El «enlace colombiano» de Ábalos creó una «puerta giratoria» con el Gobierno de Santos
El papel de Peccis era similar al que el propio exministro prestó a la trama de las mascarillas y los hidrocarburos
José Luis Ábalos y Ángel Peccis, en segunda fila.
El exembajador de España en Cuba Ángel Martín Peccis, nombrado por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, fue el «enlace colombiano del ministro», según diversas fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. Su relación desde el proceso de paz con las FARC en 2016 se afianzó durante los dos años que restaron hasta la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa e hizo ministro de Transportes a Ábalos. «Ábalos traspasó su actividad en Colombia a su hijo Víctor, con quien Peccis trabó una especial amistad en Colombia», señalan fuentes cercanas y conocedoras de las empresas que ‘heredó’ Víctor Manuel Ábalos en el país caribeño. El papel de Peccis era similar al que el propio Ábalos prestó a la trama de las mascarillas y los hidrocarburos: «Facilitarle la entrada en el Gobierno colombiano» con quien el entonces director de la Organización de Estados Iberoamericanos había establecido «una puerta giratoria» en la oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Colombia.
Fuentes internas de la OEI consultadas por este periódico destacan que la trayectoria profesional de Peccis en Colombia experimentó un cambio en 2018, cuando Ábalos entró en el Gobierno. Su acercamiento llamó la atención de puertas para adentro en la organización porque «la OEI se relaciona con los ministerios de Educación, Cultura y Ciencia, pero no con Transportes». A ello se sumó que «Peccis presumía de tener amistad con el ministro», lo cual favoreció la promoción del organismo intergubernamental desde el departamento de Transportes. Al poco tiempo de asumir la cartera, Ábalos recibió en el Ministerio al secretario general de la OEI, Mariano Jabonero.
Y unos meses más tarde, empezó a ejercer de una suerte de «intermediario de todos los ministros españoles con los que debía relacionarse la OEI», entre ellas la entonces ministra de Educación, Isabel Celaá, con quien Ábalos tuvo ciertas tensiones al respecto. El motivo de las mismas es que su jefe de gabinete, José Antonio Hernández, había sido director de la oficina de la OEI en Perú y había mantenido discrepancias con las formas empleadas por Jabonero. Uno de los pocos actos en los que coincidieron fue en un evento organizado por la OEI y la Casa de América, que utilizó a Ábalos como reclamo en septiembre de 2019 y al que se desplazó Ángel Peccis desde Colombia, situado en segunda fila.
Los honorarios de la «puerta giratoria»
Durante ese 2019 se detectaron las irregularidades internas del director de la sucursal colombiana. Una de ellas, la «puerta giratoria» de altos cargos y exministros del Gobierno colombiano para obtener influencias. Así consta en los documentos internos que obran en poder de este diario. Según fuentes internas de la OEI, a las múltiples irregularidades desveladas por este periódico se le suma la contratación de asesores y consultores del Gobierno colombiano que respondían más a una lógica empresarial y comercial y al «pago de favores» a los miembros del Ejecutivo. Así lo reconoció el propio Ángel Peccis en un documento interno de respuesta a las auditorías que posteriormente desvelaron un agujero económico de 2,5 millones de euros en el ejercicio de 2019.
Tras detectar múltiples irregularidades en un primer informe interno del departamento de Finanzas y Administración, el director de la oficina de Colombia envió un nuevo informe para responder a las múltiples incidencias detectadas. En el mismo reconocía que «para el año 2019 se presupuestó una plantilla de honorarios que eran los que habitualmente venían trabajando con la OEI, pero por necesidades propias de la OEI y en acercamiento con el nuevo Gobierno para generar nuevos proyectos y el fortalecimiento institucional se ha tenido que contratar por fuera del presupuesto, ya que son necesarios para la operación misma de la Oficina».
Los documentos que obran en poder de este diario recogen partidas de gasto que duplican el presupuesto inicialmente previsto para los honorarios por servicios técnicos y profesionales. A 30 de junio de 2019, Peccis reconocía haber gastado 329,932,17 dólares frente a los 157.038,10 previstos en honorarios. En el caso de los gastos institucionales, se triplicaba el presupuesto de todo el año en los seis primeros meses del mismo: 104.551,40 frente a los 30.263,49 dólares.
