Los datos desmienten al PSOE: el tope del alquiler hunde la oferta de pisos en Cataluña
Encontrar vivienda en Barcelona nunca había sido tan difícil por la falta de inmuebles disponibles
Pedro Sánchez (c) y Esther Peña (i). | EP
«En Cataluña han bajado un 6% los precios de alquiler», celebró la semana la portavoz del PSOE, Esther Peña, que aseguró que ya se notan «los beneficios» de la ley de vivienda, que la Generalitat catalana ha aplicado para imponer un límite de rentas. Desde marzo de 2024, cuando entró en vigor la medida en la región, los arrendamientos se han incrementado un 11,3%, mientras que en la Comunidad de Madrid han ascendido un 13,1%.
En la ciudad de Barcelona, declarada zona tensionada, han subido un 13,2%, más que el 12,2% registrado en Madrid. Son datos de Idealista, que no se pueden tomar como exactos porque tienen en cuenta los precios de oferta y no los de cierre, pero sí permiten dibujar tendencias y compararlas entre diferentes zonas.
No hay un dato oficial comparable en todo el territorio nacional, aunque en Cataluña sí existe el registro del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), según el cual los alquileres subieron un 2,3% en 2024 con respecto al año anterior. En el caso de Barcelona, arroja un alza del 1% en los arrendamientos durante el mismo periodo, aunque en el último trimestre de 2024 sí se aprecia un descenso interanual del 5%.
Cabe recordar que en la anterior ocasión en que Cataluña estuvo sumida en un tope a las rentas -coincidente con la pandemia de Covid y finalmente tumbado por el Tribunal Constitucional- ya se demostró la poca efectividad de este tipo de medidas, ya que los precios se abarataron más en Madrid. Las fuentes inmobiliarias consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que los precios del mercado catalán ya iban hacia una estabilización porque partían de niveles elevados.
Sin embargo, apuntan que el problema real que reflejan los alquileres por las nubes es que hay más demanda que oferta, y esta normativa ha provocado la evaporación de más de la mitad pisos disponibles en el mercado por la inseguridad que sienten los propietarios. Y alertan de que el paraíso catalán de la vivienda lo es solo para los okupas -el 40% se concentran en esta comunidad- y no para los inquilinos, pues la realidad es que ahora lo tienen aún más difícil para encontrar piso ante la escasez existente.
Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, señala que «hay poca oferta de vivienda en el mercado y cuando sale una oferta ya ni aparece en las webs, porque los propietarios o las agencias normalmente ya tienen listas de espera y los productos ni siquiera salen al mercado». Además, considera que la evolución de la diferencia entre altas y bajas de contratos «no es buen síntoma», ya que «se ha reducido de forma alarmante». De hecho, en el tercer trimestre de 2024 este saldo fue negativo en 56 contratos, lo que implica que más pisos salieron del mercado de los que entraron, la única vez que hay constancia de que esto ha ocurrido con la excepción de la Covid.
Además, el representante sectorial expresa preocupación por el compromiso arrancado al president Salvador Illa por los anticapitalistas de la CUP y Comunes de intervenir también el alquiler de temporada y el de habitaciones, algo que cree que «será muy negativo» e introducirá nuevas «tensiones» en el mercado, pues dejará vacías habitaciones que ahora sirven para absorber demanda. Asimismo, lamenta que los activistas de la vivienda pidan «control de los propietarios» mientras «ellos tienen la potestad de estar al margen de la legalidad» cuando hacen llamamientos a los impagos y a la inquiokupación.
Arantxa Goenaga, abogada especializada en derecho inmobiliario, cree que el tope de la ley de vivienda ha sido un «desastre total», ya que «han aumentado un 40% los alquileres de temporada» mientras «hay menos vivienda para alguilar». Ante una limitación de rentas que impida subir precios más, el casero «cogerá al inquilino que cobra cuatro veces más» como garantía de solvencia, de modo que «no están consiguiendo el objetivo» de la normativa.
La socia de AF Legis indica que con la regulación de las habitaciones «puede haber un conflicto de competencia estatal y autonómica», y denuncia que «en vez de hacer una consulta previa para resolverlo antes, regulan, y el Constitucional de aquí a dos años ya dirá». Tampoco ve con buenos ojos que los activistas dispongan del patrimonio ajeno animando a los inquilinos a atrincherarse cuando venzan los contratos: «Imagínate que me van mal las cosas… ¿Voy a tener que vender a un precio inferior porque el inquilino no se va a ir nunca? ¿Por qué no voy a poder disponer de mi piso después de tantos años invirtiendo?»
Se esfuma el 60% de la oferta
Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de la patronal inmobiliaria FADEI, sostiene que «no han bajado los precios para nada», sino que «en Cataluña se ha reducido mucho oferta, más del 60%». «Se tiene que dar seguridad jurídica al arrendador, más del 95% son pequeños propietarios», subraya.
Gómez Huecas arremete contra las Administraciones por no solucionar el problema facilitando la creación de nueva oferta y recuerda que «en algunos foros ya se habla de más de 80.000 viviendas okupadas que se podrían poner en alquiler». Y concluye que todas las instituciones «tienen que hacer un plan de vivienda para que siempre haya stock».
