La patronal de la dependencia rechaza la «imposición» de menús en las residencias
Desde la FED denuncian una política de «imposición que desde hace tiempo viene practicando el Gobierno»
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. | EP.
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) expresa su oposición al anuncio realizado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de establecer una regulación estatal sobre la calidad nutricional y composición de los menús en hospitales y residencias. Esta medida, informan desde la FED en un comunicado, «supone un nuevo ejemplo de la política de imposición que desde hace tiempo viene practicando el Gobierno en materia de dependencia».
«En un ámbito tan delicado como la alimentación de personas mayores y dependientes —que requiere un enfoque individualizado, técnico y profesional— el Ministerio opta por una solución ideológica, centralizada y alejada de la realidad diaria de nuestros centros», agrega, asegurando que la regulación ha sido comunicada «sin ningún tipo de consulta previa ni reunión con el sector».
Desconocimiento y desprecio por el trabajo del sector
Por ello, es que desde la FED, manifiestan que «resulta profundamente preocupante» que desde el Ministerio se pretenda «intervenir» de forma tan directa en la elaboración de los menús sin tener en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas en esta área, ni las características propias de cada centro ni las necesidades específicas de las personas atendidas. «Como siempre hemos defendido desde la FED, la atención debe estar centrada en la persona: eso significa respetar sus gustos, creencias, cultura alimentaria, condiciones médicas y, por supuesto, sus derechos».
Además, observan «con preocupación» la creación de una «alarma ficticia e injustificada» en torno a los menús en las residencias, «que no se corresponde con la realidad del trabajo que se realiza cada día en los centros». «Los menús actuales no solo cumplen con los estándares nutricionales establecidos, sino que también se ajustan a las preferencias y necesidades individuales de los residentes», aseguran, y acusan al Ministerio de «gran desconocimiento técnico» en su decisión de restringir el uso de determinados productos, como los congelados.
«Los productos congelados no solo mantienen sus propiedades nutricionales, sino que, además, permiten una gestión más eficiente de los recursos, fomentan un consumo más racional, más seguro y reducen significativamente el desperdicio alimentario. Se trata, por tanto, de una opción profesional y responsable, no de una carencia en la calidad del servicio», añade.
«No se puede legislar a golpe de decreto desde un despacho en Madrid sobre cómo deben comer decenas de miles de personas en miles de centros distintos, sin siquiera haber preguntado a los profesionales, nutricionistas y responsables de cocina que llevan años trabajando por ofrecer una alimentación equilibrada, variada y personalizada a nuestros mayores», insisten con preocupación desde la patronal de la dependencia.
Una medida que pone en riesgo la sostenibilidad
Así, desde la FED aseguran que esta medida no constituye un hecho aislado, sino que «forma parte de una estrategia más amplia de reforma del sistema de atención a la dependencia». Una estrategia que la FED ha venido denunciando por su carácter «unilateral» y por «ignorar» los problemas estructurales que afectan gravemente al sector. Entre ellos destacan la falta de una financiación adecuada, el alarmante déficit de profesionales —estimado en más de 130.000 trabajadores—, la obsolescencia de muchas infraestructuras, y la necesidad urgente de establecer un modelo de concertación estable y sostenible. A todo ello se suma la persistente ausencia de una verdadera coordinación sociosanitaria.
«Pese a nuestras reiteradas peticiones de diálogo, el Gobierno continúa tomando decisiones de gran calado sin contar con quienes, día a día, garantizamos la atención y el bienestar de más de 400.000 personas dependientes que actualmente viven en residencias en toda España», insisten, haciendo hincapié en que la «imposición de menús estandarizados no solo es una medida injusta y técnicamente discutible, sino que puede poner en serio riesgo la viabilidad económica de muchos centros».
«Cada residencia cuenta con estructuras de gestión, presupuestos y recursos distintos, y cualquier obligación normativa que no esté acompañada de financiación adicional solo contribuye a agravar la ya frágil sostenibilidad del sistema», aseguran, reclamando al Ministerio de Derechos Sociales «respeto, diálogo y realismo». «Lo que necesitamos no son más normas, sino más recursos, más profesionales y más colaboración», concluyen.