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Obiang pone en busca y captura al empresario que dirige el Palacio de Congresos de Granada

El régimen de Guinea Ecuatorial abre una causa judicial contra José Luis Romero por los delitos de fraude y soborno

Obiang pone en busca y captura al empresario que dirige el Palacio de Congresos de Granada

El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang, en un acto reciente. | RRSS Vicepresidencia G.Ecuatorial

El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha emitido una orden internacional de búsqueda y captura contra el empresario andaluz José Luis Romero, que preside en la actualidad el consejo de administración del Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. El régimen de Teodoro Obiang le acusa de los presuntos delitos de fraude y soborno que habrían ocasionado «un grave perjuicio» a la administración pública de la excolonia española.

El anuncio de esta orden de búsqueda y captura contra un empresario español la dio la pasada semana el vicepresidente ecuato-guineano, Teodoro Nguema Obiang, más conocido como Teodorín y que en los últimos meses ejerce cada vez más como presidente de facto del país africano en sustitución de su padre, que apenas se deja ver en público. Todo ello a raíz de una investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número uno de Malabo.

Romero preside el grupo Global Multi Solutions, cuya sede central está en Granada y que cuenta con delegaciones en Madrid, Barcelona, Punta Cana (República Dominicana) y Bata (Guinea Ecuatorial). Dicha empresa tiene dos compañías ecuato-guineanas, Wayang Teknical y Terratec, que están en el punto de mira del régimen de Obiang. La primera se creó en 2017 para el proyecto de implantación de la televisión digital terrestre por cerca de 34 millones de euros, una iniciativa que no ha llegado a buen puerto, mientras que Terratec se ha dedicado en los últimos años a la construcción de medio millar de pozos de agua, la distribución de productos farmacéuticos y el desarrollo de proyectos industriales en la antigua colonia.

THE OBJECTIVE se ha puesto en contacto con Romero, quien afirma desconocer la citada orden de búsqueda y captura, así como las diligencias abiertas en su contra en Malabo. Unos hechos de los que no hay precedentes en los últimos años por parte del Gobierno de Obiang contra empresarios españoles. «No tengo conocimiento alguno de que exista procedimiento judicial contra mi persona por un presunto delito de fraude y soborno, ni por cualquier otro. Hasta la actualidad, no se me ha comunicado ni notificado documento alguno que evidencie que existe un procedimiento contra mi persona y mucho menos una orden de detención internacional».

El empresario granadino añade que ha dado traslado a sus asesores jurídicos «para iniciar acciones judiciales correspondientes por estos hechos», ya que la publicación de Teodorín en sus redes sociales «atenta contra mi honor y sobre la reputación de mi empresa». Además, defiende su trabajo en el país africano: «Soy administrador y accionista de varias sociedades nacionales e internacionales, entre ellas de Wayang Teknical y Terratec en Guinea Ecuatorial desde hace años».

«Hemos desarrollado varios proyectos en Guinea Ecuatorial a través de diferentes empresas, habiendo realizado en beneficio de la población más de 500 pozos de agua, infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento, instalación de internet para miles de hogares guineanos, importación de cientos de miles de medicamentos, implantación de la televisión digital terrestre, adecuación de la RTVGE del país», asegura en referencia al ente público televisivo.

Además, el presidente del Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada hace hincapié en que ha cumplido «con la legalidad en el desarrollo de estos proyectos» y que «jamás» ha tenido «ningún procedimiento judicial ni denuncia por acciones ilegales» contra él ni ninguna de sus empresas.

Romero lleva casi un año sin ir a Guinea Ecuatorial y aclara que no conoce al hijo de Obiang de sus años de trabajo en el país africano. También recuerda que Teodorín ha tenido problemas judiciales en el extranjero en los últimos años. El Tribunal Supremo francés, por ejemplo, le condenó en 2021 por blanqueo de dinero a tres años de cárcel, una multa de 30 millones de euros y la confiscación de sus bienes en este país.

Sin embajador de Obiang en España

Además, Malabo llamó a consultas a su embajador en Madrid, Miguel Edjand, el 22 de marzo del año pasado por lo que consideró «persecución de la Justicia española» contra varios miembros de su Ejecutivo. Desde ese anuncio, Guinea Ecuatorial no tiene representante oficial en Madrid y los asuntos de la embajada se llevan a nivel de encargado de negocios.

Aquella decisión del Gobierno ecuatoguineano vino motivada por un auto de febrero del año pasado del juez Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el que dictó orden de detención e ingreso en prisión contra Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos de Obiang, investigado por el presunto secuestro y desaparición de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República. Asimismo, emitió órdenes similares contra el ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama Nchama, y el director general adjunto de Seguridad Presidencial, Isaac Nguema Ondo.

Dichas órdenes se produjeron después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenase a Pedraz dictar órdenes internacionales de detención contra todos ellos, tras estimar el recurso presentado por el MLGE3R, al que se sumaron las familias de las víctimas, contra la resolución del juez instructor en la que denegó esta medida. Pedraz había decidido ceder la causa a la justicia ecuatoguineana. Ahora, el régimen de Obiang replica con una medida idéntica –la orden internacional de detención– contra un empresario español.

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