa se presentó al concurso con un simple «acuerdo de pláticas» con Grupo México.

En la letra pequeña se establecía expresamente que la entidad podía rescindir ese acuerdo en cualquier momento, algo que impide la legislación española al no representar en modo alguno compromiso de respaldo de la oferta. Además, Minorbis no contaba con la solvencia financiera mínima para participar en el concurso y, para más inri, presentó un proyecto que no cumplía con los tres requisitos básicos del mismo.

A pesar de todo ello, la citada empresa ganó la licitación de la Junta de Andalucía por delante de Emerita, que en la actualidad está entre las 50 mejores sociedades de la Bolsa de Toronto, uno de los principales mercados de inversión en minería. La compañía canadiense recurrió a los tribunales y ahí empezó todo el caso Aznalcóllar. A pesar de que la Fiscalía pidió su archivo en varias ocasiones, la Audiencia de Sevilla siguió adelante con el procedimiento al considerar que se habían producido «ilegalidades severas» en el concurso para la explotación de la mina.