Puigdemont no volverá a España en junio aunque el Constitucional avale la ley de amnistía
En Junts creen que al menos hasta otoño, cuando se resuelvan los recursos de amparo, no habrá «garantías» suficientes
Carles Puigdemont. | Europa Press
El Tribunal Constitucional tiene previsto avalar la ley de amnistía en el pleno que celebrará a finales de junio, según avanzaron este martes TV3 y Catalunya Ràdio citando fuentes judiciales. El tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido debe resolver el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular y todo apunta a que declarará constitucional dicha norma. No obstante, el aval a la ley del olvido penal no comportará el retorno de Carles Puigdemont ni de Toni Comín de manera automática, ya que el Tribunal Supremo tiene en sus manos consultar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si la ley encaja con el derecho europeo. Una respuesta que podría tardar tres o cuatro años en producirse, según fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE.
Las informaciones que han trascendido sobre que el Constitucional está dispuesto a declarar constitucional la Ley Orgánica 1/2024 de 10 de junio, la amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, en un pleno monográfico que se celebrará el 24, 25 y 26 de junio, y en el que se rechazará el recurso del PP por seis votos contra cuatro, ha dado esperanzas al movimiento independentista de que la vuelta del líder de Junts per Catalunya podría estar más cerca que nunca. También para la rehabilitación política de Oriol Junqueras, que podrá ser candidato al quedar borrada su inhabilitación para cargo público.
Sin embargo, la defensa de Carles Puigdemont es muy prudente a la hora de fijar un calendario del retorno de Carles Puigdemont a España. El abogado Gonzalo Boye, en unas declaraciones en el programa Més 324, de la televisión catalana, consideró que este retorno ya se debería haber producido porque la ley es constitucional también para el delito de malversación -como ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso de Miquel Buch– responde a la «voluntad del legislador» y los jueces deberían haberla aplicado en cuanto fue publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Según el letrado, hay entre «300 y 400 personas que se han beneficiado» de la ley, y el hecho de que ni Puigdemont ni Comín no lo hayan hecho responde a una «discriminación» por parte de los tribunales, que no aplican el mismo rasero. En consecuencia, desde Junts no quieren establecer una fecha de vuelta porque creen que el caso ya ha llegado a instancias europeas después de que el Tribunal de Cuentas elevará una cuestión prejudicial ante el TJUE respecto a la ley de amnistía. Es decir, que ahora la batalla se libra a nivel comunitario.
¿Garantías en otoño?
Con este escenario, solo cabe esperar los próximos movimientos del Supremo. Y es que Puigdemont y Comín tampoco podrán solicitar amparo ante el Constitucional, ni la aplicación de medidas cautelares como no ser detenidos a su vuelta, hasta después de que el Supremo decida sobre el recurso de nulidad. Una respuesta que no llegará hasta el próximo otoño, según avanzaron TV3 y Catalunya Ràdio.
Una vez el Supremo se pronuncie al respecto, la corte de garantías podrá empezar a analizar los recursos de amparo de Puigdemont y el de los líderes independentistas que tampoco han sido amnistiados por malversación, como es el caso de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que están inhabilitados para cargo público pese a haber sido indultados. A través de estos recursos de amparo, el Constitucional podrá dictaminar de forma explícita si la amnistía abarca también el delito de malversación de la causa del 1-O en contra del criterio del Supremo. En esta fase, el Supremo tendrá todavía a mano recurrir a Europa, tal y como hizo la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. Pero Puigdemont podría tener más «garantías» sobre si sería detenido en caso de pisar España.
Como informó THE OBJECTIVE, el equipo legal de Puigdemont está intentando que sea el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el que tenga que resolver sobre la aplicación de la amnistía a Puigdemont en lugar del Supremo. Sus abogados presentaron un incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo, como paso previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El incidente de nulidad es un procedimiento legal que permite impugnar resoluciones judiciales firmes. Es decir, una forma de deshacer un juicio o una parte de él si se determina que se ha cometido una irregularidad grave.
La defensa del líder de Junts per Catalunya sostiene que las condiciones actuales, con el aforamiento de Puigdemont en el Parlamento catalán tras ser elegido diputado autonómico en las elecciones del 12 de mayo de 2024, y el decaimiento de los delitos de rebelión y sedición, allanan el terreno para que sea la justicia catalana la que asuma su causa por malversación. Además, hay un precedente claro: el exconsejero de Interior Miquel Buch fue amnistiado por este tribunal por el delito de malversación y prevaricación al decidir poner escolta a Carles Puigdemont.