El PP ve débil a Albares al ausentarse en la votación sobre la oficialidad del catalán en la UE

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo cree que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no sacará adelante este martes en Bruselas la votación prevista para darle rango de oficialidad al catalán, gallego y euskera en la Unión Europea y que se sumen a las 24 lenguas ya reconocidas.

El hecho de que el jefe de la diplomacia no viaje a la capital comunitaria para la reunión de ministros de la UE en el Consejo de Asuntos Generales, junto con las advertencias lanzadas este lunes a la oposición para que arrime el hombro en esta cuestión, han llevado a Génova a la conclusión de que el Gobierno da por perdida la iniciativa y que desde Moncloa se prepara el relato para echarle la culpa del fracaso al PP.

Fuentes populares consultadas por THE OBJECTIVE consideran que lo más probable es que la Presidencia polaca de la UE retire finalmente del orden del día la votación de este espinoso asunto. Y si Madrid va hasta el final y fuerza la mencionada votación, Génova da por sentado que habrá algunos votos en contra. En los últimos días, ha contactado con una docena de países amigos para formar una minoría de bloqueo. Además, Vox ha llamado a los gobiernos de Italia y Hungría por el mismo motivo. «Hace falta solo que un Estado de la UE se oponga, pero esperamos que sea más de uno. Nosotros tenemos socios y aliados en gobiernos con los que podemos hablar», subrayan en el partido de Santiago Abascal ante las preguntas de este periódico.

Pese a que la delegación española distribuyó el viernes entre las capitales europeas una versión descafeinada de la oficialidad de las lenguas cooficiales, este asunto provoca división en el seno de la UE por el temor que tienen algunos países a abrir una caja de Pandora con sus lenguas regionales. El Gobierno está presionando a algunos países del Este -caso de Bulgaria y los bálticos Letonia y Lituania- para que no voten en contra y, al menos, se abstengan.

La última propuesta del Gobierno para convencer a sus socios europeos de que permitan el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales en la UE plantea su oficialidad desde 2027, aunque con una aplicación parcial, ya que a partir de esa fecha únicamente se traducirían de toda la legislación comunitaria los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que en la última legislatura supuso menos del 3% de todos los actos jurídicos.

El objetivo del Gobierno español es conseguir el respaldo de los países con ‘síes’ y abstenciones, un hecho que sería histórico aunque sin apenas efectos prácticos en un primer momento, ya que se prevén largos plazos de aplicación. Todo ello para cumplir con el compromiso que el PSOE firmó con la formación de Junts, que dirige Carles Puigdemont, para lograr la investidura de Sánchez, quien podría esgrimir este logro para atar el apoyo de los independentistas catalanes hasta el final de la legislatura. De ahí que esta votación sea muy delicada por sus consecuencias políticas en España.

La oferta española propone una modificación del marco lingüístico para ampliar el paraguas a las tres lenguas cooficiales a partir de 2027. La reforma incluiría una «derogación» inmediata por la que las instituciones de la UE no estarán obligadas a redactar todos sus actos legislativos ni a publicarlos en el Diario Oficial de la UE en catalán, euskera y gallego. Los Veintisiete deberán abordar a más tardar, en un plazo de cuatro años, la revisión de la derogación para decidir si se pone fin a la misma y todo cambio en ese 2031 se decidirá de nuevo por unanimidad.

La propuesta de España matiza que este freno no afectará a los reglamentos, es decir, a las normas que, a diferencia de otros actos jurídicos como las directivas, son de aplicación directa en toda la UE y no necesitan transposición nacional. Según las estadísticas de la UE, en la última legislatura, se tramitaron un total de 12.065 actos jurídicos, de los que el 2,6% (316) fueron reglamentos, según datos contrastados por Europa Press.

Además, para superar las reservas de los países con dudas sobre el coste de la reforma, el Gobierno añade una declaración en la que afirma que será España quien asuma todos los costes de la oficialidad del catalán, euskera y gallego, aunque no pone por el momento una cifra de lo que supondría. En 2023 se habló de un gasto «muy preliminar» de 132 millones al año (44 millones por lengua) por la inclusión de las tres lenguas. Este compromiso figura como un considerando, frente al marco actual, que establece que la oficialidad corre a cargo de las arcas comunitarias.

Dudas en los servicios jurídicos de la UE

Con todo, lo más grave a juicio del PP es que los servicios jurídicos del Consejo han expresado sus dudas sobre la legalidad de modificar el reglamento de lenguas de la UE para incluir el catalán, el euskera y el gallego porque no son lenguas de los Tratados, dado que en el caso de España los tratados los ha firmado en español únicamente. Resolver este escollo podría exigir una reforma de los Tratados, explicó un alto funcionario a la citada agencia, lo que plantea uno de los mayores obstáculos.

España también cuenta como argumento que ya existen «arreglos administrativos» en el seno del Consejo y de la Comisión Europea, entre otros organismos de la UE, que permiten la traducción de muchos de sus documentos a las lenguas cooficiales. Aunque no hay un régimen equivalente en el Parlamento Europeo, el Gobierno también trabaja en este frente y, tras solicitárselo a la presidenta de la institución, Roberta Metsola, está siendo evaluado.

Albares reiteró este lunes que el asunto de las lenguas cooficiales está en el orden del día por expreso deseo de España y dejó claro que España ha resuelto «dudas y reticencias» que habían planteado países europeos «para conseguir una propuesta sólida» en la UE. «Trabajamos con todos los Estados miembros y vamos a seguir trabajando hasta mañana mismo para incluir cualquier cosa, cualquier duda que puedan tener», resaltó ante la atenta mirada de su homólogo alemán, Johann Wadephul. En este sentido, señaló que la propuesta española es «muy sólida y muy mejorada», al tiempo que defendió que se trata de un asunto «de identidad nacional española».

Wadephul, por su parte, admitió que habían hablado «largo y tendido» en su primera reunión bilateral. «Me llevo los argumentos (españoles) para hablarlo en el seno del Gobierno federal. Vamos a participar en el debate bajo presidencia polaca y habrá que ver cuáles serán las propuestas de Polonia mañana», sentenció el jefe de la diplomacia alemana, quien pertenece a la CDU conservadora, a la pregunta de si apoyaba a Madrid en esta cuestión interna tan delicada. Así que Berlín evitó comprometer su voto a las pretensiones de Madrid y decidirá este martes en función de la propuesta polaca.