El Gobierno dio 15 minutos a las comunidades autónomas para pedir la emergencia nacional
«Se solicita nos indiquen expresamente SI QUIEREN DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DE INTERÉS NACIONAL»
E-mail remitido a las comunidades autónomas por el CENEM.
El colapso eléctrico que afectó a buena parte del país este lunes 28 de abril ha sacado a relucir una gestión precipitada por parte del Gobierno central. El Centro Nacional de Emergencias (CENEM), dependiente del Ministerio del Interior que encabeza Fernando Grande-Marlaska, remitió esa misma noche un correo electrónico a todas las autonomías solicitando confirmación expresa sobre si deseaban que se declarara en su territorio una Emergencia de Interés Nacional. El plazo para responder era de apenas 15 minutos.
El mensaje, enviado a las 20.54 horas, iba dirigido a los centros autonómicos 112 de todo el país y solicitaba una contestación urgente por correo electrónico. En él se leía textualmente: «Se solicita nos indiquen expresamente SI QUIEREN DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DE INTERÉS NACIONAL. Se requiere la contestación urgente […] en un máximo de 15 minutos desde la remisión de este correo».
La rapidez y el tono imperativo de la solicitud generado críticas en varios gobiernos autonómicos, no solo por la exigüidad del plazo otorgado, sino por el contraste con situaciones similares recientes. Durante la dana que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, causando víctimas mortales, graves daños materiales y cortes de comunicación, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no emitió ninguna notificación ni ofreció la posibilidad de declarar la emergencia nacional a los territorios afectados. Sólo el conocido mensaje del 2 de noviembre «si necesitan más recursos, que los pidan». Aquella catástrofe, con consecuencias visibles durante meses y con repercusiones todavía hoy presentes, no motivó ninguna activación del nivel 3 de emergencia ni convocatoria de coordinación urgente con las comunidades autónomas afectadas, como fueron la castellano-manchega y la valenciana.
Por ello, el hecho de que ahora el Gobierno central exigiera a las comunidades una respuesta en cuestión de minutos ha sido interpretado por algunas regiones como una maniobra improvisada e incluso contradictoria. Mientras en octubre la reacción del Gobierno central fue la de inacción, esta vez la reacción ha sido casi compulsiva, sin un margen razonable de deliberación técnica ni política.
Las primeras en reaccionar
Nada más conocerse el alcance del apagón, tres comunidades gobernadas por el Partido Popular tomaron la delantera. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue la primera en requerir la declaración del máximo nivel de emergencia. Poco después se sumaron Juanma Moreno, desde Andalucía, y María Guardiola, en Extremadura. La rapidez en su reacción puso presión sobre otras comunidades, algunas de las cuales tardaron más en posicionarse.
A lo largo de la tarde y noche del lunes, otras cinco regiones —Murcia, La Rioja, Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad Valenciana— también solicitaron el nivel 3 de emergencia. Este nivel, el más alto contemplado en la guía de actuación de Protección Civil, implica que el Gobierno central asume la dirección operativa de la emergencia, coordinando todos los recursos estatales, autonómicos y locales implicados.
En el caso de la Comunidad Valenciana, la decisión llegó ya de noche. La vicepresidenta del ejecutivo autonómico, Susana Camarero, ha justificado esta demora aludiendo a que, a diferencia de episodios anteriores como la dana del 29 de octubre —cuando tampoco se solicitó el nivel máximo de emergencia—, el apagón actual fue «generalizado en todo el territorio nacional», lo que requería una respuesta unificada.
Desescalada al nivel 2
Con la progresiva normalización del suministro eléctrico, varias comunidades han iniciado el proceso de desescalada del nivel de alerta. Seis comunidades autónomas han solicitado al Gobierno desactivar el nivel 3 de emergencia tras la recuperación del suministro perdido con el apagón, mientras que otras dos —Extremadura y Madrid— lo mantienen de momento.
El Ministerio del Interior habia recibido a mitad tarde de este martes las solicitudes formales de Murcia, Castilla-La Mancha, La Rioja, Galicia, Andalucía y Comunidad Valenciana para desactivar la declaración de emergencia nacional y pasar al nivel 2, lo que implica que es la propia comunidad autónoma la que asume de nuevo la dirección de la emergencia. La primera en anunciar esta decisión fue Murcia, cuyo presidente, Fernando López Miras, declaró que, al recuperarse al 100 % el suministro y ante la situación de normalidad, había solicitado al Gobierno que desactivara el nivel 3. En el caso valenciano, a las 18:00 horas de este martes, el Conseller de Interior y Emergencia anunció la solicitud de desescalada a nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias, destacando la mejora de la situación como fundamento de la decisión.
La declaración de una Emergencia de Interés Nacional, regulada por la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, permite al ministro del Interior asumir el mando directo de todas las operaciones. Esto incluye la ordenación, coordinación y gestión de recursos de cualquier nivel administrativo, así como la posibilidad de requerir medios de otras comunidades no afectadas.
La ley prevé esta declaración en supuestos donde la magnitud del suceso supera las capacidades ordinarias de respuesta de una comunidad autónoma, o cuando sea necesaria una coordinación interterritorial.