Un letrado del Congreso denuncia la desaparición de un informe clave de su correo
Tras advertirlo internamente, volvieron a enviarle el documento que avala una ley que considera inconstitucional
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol | Eduardo Parra (Europa Press)
El letrado del Congreso de los Diputados Manuel Fernández-Fontecha ha denunciado internamente la manipulación de su cuenta de correo electrónico, al detectar que el pasado 14 de marzo fue retirado de su bandeja de entrada el informe del letrado Carlos Gutiérrez a favor de la proposición de ley del PSOE que modifica el derecho de asociación, según ha asegurado Fernández-Fontecha a THE OBJECTIVE. Tras la denuncia volvieron a reenviárselo. Este letrado se ha mostrado muy crítico contra lo que considera una iniciativa parlamentaria que es inconstitucional y ha pedido la baja en la Comisión Constitucional para no tener «la más mínima responsabilidad» sobre la aprobación final, prevista en el pleno de la próxima semana.
La situación de un sector del cuerpo de letrados del Congreso y el Senado con el letrado mayor de la Cámara Baja Fernando Galindo, afín al PSOE, está derivando en un enfrentamiento cada vez mayor. En las últimas semanas, la tensión ha aumentado, alcanzando su cenit el pasado día 1, cuando el letrado de la Comisión Constitucional Manuel Fernández-Fontecha pidió la baja en esta comisión. El motivo de esta solicitud es su desacuerdo con la tramitación de dos proyectos de ley: el que reforma el derecho de asociación y la cesión de la inmigración a Cataluña. El letrado los considera inconstitucionales, como también el de la amnistía.
Fernández-Fontecha, uno de los letrados más veteranos del Congreso, se mostró muy crítico con el nombramiento de Fernando Galindo, que llegó a la Cámara después de ocupar el cargo de subsecretario del Ministerio de Política Territorial, una responsabilidad dentro del Gobierno de Pedro Sánchez, alimentando las sospechas de que fue designado para blanquear jurídicamente en el Congreso, entre otras cuestiones, la Ley de Amnistía, como así sucedió.
Pero ha sido la intención del PSOE -a través de una proposición de ley- de reformar el derecho de asociación para ilegalizar la Fundación Francisco Franco lo que ha hecho estallar a Fernández-Fontecha por «la censura» a la que ha sido sometido, según su denuncia. En su calidad de letrado de la Comisión Constitucional, a la que también pertenece Carlos Gutiérrez, considera que tendría que haber sido consultado sobre el informe que los juristas tienen que hacer sobre los proyectos de ley que se tramitan en dicha comisión. Sin embargo, no lo fue, y él solicitó el informe que hizo Carlos Gutiérrez y que avalaba este proyecto de ley.
El informe le fue enviado a Fernández-Fontecha a su correo electrónico el pasado día 14 de marzo; fue a comer, y cuando regresó a su despacho, había desaparecido de la bandeja de entrada. El letrado preguntó que dónde estaba su informe y cómo era posible que hubiese sido retirado, según su versión. La respuesta de los informáticos es que podían hacerlo. Seguidamente denunció este hecho ante los responsables informáticos y el letrado mayor, y a las siete y veinte le volvieron a enviar el informe.
Fue apartado de la comisión
Su discrepancia fue a más y le envió una carta a Fernando Galindo, letrado mayor y secretario general del Congreso de los Diputados, renunciando a formar parte de la Comisión Constitucional. Un puesto del que fue apartado por Galindo, aunque nunca se formalizó la destitución, como así lo señala en la misiva. «No tengo actividad ninguna en la misma desde el nombramiento de Fernando Galindo como secretario general del Congreso de los Diputados, aunque rectificara su destitución inicial, pues fue una rectificación absolutamente ficticia y sin contenido». El letrado añade que «aparezco en los registros y en el área de comisiones 2 como letrado de la misma, así como en la página web, tras Carlos Gutiérrez y José Luis Peñaranda, este último de baja hace mucho tiempo, que figuran como letrados número 1 y número 2».
La actitud crítica de Fernández-Fontecha se une a la que han venido manteniendo letrados del Senado respecto a la decisión de la Mesa del Congreso de eliminar tres enmiendas de la Cámara Alta al proyecto de ley de desperdicio alimentario sin ser votadas por el pleno, aceptando el veto del Gobierno. Enmiendas del PP, Junts y ERC. La secretaria general del Senado, Sara Sieira, en un duro informe, llega a afirmar que «la falta de remisión a las Cortes Generales de unos presupuestos generales del Estado actualizados por parte del Gobierno deslegitima la facultad de éste para oponerse a la tramitación de enmiendas y de iniciativas legislativas parlamentarias por su impacto presupuestario».
La decisión de la Mesa del Congreso, recurrida por el PP, terminará esta semana con la aprobación del pleno del Senado, con la mayoría absoluta del PP, de un conflicto de atribuciones contra el Gobierno y contra el Congreso. La portavoz popular, Alicia García, lo justificó con el argumento de «la deriva autocrática de Sánchez por gobernar en contra de las decisiones del Parlamento porque no tiene ni mayoría social ni parlamentaria. Sánchez y Armengol han levantado un muro contra la capacidad del Senado de enmendar, vetar y legislar. Han secuestrado la capacidad legislativa del Senado, bloquean enmiendas, vetan iniciativas y paralizan leyes».