Sánchez usará el señuelo de las eléctricas para eclipsar el debate de las armas en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, unir su comparecencia del próximo miércoles en el Congreso sobre el gasto militar con otra sobre el apagón eléctrico que tuvo lugar el pasado lunes en España. La estrategia es clara: utilizar el ataque a las eléctricas como mecanismo para tratar de neutralizar las críticas de sus socios al Plan de Seguridad y Defensa aprobado por el Consejo de Ministros y a la compra y venta de armamento a empresas israelíes, que motivó el ultimátum de IU y su amenaza con salir del gobierno de coalición. Según avanzan fuentes parlamentarias a THE OBJECTIVE, la petición de Sánchez a Armengol ha motivado una ronda de consultas de la presidenta de las Cortes a los portavoces parlamentarios, ya que es la Junta de Portavoces la que debe decidirlo y esta semana se canceló la reunión del órgano que debía fijar el orden del día de la próxima semana como consecuencia del apagón. 

Pese a ello, en el borrador del orden del día de la semana que viene se incluyen las dos comparecencias a petición propia del presidente del Gobierno sobre «las nuevas necesidades de seguridad y defensa de la Unión Europea» y sobre «la crisis energética que tuvo lugar el 28/04/2025». Según fuentes gubernamentales, la segunda comparecencia a petición propia fue registrada desde Moncloa durante la rueda de prensa de Pedro Sánchez el martes en Moncloa tras el Consejo de Ministros, para anticiparse a la solicitud que el PP hizo horas más tarde. Pero no fue el único grupo parlamentario que solicitó explicaciones. ERC y el grupo Mixto también registraron explicaciones al jefe del Ejecutivo «para informar del origen del gran apagón y la gestión realizada por el Gobierno». 

Es precisamente a ellos a quienes va dirigida la estrategia parlamentaria del Gobierno. Desde el primer momento, en el Palacio de la Moncloa han sido conscientes de la dificultad que entraña la comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados. Con una fuerte oposición de sus socios al mayor aumento del gasto militar de la historia de España, -10.471 millones de euros hasta el 2% del PIB este año-, Podemos consiguió arrastrar a Sumar, IU, ERC, BNG y Compromís a la rebelión contra la compra de armas a Israel, a sabiendas de su imposibilidad de forzar una votación del gasto en Defensa en el Parlamento.

El ‘apagón’ del gasto en Defensa

La voluntad del jefe del Ejecutivo no sólo es limitar la capacidad de voto y veto del Congreso, amparándose en el artículo 134 de la Constitución, sino también eclipsar el debate parlamentario aprovechándose de la cambiante actualidad nacional y la irrupción del apagón eléctrico en el debate público. Ahora se entiende su empeño por mantener el ciberataque como una de las hipótesis de las causas del apagón. De un lado, servirá para concienciar de la amenaza real y creciente que justifica el incremento del gasto militar, especialmente para luchar contra la ciberdelincuencia; del otro, le permitirá eclipsar el debate de las armas para desviar el foco al tema más reciente del ‘cero energético’ y sus causas.

La ocasión la pintan calva. En línea con su última comparecencia pública, Sánchez pretende poner bajo el foco la sombra de la sospecha sobre los «operadores privados», a quienes trata de utilizar como señuelo para atraer a sus socios a su terreno y neutralizar sus críticas en el ámbito de la Defensa. Una estrategia que se aprovecha de la histórica animadversión de la extrema izquierda hacia las eléctricas, cuya presión forzó al PSOE a aprobar el impuesto sobre esas empresas. Se trata además de una de las banderas ideológicas de Podemos y Sumar, que podría servir de pegamento de los socios de coalición tras vivir una de las «crisis más importantes desde la creación de la coalición», en palabras del coordinador general de IU, Antonio Maíllo.

La «interpelación a los agentes»

En la confianza de disipar las dudas que se ciernen sobre la legislatura, en Moncloa pretenden seguir estrechando el cerco contra las eléctricas para proyectar sobre el sector privado la responsabilidad de lo ocurrido. La comisión de investigación presidida por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, se reunió en la tarde del miércoles tras recibir la reclamación de información del Gobierno «con la máxima urgencia posible». A las 24 horas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Aagesen confirmó que «ya nos están llegando miles de datos». La vicepresidenta tercera mostró la cara amable del Ejecutivo, encargada de alabar «la mano tendida» de los operadores en aras del «buen funcionamiento del sistema».

La otra cara del Gobierno fue la del presidente Pedro Sánchez, cuyo rictus serio en la reunión con las grandes empresas del sector energético mandó el mensaje que pretende servir de anticipo a la comparecencia parlamentaria del próximo miércoles 7 de mayo. Aagesen también aseguró que «los operadores tienen el máximo interés de conocer qué es lo que ha ocurrido y poner las medidas oportunas». Pero también advirtió que no sólo el Gobierno tendrá que actuar cuando se tenga toda la información, sino también «los agentes que acaben interpelados». Una referencia velada a la gran empresa que opera en el suroeste del país, a la que culpa de la «desaparición súbita del suministro» equivalente al 60% de la demanda energética nacional, el lunes a las 12:33 horas en un intervalo de 5 segundos. Sánchez busca un culpable ajeno al Gobierno y a la responsable de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en la que se apoya para esta caza de brujas eléctrica. Un guion trazado desde el lunes en Moncloa que pretende ser ejecutado de aquí al miércoles para eludir su propia responsabilidad.