Sánchez y Albares fracasan en su intento de que el catalán sea ya lengua oficial en la UE

La iniciativa de España para darle rango de oficialidad al catalán, gallego y euskera en la Unión Europea, y que se sumen a las 24 lenguas ya reconocidas, no ha salido adelante. La propuesta española en la que tanto empeño han puesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en las últimas semanas no ha concitado la unanimidad que se exigía en un tema tan delicado en la UE. Al final, la Presidencia polaca ha decidido retirarla del orden del día.

El hecho de que el jefe de la diplomacia no viajase a la capital comunitaria para la crucial reunión de ministros de la UE en el Consejo de Asuntos Generales, junto con las advertencias lanzadas este lunes a la oposición para que arrime el hombro en esta cuestión, llevó en las últimas horas al PP a la conclusión de que el Gobierno daba por perdida la iniciativa y que desde Moncloa se preparaba el relato para echarle la culpa del fracaso a Génova.

El equipo de Alberto Núñez Feijóo contactó en los últimos días con una docena de países amigos para formar una minoría de bloqueo. Además, Vox llamó a los gobiernos de Italia y Hungría por el mismo motivo. «Hace falta solo que un Estado de la UE se oponga, pero esperamos que sea más de uno. Nosotros tenemos socios y aliados en gobiernos con los que podemos hablar», subrayaron en el partido de Santiago Abascal ante las preguntas de THE OBJECTIVE.

Pese a que la delegación española distribuyó el viernes entre las capitales europeas una versión descafeinada de la oficialidad de las lenguas cooficiales, este asunto provoca división en el seno de la UE por el temor que tienen algunos países a abrir una caja de Pandora con sus lenguas regionales. El Gobierno ha presionado a algunos países del Este -el caso de Bulgaria y los bálticos Letonia y Lituania- para que no votasen en contra y, al menos, se abstuvieran. Pero las reticencias iban más allá de algunos casos puntuales como Madrid dio a entender en la última semana.

La última propuesta del Gobierno para convencer a sus socios europeos de que permitan el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales en la UE planteaba su oficialidad desde 2027, aunque con una aplicación parcial, ya que a partir de esa fecha únicamente se traducirían de toda la legislación comunitaria los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que en la última legislatura supuso menos del 3% de todos los actos jurídicos.

El objetivo del Gobierno español era conseguir el respaldo unánime de los países de la UE con ‘síes’ y abstenciones, un hecho que hubiera sido histórico, aunque sin apenas efectos prácticos en un primer momento, ya que se preveían largos plazos de aplicación. Todo ello para cumplir con el compromiso que el PSOE firmó con la formación de Junts, que dirige Carles Puigdemont, para lograr la investidura de Sánchez, quien podría esgrimir este logro para atar el apoyo de los independentistas catalanes hasta el final de la legislatura. De ahí que esta votación era muy delicada por sus consecuencias políticas en España.

Varios Estados miembro como Suecia, Finlandia o Austria expresaron este martes sus dudas respecto a la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el reglamento lingüístico de la UE y expusieron en voz alta su deseo de que finalmente la iniciativa española no fuese sometida a votación durante el consejo de Asuntos Generales.

El asunto aparecía como punto para adopción a pesar de que, según indicaron fuentes diplomáticas a Europa Press, persistían las dudas legales del servicio legal del Consejo y de varios socios que, no obstante, eran conscientes de que el Gobierno español estaba «gastando mucho capital político» para lograr esta reforma. Pero no fue suficiente.