El PP reclama a Conde-Pumpido que se abstenga en el recurso contra la amnistía
Los populares consideran “inaceptable” que el presidente del TC recuse a otros jueces y no aplique ese criterio a sí mismo

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. | Nacho Frade (Europa Press)
El Partido Popular solicitará este lunes al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que se abstenga en el pleno que resolverá el recurso de inconstitucionalidad presentado por esta formación contra la Ley de Amnistía. Los populares argumentan su postura aplicando el mismo criterio que se utilizó para apartar al magistrado Macías: haber participado en la emisión de un informe sobre la Ley de Amnistía como vocal del CGPJ.
Dado que con los argumentos empleados en la recusación del magistrado Macías “se ha alterado la doctrina del propio tribunal de garantías”, explican fuentes del PP, este cambio de interpretación debe extender sus efectos al resto de los miembros del propio tribunal, comenzando por el propio presidente del Constitucional.
En este sentido, el PP alega en el escrito que presentará este lunes que la participación de la esposa de Conde-Pumpido en la emisión de un informe del CGPJ, del que también formaba parte, sobre la citada ley orgánica “constituiría igualmente una indiscutible causa de abstención o recusación”.
El Partido Popular considera “inaceptable” que Conde-Pumpido aplique a otros magistrados causas de abstención o recusación “que no se aplica a sí mismo” y denuncia que, de no abstenerse, pondrá de manifiesto que realiza una interpretación “selectiva y ad personam” de la Ley. Para los populares, esto reflejaría una “manipulación insostenible de la composición del Tribunal, infringiendo los más elementales estándares exigibles en un Estado de derecho”.
El principal partido de la oposición recuerda que la amnistía, al igual que la consideración del catalán como lengua oficial en la Unión Europea, son dos de los asuntos sobre los que Pedro Sánchez cimentó su investidura. “En ambos casos”, señalan las mismas fuentes, “es la puesta de nuestras leyes y el dinero de los españoles al servicio de las pretensiones políticas y personales del presidente del Gobierno”.