La exministra de Educación
Estos honorarios se corresponden con el fichaje de una docena de asesores de la OEI que pertenecían o pertenecieron al Gobierno colombiano. Uno de los primeros casos más paradigmáticos de esta «puerta giratoria» fue el de la exministra de Educación del Gobierno de Juan Manuel Santos, Yaneth Giha, quien fue contratada como asesora poco después de su salida del Gobierno en agosto de 2018. Así consta en la plataforma de pagos de la OEI, denominada GesproOEI, aunque ella oculta este asesoramiento en su perfil laboral de la red LinkedIn. Un mes antes de salir del gobierno colombiano, recibió un premio de manos de Ángel Peccis y del secretario general, Mariano Jabonero, donde definió a la oficina en Colombia como «uno de nuestros grandes aliados para mejorar la calidad educativa».
Otro de los casos más sonados fue el de la exviceministra de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo, Mariella Barragán, quien estuvo como asesora de la presidencia de la OEI de 2012 a 2016, fue nombrada por el Gobierno en mayo de ese año y recorrió el camino de vuelta como asesora del organismo intergubernamental en 2018, nada más abandonar el Gobierno. Su ‘puerta giratoria’ fue especialmente elocuente porque la encumbró en octubre de 2022 hasta la dirección de la oficina de Colombia de la OEI. El tercer asesor con el que coincidieron las dos miembros del gobierno colombiano fue Carlos Zuloaga, el actual vicecontralor general en Colombia, órgano homólogo al Tribunal de Cuentas en España. Zuloaga fue asesor de la OEI Colombia de diciembre de 2016 a diciembre de 2018, puesto que compaginó con el asesoramiento en la Federación Nacional de Departamentos, en el área de Subdirección de Gobierno y Regiones. En febrero de 2019 fue nombrado director adjunto de Ángel Peccis, como publicitó la propia organización en sus redes sociales.
Los otros asesores
Peccis no incluyó a estos tres asesores que él fichó en el documento elaborado por él mismo. Pero sí aportó un listado con otros asesores fichados por él en ese documento. Nancy Arango, asesora de la Ministra del Interior en el Gobierno de Santos Calderón hasta agosto de 2018, pasó a ejercer de asesora de la OEI para proyectos de «fortalecimiento institucional mediante el desarrollo de programas y proyectos de cooperación internacional con distintas entidades públicas y privadas». En 2019, la plataforma de pagos interna de la OEI en Colombia registró pagos hacia ella por valor de 19.047,62 dólares americanos.
Un segundo caso es el de Óscar Lizano, un conocido miembro de la Cámara de Representantes de Colombia de 2018 a 2022, secuestrado por las FARC entre los años y 2000 y 2008, quien prestó un «asesoramiento y apoyo en yemas relativos a la responsabilidad social, derechos humanos, programas de reincorporación a La Paz, reconciliación en Derechos Humanos y conflictos. Mientras era parlamentario colombiano, la OEI le abonó 17.142,86 euros, por sus servicios en los siete primeros meses de 2019. En cuanto a Ana María Ramos, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia. la OEI recurrió a ella como subdirectora de la Corporación Excelencia en la Justicia en el año 2019 para «apoyar a la presidencia de la Corte Constitucional de Colombia en el proceso de modernización interna». Motivo por el cual se le abonaron 17.142,86 dólares americanos, a fecha de julio de 2019.
Entre la docena de asesores, también se encuentran gobernadores como el de Risaralda, Víctor Tamayo; asesoras del Ministerio de Educación, como Paula Botero; un secretario de la Policía Nacional de Colombia, Carlos Moreno; un comandante operativo de la policía nacional de Bogotá, Yamil Moreno; y Gustavo Espinosa, jefe de oficina de control interno de Gobernación de Caqueta. Todos ellos cobraron una cifra similar, en torno a 15.000 euros, por diferentes servicios de asesoramiento para la oficina colombiana. Todo ello favorecía el acercamiento y el clientelismo de un gobierno que posteriormente garantizaba la financiación del organismo en programas de cooperación internacional.